Dallas, 18 Sep (Notimex).- La Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos recomendó hoy en su informe anual al presidente y al Congreso, el poner de inmediato en libertad a las mujeres y niños recluidos en los centros de detención de inmigración del país.
También recomendó al Congreso el reducir los fondos destinados a la detención de inmigrantes a favor de otras alternativas.
“Los procedimientos de detención de inmigración no están destinados a ser de naturaleza criminal”, dijo la Comisión en el informe titulado “Cumplimiento Legal: El Estado de los Derechos Civiles en los Centros de Detención de Inmigración”.
Apuntó que esos centros “tratan y mantienen a los inmigrantes indocumentados de manera incompatible con la protección conferida por la Constitución de Estados Unidos”.
Precisó que encontró que algunas de estas instalaciones no cumplen plenamente con las normas de detención respecto a la atención médica, información legal y otras normas básicas de tratamiento.
La Comisión pidió al Departamento de Seguridad Interna (DHS) el liberar a todos las familias detenidas, reducir el uso de la detención, asegurar la integridad personal y tratamiento de los detenidos, aumentar el uso de alternativas a la detención y permitir el acceso legal y pastoral a los centros de detención.
Indicó también que en algunos casos, las autoridades migratorias estaban interfiriendo con los derechos constitucionales de los detenidos.
La ola migratoria registrada en el verano de 2014, cuando decenas de miles de niños centroamericanos llegaron a Estados Unidos a través de la frontera con México, impulso a la Comisión a examinar el estado de los derechos civiles en los centros de inmigración y a reportar sus hallazgos al presidente y al Congreso.
En su informe 2015, la Comisión emitió 18 recomendaciones, y señaló que el gobierno federal debería convocar a una fuerza de trabajo intergubernamental para darles cumplimiento.
Pidió “trabajar más para garantizar el acceso de los detenidos al debido proceso y al derecho a la asistencia de un abogado bajo la Quinta Enmienda Constitucional y la Ley de Nacionalidad y de Inmigración”.
Este verano, el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson anunció cambios en la detención de las familias después de una visita al Centro de Detención Karnes, en Texas.
Los cambios incluyeron la liberación de las familias que pueden establecer la elegibilidad bajo asilo o otra garantía de inmigración, y la supervisión continua de las condiciones generales en las familias en centros de detención.
Cada año, la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos detiene a más de 400 mil inmigrantes y solicitantes de asilo y los aloja en diferentes tipos de instalaciones a las que se aplican normas diferentes, reportó la Comisión.
Debido a que no tienen mecanismos de supervisión, las instalaciones no tienen que rendir cuentas, a veces con resultados trágicos, señaló.
“Alrededor de la mitad de todos los inmigrantes detenidos no tienen antecedentes penales”, escribió en el informe Martin R. Castro, presidente de la Comisión.
“Sin embargo, el sistema de detención de ICE sigue el modelo del sistema de detención penal punitiva, lo que contradice la naturaleza civil y no punitiva del sistema de detención de inmigrantes”, indicó.
También recomendó al Congreso el reducir los fondos destinados a la detención de inmigrantes a favor de otras alternativas.
“Los procedimientos de detención de inmigración no están destinados a ser de naturaleza criminal”, dijo la Comisión en el informe titulado “Cumplimiento Legal: El Estado de los Derechos Civiles en los Centros de Detención de Inmigración”.
Apuntó que esos centros “tratan y mantienen a los inmigrantes indocumentados de manera incompatible con la protección conferida por la Constitución de Estados Unidos”.
Precisó que encontró que algunas de estas instalaciones no cumplen plenamente con las normas de detención respecto a la atención médica, información legal y otras normas básicas de tratamiento.
La Comisión pidió al Departamento de Seguridad Interna (DHS) el liberar a todos las familias detenidas, reducir el uso de la detención, asegurar la integridad personal y tratamiento de los detenidos, aumentar el uso de alternativas a la detención y permitir el acceso legal y pastoral a los centros de detención.
Indicó también que en algunos casos, las autoridades migratorias estaban interfiriendo con los derechos constitucionales de los detenidos.
La ola migratoria registrada en el verano de 2014, cuando decenas de miles de niños centroamericanos llegaron a Estados Unidos a través de la frontera con México, impulso a la Comisión a examinar el estado de los derechos civiles en los centros de inmigración y a reportar sus hallazgos al presidente y al Congreso.
En su informe 2015, la Comisión emitió 18 recomendaciones, y señaló que el gobierno federal debería convocar a una fuerza de trabajo intergubernamental para darles cumplimiento.
Pidió “trabajar más para garantizar el acceso de los detenidos al debido proceso y al derecho a la asistencia de un abogado bajo la Quinta Enmienda Constitucional y la Ley de Nacionalidad y de Inmigración”.
Este verano, el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson anunció cambios en la detención de las familias después de una visita al Centro de Detención Karnes, en Texas.
Los cambios incluyeron la liberación de las familias que pueden establecer la elegibilidad bajo asilo o otra garantía de inmigración, y la supervisión continua de las condiciones generales en las familias en centros de detención.
Cada año, la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos detiene a más de 400 mil inmigrantes y solicitantes de asilo y los aloja en diferentes tipos de instalaciones a las que se aplican normas diferentes, reportó la Comisión.
Debido a que no tienen mecanismos de supervisión, las instalaciones no tienen que rendir cuentas, a veces con resultados trágicos, señaló.
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