El 29 de julio de 2016 dábamos a conocer su caso, revelando que la niña de la etnia huichol había sido víctima de violación sexual por parte de un compañero de trabajo de su padre.
Fue en su propia casa, en el Poblado Miguel Alemán del área rural de Hermosillo, mientras éste laboraba en el campo, ambos son jornaleros agrícolas. El agresor era huésped de su compañero, lo cual le facilitó el ataque a Citlali, un día en que ella no fue a la escuela por ser día inhábil.
"Sin importar los gritos de la niña ni de sus hermanitos menores, el violador actuó aprovechándose de las circunstancias y de la confianza que había depositado la familia en él, al abrirle su casa".
Citlali se convirtió en emblemática por el incumplimiento de normas y leyes, pues desde el momento en que su padre y ella acudieron a denunciar la agresión ante el ministerio público, la actuación fue inadecuada para el caso.
Ella representa la fractura expuesta entre lo escrito y la realidad. A ella se le negó la información sobre la Norma Oficial Mexicana, “NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, y solo se le instó a que acudiera a revisión médica con quien quisiera.
Tampoco se le prestaron los servicios obligatorios de acuerdo a la NOM-046. Al pasar las semanas se confirmó el embarazo y tampoco se le informó que de acuerdo a esa norma, ella podía interrumpir la gestación si así lo decidía.
Gracias a la denuncia pública el caso circuló por medios nacionales e internacionales como una situación inadmisible pues las violaciones a sus Derechos Humanos eran múltiples.
Ante la presión de organizaciones feministas que tuvieron contacto con la niña, y gracias al acompañamiento de la abogada de víctimas Noelia Escoboza Chan, Citlali pudo acceder a los servicios que requería, pero en otro lugar de la república, pues la Secretaría de Salud de Sonora se negó a cumplir su obligación de practicar la interrupción del embarazo por violación.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, documentó éste y otros casos en el informe: “Violencia sin interrupción”, publicado en noviembre de 2016.
El informe da cuenta de veintitrés casos litigados, documentados y registrados por GIRE en varios estados de México. Dos de ellos, el de Esmeralda y el de Citlali, son de Sonora.
En todos los casos la violencia institucional estuvo presente por acción u omisión. Las niñas violentadas sexualmente y embarazadas en Sonora, al igual que las otras niñas y mujeres, fueron excluidas del ejercicio de sus derechos.
Y es que en ocho años, solo se han practicado sesenta y dos abortos legales por violación en México, según el informe.
Citlali movió las conciencias de muchas organizaciones y personas que se solidarizaron para apoyarla económica y profesionalmente ofreciendo sus servicios, dado lo precario de su situación.
No así la de autoridades que lejos de apoyarla para que pudiera acceder a la justicia, y pudiera resolver en lo inmediato su situación por el embarazo forzado, reclasificaron el delito de violación agravada inicial, al de estupro, como si ella hubiera consentido la violencia.
A pesar de las evidencias y pruebas médicas, dictámenes iniciales que llevaron a la conclusión de la presencia de un ataque brutal contra la niña, a Citlali no se le garantizaron sus derechos.
Se omitió la NOM-046, que por cierto había sido reformada en marzo de ese año, para incluir que “en caso de embarazo por violación las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción del embarazo en los casos permitidos por ley”.
"Pero también se violó la Ley General de Víctimas en lo relativo al aborto por violación, misma que en el artículo 5,que libera al personal de salud de la obligación de verificar si el embarazo fue o no producto de una violación, basado en el principio de buena fe".
Sólo con la manifestación por escrito de la víctima, madre, padre o tutor, bajo protesta de decir verdad, debería bastar para prestarle el servicio que requiere.
Una tercera omisión fue la no aplicación del Protocolo Especializado en la investigación de delitos contra la Libertad y Seguridad de las personas, vigente desde mayo de 2016, que por cierto, cuenta con una gran falla por excluir la opción del aborto por violación.
En el informe “Violencia sin interrupción” se establece que no obstante que el embarazo de Citlali representaba un alto riesgo para ella debido a su corta edad, el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora, le negó tres veces la petición de interrupción del embarazo.
Ante esto, se presentó una demanda de amparo que, al cierre del informe, seguía en espera de sentencia. Citlali, con el apoyo de diversas organizaciones, entre ellas GIRE y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), tuvo que viajar a laCiudad de México para recibir los servicios a los que tenía derecho y que le fueron negados en Sonora.
De manera independiente al amparo que se tramitó, se logró acordar con el gobierno de Sonoraun conjunto de medidas de reparación con base en las peticiones que a tal efecto hicieron Citlaliy su padre: atención psicológica, se aceptó y ya se está brindando. Compensación económica, el gobierno aceptó y ya fue entregada.
Adecuación de los horarios de escuela de los hermanos de Citlali, se aceptó y ya se concretó. Mejoras a la casa de la familia, se aceptó y se están realizando.