México, abril (SEMlac).- (depositphotos) La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el cual se reforma el Código Penal Federal, y se añade un artículo 465 Bis a la Ley General de Salud, para penalizar los procedimientos de conversión que anulan o supriman la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
Con modificaciones, el dictamen aprobado por la Cámara de Senadores en el 2022, penaliza de dos a seis años de prisión y multas de 1.000 a 2.000 veces el valor diario de la unidad de medida, hasta 12 años, si esas medidas se aplican a menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad.
Si son los padres-madres o tutores los que incurren en esas prácticas se aplicarán sanciones a consideración del juez y, en el caso del personal médico, serán castigados con penas de cárcel o multas según el Código Penal, además de ser suspendidos del ejercicio profesional de uno a tres años.
El dictamen, aprobado por 267 votos a favor, 33 abstenciones y 104 en contra, fue devuelto al Senado para sus efectos constitucionales.
El texto tuvo todo el apoyo de las y los legisladores del bloque de izquierda y centro izquierda y el rechazo de las y los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y algunos del Partido Revolucionario Institucional (PRI); es decir, el apoyo de Morena, Partido de los Trabajadores (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC). El rechazo fue por parte de los panistas.
La aprobación se da después de que la diputada María Clemente García realizó un intento de clausura del Palacio Legislativo, el pasado 20 de marzo, por el retraso en el pleno del debate de la iniciativa legislativa y luego de los intentos de la diputada María Teresa Castell de Oro para que no se discutiera, porque atentaba contra los padres de familia.
A través de un comunicado, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, Julieta Vences Valencia, celebró la aprobación del dictamen que prohíbe y sanciona a quien promueva y realice las mal llamadas terapias de conversión sexual en el país.
"La aprobación de la iniciativa que sanciona las terapias de conversión que atentan contra la libre orientación sexual e identidad de género es un paso fundamental para la izquierda en nuestro país. Ya es tiempo de que, a nivel federal, se garantice el libre desarrollo de la personalidad. Por un México inclusivo y diverso, se tienen que proteger todos los derechos para todas las personas".
Agregó que ser gay, lesbiana, bisexual, trans, no binario o cualquier otra forma de identidad individual no es sinónimo de enfermedad.
Panistas: se aprobó la criminalización de las familias
Ya en la discusión del pleno, diputados como Gabriel Quadri de la Torre y Ector Jaime Barba se pronunciaron contra cualquier violencia que atente contra las personas, pero, en su opinión, el dictamen implica persecución y criminalización de los padres de familia, por lo que se pronunciaron en contra del dictamen.
Por su parte, la diputada panista Margarita Zavala señalo que está mal redactada la iniciativa, pues inicia un nuevo delito que puede generar persecución gratuita e impunidad difícil de comprobar, además de que criminaliza a los padres. Consideró que en un Estado democrático no se puede imponer la personalidad, desarrollo y orientación, ni usar la violencia, por lo que las terapias de conversión han sido desacreditadas.
Avance histórico proclama la izquierda
La diputada morenista María Clemente García Moreno afirmó que la violencia que viven las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgéneros o transexuales representan un lastre para México, que ocupa el segundo lugar en crímenes de odio contra la población LGBTIQ+ en América Latina.
Salma Luévano Luna, también diputada morenista, aseguró que la discriminación por orientación sexual o identidad de género es un acto inhumano, así como el rechazo por parte de una sociedad que cree que la heterosexualidad es lo correcto, por lo que las mal llamadas terapias de conversión son violaciones a los derechos humanos y prácticas equivalentes a las torturas del tiempo de la Inquisición.
La priista Frinné Azuara Yarzabal refirió que dichas terapias que pretenden cambiar la orientación sexual de las personas son inhumanas y degradantes, se aplican descargas eléctricas. Igualmente señaló que alrededor de 36 por ciento de la comunidad LBTIQ+ ha sido obligada a acudir a una consulta médica, psicológica o a reuniones espirituales.
Armando Antonio Gómez Betancourt, diputado del PVEM, indicó que uno de los colectivos sociales más afectados por la discriminación es la comunidad LGBTIQ+, por ser objeto de malos tratos, abusos sexuales y violaciones que lastiman su dignidad y vulneran sus derechos humanos.
