Dijo que en la actualidad las fuerzas armadas mexicanas intervienen en los conflictos sociales cuando el Presidente de la República lo cree conveniente, sin embargo, no está estipulado en la ley el marco y las condiciones en las que deben inmiscuirse.
Asimismo, manifestó que derivado de los operativos y acciones en contra del narcotráfico y crimen organizado, la imagen y perspectiva de la población a estas corporaciones ha sido vulnerable, además de que han sido criticadas fuertemente por las asociaciones que promueven los Derechos Humanos.
Enfatizó que la regulación debe sujetarse a garantizar el derecho humano de cualquier individuo, respetando los tratados internacionales en la materia, además de especificar qué fuerzas van a participar, el tiempo y las acciones a desempeñar, para que al término de cualquier operativo el Secretario de Gobernación informe al Congreso el desarrollo y resultados de cada intervención.
“Las fuerzas armadas han pedido que se regule en materia de su intervención, que haya unas disposiciones legales ciertas y definidas, (…) desde hace 10 años han estado participando de una manera muy activa casi constante en combate a narcotráfico, en algunos casos han sido cuestionados por agrupaciones de Derechos Humanos por lesionados y personas que se ven afectadas por los operativos”, precisó.
Murguía Gutiérrezrefirió que actualmente hay 6 iniciativas que buscan atacar el tema, dos del Partido Acción Nacional (PAN), una del Partido Revolucionario Institucional (PRI), una de Movimiento Ciudadano (MC), otra del Partido Verde y una realizada por el Senador, Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por lo que aseguró que se realizará un dictamen que integre todas las propuestas y las opiniones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos.
Señaló que al interior del Congreso no se descarta realizar un periodo extraordinario de sesiones, para evaluar la iniciativa a finales del mes de junio y concretar el marco regulatorio.
“Ellos han pedido un marco claro que diga: qué pueden hacer, cuánto intervienen, bajo que características, que pueden hacer y que no pueden hacer, de tal suerte que haya esta certeza para la actuación de las fuerzas armadas, pero también de la población civil, de lo que puede esperar de la actuación del Ejército en funciones de la seguridad interior”, apuntó.
Finalmente, la legisladora puntualizó que el objetivo de la participación sea extraordinaria y subsidiaría, es decir, cuando las fuerzas locales, estatales y federales no tengan la capacidad para atender la problemática.