Querétaro, 25 noviembre 2024.- En Querétaro, más de 4,000 casos de violencia familiar y 530 delitos de violación han sido registrados en lo que va del año, según datos presentados por el PRI en el congreso estatal, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Ante estas cifras, el partido presentó nuevas propuestas legislativas para combatir la violencia de género y mejorar la justicia cívica en la entidad.
La diputada local del PRI, Adriana Elisa Meza Argaluza, presentó dos iniciativas clave. La primera propone modificar la Ley Orgánica de Querétaro para garantizar que las corporaciones policiacas integren obligatoriamente la perspectiva de género en sus procedimientos.
Esto incluiría la regulación de prácticas como la revisión por policías mujeres hacia otras mujeres.
“Buscamos erradicar conductas que violentan a las mujeres, desde su apariencia física hasta su interacción con las autoridades. Estas reformas garantizarán una perspectiva de género en las corporaciones policiacas y en la Ley Orgánica de Querétaro”, explicó Meza Argaluza.
La segunda iniciativa de la diputada se centra en incluir la violencia estética y simbólica en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reconociendo y combatiendo las agresiones basadas en la apariencia física, conforme a la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Por su parte, la dirigente estatal del PRI y diputada federal, Abigail Arredondo Ramos, destacó que en Querétaro se registran más de 30,000 casos de justicia cívica al año.
Propuso incluir la perspectiva de género en los protocolos de actuación de las corporaciones policiacas y en los juzgados cívicos, ya que, en muchos casos, las mujeres enfrentan abuso y discriminación durante su interacción con las autoridades.
“En Querétaro, 6 de cada 10 mujeres consideran que los policías municipales y estatales no realizan un trabajo efectivo. Es esencial que la justicia cívica sea regulada formalmente, para evitar actos que dañen la integridad y dignidad de las mujeres”, señaló Arredondo Ramos.
Adicionalmente, la legisladora federal presentó una propuesta para homologar las penas por feminicidio en todo el país, estableciendo un mínimo de 40 años de prisión, ya que actualmente las penas varían entre 25 y 60 años dependiendo del estado.