Fue la diputada del PT, Margarita García García, quien señaló que en México una de cada tres personas que pertenecen a la diversidad sexual fueron obligados por familiares a asistir a un psicólogo o autoridad religiosa y por medio de esta práctica quedan incomunicados. Sólo 12 estados tienen tipificado como delito los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la identidad de Género (Ecosig) en su Código Penal y, sólo tres, en sus leyes de salud, que también reconocen la no discriminación. Además, dijo que muchas de estas prácticas se hacen en la clandestinidad.
La diputada del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, consideró importante vigilar que las modificaciones para evitar las terapias de conversión se conviertan en una ley aplicable para todas y todos. Expresó que no hay absolutamente nada que curar.
En conferencia de prensa el 25 de marzo 2024, con el #NadaqueCurar, organizaciones y legisladores que apoyaron la iniciativa calificaron de un avance histórico la aprobación de la reforma que prohíbe todo trato cruel, inhumano o degradante que tenga como objetivo reprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas LGBTIQ+.
Iván Tagle, director general de Yaaj México, una de las organizaciones clave en el país en la defensa de los derechos LGBTIQ+, señaló que más de medio millón de personas han sido víctimas de Ecosig (Esfuerzos para corregir o reprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género). "Datos oficiales del Gobierno Mexicano en 2022 nos revelan estas cifras", dijo.
Ahí se recordó que ha sido una larga lucha desde 2018, cuando las senadoras Citlali Hernández, de Morena; Patricia Mercado, del partido Movimiento Ciudadano y Alejandra Lagunes, del partido Verde, de la mano del politólogo Genaro Lozano y la organización Yaaj México, presentaron la iniciativa de ley para prohibir las mal llamadas "terapias" de conversión o Ecosig.
Cuatro años después, el Senado de la República aprobó por mayoría la iniciativa, que fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión.
La iniciativa de ley en la Cámara de Diputados fue turnada a las comisiones de Diversidad Sexual, presidida por la diputada Salma Luévano Luna (Morena), Justicia, presidida por el Diputado Felipe Fernández (PAN), y Salud, presidida por el Diputado Emmanuel Reyes (Morena). Estas comisiones discutieron la propuesta enviada por el Senado a través de mesas de análisis.
Se expuso que, gracias a la lucha articulada de sobrevivientes y organizaciones de la sociedad civil en todo el país, como Sociedad Activa, el Frente Queretano por la Diversidad, Caifag, Diverso UDG y Yaaj, las diputadas y los diputados resolvieron a favor el dictamen presentado, el cual enfrentó dificultades administrativas que llevaron a su vencimiento y a un plazo obligado para la votación en pleno.
Fue así como, de la mano de sobrevivientes y organizaciones, diputadas y diputados de todos los partidos se sumaron a la exigencia para votar la iniciativa en el pleno. Entre estas personas se encuentran Alavez Ruiz Aleida, Salma Luevano Luna,
María Clemente, Julieta Vences, Azuara Yarzábal Frinné, Emmanuel Reyes Carmona, María Fernanda Félix Fregoso, Moisés Ignacio Mier Velazco, Leonel Godoy Rangel, Braulio López Ochoa Mijares, Celeste Ascencio Ortega, Claudia Selene Ávila Flores, Carolina Viggiano Austria, Rosete Sánchez, Marisol Gasé, Javier López Casarín, Federica Quijano Tapia, Pérez Valdez Elizabeth, Julieta Mejía Ibáñez, Corona Nakamura María del Rocío, Mary Carmen Bernal Martínez, María Del Rocío Banquells Núñez, Marcelino Castañeda Navarrete, Margarita García García, Jasmine María Bugarin Rodríguez, Castañeda Navarrete Marcelino, entre otras y otros.
Las Ecosig
En un hito histórico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la homosexualidad de su Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades en 1990.
Varias décadas más tarde, en específico en 2018, se llevó a cabo un movimiento similar al excluir la transexualidad de la lista de enfermedades mentales, todo con el objetivo de promover una mayor aceptación y comprensión hacia la comunidad LGBTQ+.
Los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género, actos que comúnmente son llamados terapias de conversión, son prácticas cuyo fin es el de cambiar la orientación sexual de las personas a modo de lograr que, tras sesiones psicológicas, psiquiátricas, religiosas, pláticas académicas, entre otros, se termine por conseguir que una persona sea heterosexual.
Las terapias de conversión, a menudo promovidas bajo la premisa de poder "curar" la homosexualidad o la transexualidad, han sido ampliamente desacreditadas por la comunidad médica.