Querétaro, 5 de mayo de 2026. — Doscientos ocho. Esa es la cifra total de personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) en Querétaro hasta abril de 2026, frente a un promedio superior a 20 mil juicios por pensión alimentaria que se tramitan cada año en la entidad.
De los registrados, 201 son hombres, siete mujeres, y apenas seis han salido del padrón tras saldar su deuda, reveló el senador Agustín Dorantes Lámbarri.
La proporción no ha mejorado sustancialmente. En enero, cuando Dorantes presentó el primer mecanismo legal contra deudores mediante convenios institucionales, el padrón reportaba 118 inscritos frente a 10 mil 500 juicios activos; para febrero ascendió a 183, según cifras del Tribunal Superior de Justicia.
La brecha expone una falla de aplicación que la reforma federal de 2023 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes pretendía corregir al dotar de facultades coercitivas al registro.
Dorantes calificó el instrumento como "letra muerta": presentó 14 instrumentos legislativos —ocho iniciativas y seis puntos de acuerdo— ante la Cámara Alta, pero solo un punto de acuerdo ha sido aprobado.
"En el Senado luego legislan otros temas como, por ejemplo, el Día Nacional del Tequila, pero no le entramos a los temas que realmente le importan a la gente", cuestionó durante la presentación de la agenda estatal de obligaciones alimentarias.
De 208 personas inscritas en el padrón de deudores alimentarios en Querétaro, solo seis han saldado su deuda al corte de abril de 2026. rotativo.com.mx
Enseguida contrastó: "Aquí en Querétaro sí se habla con hechos". El empuje legislativo en la entidad no es reciente: en octubre de 2024 el diputado local Arturo Maximiliano García Pérez, del PVEM, había presentado tres iniciativas para endurecer sanciones contra deudores que incluían restricciones a licencias, pasaportes y trámites patrimoniales.
Convenios locales para compensar el vacío federal en Querétaro
Ante la parálisis en el Senado, Dorantes articuló una ruta estatal paralela. Firmó convenios con el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y con organizaciones de la sociedad civil para restringir el acceso de deudores alimentarios a servicios y actividades económicas dentro de la entidad.
También sostuvo una reunión con jueces familiares del Tribunal para trasladar prácticas locales al ámbito federal y, en sentido inverso, llevar las necesidades operativas de los juzgados a las iniciativas pendientes.
La cifra de 118 inscritos que Rotativo documentó en febrero frente a los 208 actuales muestra un incremento de 76 por ciento en tres meses, aunque el volumen sigue siendo marginal respecto al universo de juicios.
¿Por qué el padrón de deudores alimentarios tiene tan pocos inscritos en Querétaro?
La fuente no detalló cuántos juicios derivan en sentencia condenatoria, cuántos ordenamientos de inscripción emiten los jueces familiares ni qué porcentaje de obligados evade el registro por falta de mecanismos de notificación.
De los 14 instrumentos legislativos que Dorantes ha impulsado junto con restricciones a trámites como pasaportes y licencias, 13 permanecen sin dictaminar y sin fecha de discusión en comisiones del Senado al momento de la presentación.
