Querétaro, 13 de enero del 2023.- Durante el 2022, el Centro Estatal Contra las Adicciones (CECA) recibió 12 quejas en contra de centros de rehabilitación, también conocidos como anexos, por maltrato, costos o, bien, por la zona en donde están localizados estos espacios, enfatizó Andrés Longoria, comisionado del organismo.
En el estado de Querétaro, existen cerca de 130 establecimientos dedicados a atender problemas de adicción, cuyos costos por intervención van desde los 500 pesos semanales, más una despensa, hasta 120 mil pesos al mes por la atención a un paciente.
El comisionado del CECA detalló que las quejas que han presentado los familiares de quienes han estado internados en los diversos centros del estado, han estado enfocadas en los costos que tienen las intervenciones, además por situaciones de maltrato.
Longoria explicó que, para tratar las adicciones en el estado, aún predomina el modelo de “ayuda mutua”, el cual carece de la supervisión de profesionales, lo que acarrea que aún se continúen con prácticas poco profesionales.
“En algunas ocasiones tiene que ver con quejas de los vecinos, no directamente de las familias, sino queja de los vecinos por los lugares donde están establecidos. En algunas otras por alguna cuestión de maltrato. En algunas otras por costos o bien porque alguna persona pudo haber este tenido algún conflicto con los responsables”, declaró.
Aunado a estas problemáticas, las quejas que se han iniciado también por conflictos entre los familiares y los encargados de estos centros de rehabilitación, pues cuando cambian de parecer los familiares y desean sacar a los pacientes, existe resistencia por parte del centro, ya que, existen contratos.
“El establecimiento le dice: oye, tienes un contrato conmigo. Por favor, culminemos en cuanto lo establecido, no quieren pagar lo que corresponde y es cuando también suele haber quejas”, agregó.
Por ello, Longoria puntualizó que se han realizado cerca de 14 capacitaciones al personal de los anexos para evitar situaciones de tortura o maltrato, además de que, actualmente, están preparando un protocolo de acompañamiento a las familias para que puedan denunciar irregularidades ante la Defensoría de los Derechos Humanos (DDH), o incluso, hacia la Fiscalía General del Estado, en caso de identificarse algún delito.