Por lo cual, aclaró que no ser notificados todavía sobre este tema, desconoce la indemnización que solicita China al Gobierno Federal.
"No tengo conocimiento de este tema en particular; seguramente debe estar el procedimiento en marcha, pero la verdad es que no lo tengo registrado yo como tal. No sé si haya algún tema legal inclusive que esté plasmándose, yo todavía no lo he visto", aclaró.
Indicó que en su momento el Centro de la SCT en Querétaro coadyuvó con la federación en los temas de derechos de vía, la posible ubicación de las terminales para el TAV y la compra de terrenos.
"Los (terrenos) los compra la Secretaría, a través del Centro SCT que son los que coadyuvan y ven todos los temas de avalúos y ven a todas las personas, básicamente; forman parte de la federación, los que ya están pagados esos no tienen ningún problema, el tema es lo que hayas quedado en algún procedimiento, pero no sabría decirte", apuntó.
No obstante, añadió que la Subsecretaría de Transporte era la encargada del resto del proyecto.
Ricardo Ortiz, recordó que el proyecto del TAV México-Querétaro ya había sido suspendido por la federación, cuando ingresó en febrero del 2016 al Centro de la SCT en la entidad.
Ante la posibilidad de que dicho proyecto sea retomado con la nueva administración federal, precisó que oficinas centrales de la SCT no le han confirmado nada.
"Nada en particular, todavía no tenemos nosotros conocimiento. Por ahí se sabe que hay una empresa que trae una concesión, pero nada más. Lo único que poco han tocado es si se podría utilizar el derecho de vía que ya se tiene adquirido, pero nada más. No hay nada en concreto", subrayó.
A su vez, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, garantizó que las finanzas del estado no se verán afectadas por la indemnización que solicita China a México.
"Ahí esta el delegado de la SCT. No (no afecta las finanzas del estado) es totalmente federal", aseveró.
Hay que señalar que el gobierno de China reclama a México el pago de una indemnización correspondiente a 11 mil 294 millones 520 mil pesos, según el tipo de cambio vigente al 21 de noviembre, por la cancelación del Tren de Alta Velocidad (TAV) México-Querétaro, pues las autoridades "no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal".