Santo Domingo, febrero (SEMlac).- La nación dominicana se prepara para desarrollar el próximo domingo 15 de mayo las elecciones generales, que integran las presidenciales, congresuales, municipales y de diputados de ultramar, las cuales se llevarán a cabo de forma simultánea en el territorio nacional.
Un total de 26 partidos políticos participan en este certamen, un movimiento provincial y siete municipales en la elección directa de 4.213 cargos públicos dentro del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Entre esos cargos se encuentran: Presidente y Vicepresidente de la República; a nivel congresual, 32 senadores, 190 diputados: 178 por representación proporcional, siete de ultramar y cinco nacionales; además de 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) con sus 20 suplentes.
A nivel municipal también se elegirán 158 alcaldes y vicealcaldes; 1.164 regidores y sus suplentes; así como directores para los distritos municipales y secciones rurales, respectivamente. Y en medio de toda esta contienda, la pregunta es: ¿cuál será la representación de la mujer en todos estos cargos públicos?.
El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) aprobó, en diciembre último, la resolución que obliga a los partidos políticos a cumplir con la ley que establece la obligatoriedad de una cuota que alcance el 33 por ciento de mujeres en sus boletas electorales, para las elecciones de 2016. Según dicha disposición, de los 178 diputados a elegir en las 31 provincias, deberán ser incluidas 61 diputadas de los partidos políticos y agrupaciones.
"Todos los partidos políticos tendrán que cumplir el mandato del pleno que, en relación con la cuota femenina, dispuso que todos los partidos políticos, alianzas o coaliciones de partidos y las agrupaciones políticas, al momento de presentar sus propuestas de candidaturas a cargos para diputados, regidores, suplentes de regidores y vocales, deben obligatoriamente incluir un porcentaje no menor al 33 por ciento a favor del sexo femenino, del total de los cargos propuestos en cada nivel de elección, asignado en forma alterna con respecto a los hombres", expresó el presidente de la JCE, Roberto Rosario, tal y como publicó el multimedios DominicanosHoy el 10 de diciembre de 2015.
Pendiente
Fue en 1942 cuando la mujer dominicana ejerció por primera vez su derecho al sufragio y, pese a que en las últimas décadas se han observado cambios significativos, aún su representación en el plano político partidario e institucional dista y continúa pendiente la histórica deuda con aquellas que precedieron las luchas por su total reivindicación y verdadero reconocimiento.
Un trabajo del juez de la JCE, José Ángel Aquino, publicado en el digital Acento.com, este 4 de febrero, y titulado "Elecciones 2016: Participación política de la mujer, de la cuota femenina a la paridad", profundiza en el tema.
"Primero fueron los partidos políticos los que implementaron la cuota femenina de un 25 por ciento, y más tarde, en la reforma electoral de 1997, se consagraría legalmente este porcentaje en la Ley Electoral 275-97, que sería aumentado a 33 por ciento, mediante la ley 12-2000 del 2 de marzo del 2000", detalla el texto.
Añade el autor que en la Cámara de Diputados el porcentaje de mujeres electas había sido de 12,5 por ciento en las elecciones de 1994, y luego de aplicarse la cuota femenina como norma jurídica obligatoria en los comicios de 1998 se alcanzó una representación de 16,1 por ciento, cantidad que aumentó en 2010 hasta 20,8.
En el caso del número de regidoras, también hubo un incremento y de 93 electas en 1994 (14,4%); en 1998, resultaron 185 mujeres ediles; es decir, un 24,4 por ciento. En 2010 alcanzaron la alta cifra de 383, para un porcentaje de 33,3 por ciento.
Ángel Aquino deplora lo que ha tenido lugar en las alcaldías y el Senado donde, pese a que por primera vez en la historia de la nación dominicana una mujer ocupa la presidencia de la Cámara Alta, la magistrada Cristina Lizardo Mézquita, solo tres senadoras fueron electas en 2010 para un 9,4 por ciento, y 12 alcaldesas, equivalentes a 7,7.
No obstante, la posibilidad de sobrepasar el 33 por ciento, otorgado a las mujeres para ocupar cargos electivos en las actuales elecciones, se perfila como un posible acercamiento a la paridad femenina en la vida política del país, según ha indagado SEMlac entre las posibles propuestas que se perfilan por estos días, plenos de actividades proselitistas.
¿Mujeres presidentas?
Minerva Josefina Tavárez Mirabal (Minou), de Alianza por la Democracia, y Soraya Castillo Aquino, del Partido Unidad Nacional (PUN), son las dos candidatas presidenciales que aspiran a la máxima dirección del país, junto a cinco hombres más, entre quienes figura el actual presidente Danilo Medina.
La reelección presidencial se hizo posible tras aprobar el Senado de la República el proyecto de ley de reforma constitucional, cuyo artículo 124 restableció la repostulación del mandatario en un nuevo período en las elecciones de 2016.
Tavárez Mirabal dijo a El Nuevo Diario, el 4 enero de 2016, estar preparada para presidir y gobernar bien: "Yo tengo una historia y una trayectoria política que ninguno de los candidatos tiene ni puede exhibir. Solo así se podrá luchar contra la corrupción. Es necesario elegir otras autoridades, en el Congreso, en el Gobierno, en los ayuntamientos…".
"No se puede seguir aupando y protegiendo la corrupción y la impunidad. Son temas básicos que he aprendido que hay que defender", precisó la hija de una de las Hermanas Mirabal, símbolo de rebeldía de la nación dominicana.
Por su parte, Castillo Aquino se comprometió a rescatar los valores en la dignidad humana de la ciudadanía, y lograr un sistema educativo de calidad, así como una efectiva seguridad ciudadana.
Aseguró a DominicanosHoy, el 15 de diciembre pasado, que "es necesario recuperar la política con un nuevo estilo de gestión, porque supuestamente la gente se siente marginada y está cansada de los políticos que solo pelean por cuotas de poder".
La Constitución de la República proclama en el artículo 39, "explícitamente, la igualdad entre el hombre y la mujer, prohibiéndose cualquier acto cuyo objetivo o resultado menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres".
Hace dos años, el proyecto de Ley del Régimen Electoral preveía que las nominaciones y propuestas de candidaturas a la Cámara de Diputados y a las regidurías se observaran por el principio de equidad de género, integrándose en 50 por ciento de mujeres e igual proporción para hombres. Dicho propósito perimió en el Congreso Nacional, y quedó vigente la actual cuota femenina del 33 por ciento para estas últimas.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión de Asuntos de Género de la Cámara de Diputados aspiran a que se alcance un día el 50 por ciento, y los cargos sean ocupados por hombres y mujeres de igual forma.
José Ángel Aquino asevera que "el impacto de la cuota se ve limitado, conforme a los estudios especializados del tema, por los elementos del sistema electoral y la naturaleza de la campaña proselitista.
En el caso de la República Dominicana, el tamaño de la circunscripción electoral que es regularmente pequeña (menos de cinco escaños), opera como un factor contrario a un mejor resultado de la cuota femenina", argumenta.
"Un elemento que impide que la mujer tenga una mayor representación, tiene que ver con las condiciones de la campaña electoral", plantea el magistrado.
"Se ha demostrado que en contextos políticos en los cuales no existen claras normas de equidad para la competencia electoral, en escenarios de sistemas de partidos no institucionalizados con una débil democracia interna, las mujeres suelen ser perjudicadas al momento de confeccionar las propuestas electorales", explica.
Definitivamente, todavía la representación femenina en posiciones electivas en la República Dominicana no se equipara a la cantidad de mujeres votantes, que representan alrededor de 50 por ciento del padrón electoral. Y no será hasta que aparezcan a la par de sus compañeros en los diferentes estamentos del Estado; sean el Tribunal Superior Electoral (TSE); la Junta Central Electoral; en el Poder Ejecutivo y Legislativo, y en el resto de las organizaciones políticas, que se pueda hablar de esa democracia participativa y equidad de género, por la que tanto se ha luchado.
Por: Mercedes Alonso