Exportando Violencia Sexual e Inmunidad en el TLCAN Primera parte

Este 23 de septiembre se conmemoró el “Día Internacional contra la Explotación de la Prostitución Ajena y otras Formas de Explotación Sexual” que fue declarado en Daka-Bangladesh en 1999, en el evento “Organizándonos Globalmente contra la Explotación Sexual”, Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres (CATW-Internacional), conferencia en que nació la CATWLAC.

Se eligió esta fecha porque el 23 de septiembre de 1913, en Argentina, fue sancionada la Ley 9143 conocida como “Ley Palacios”, primer instrumento jurídico en el continente que penalizó la explotación de la prostitución de mujeres y niñas y se le otorgó este nombre en honor al diputado socialista que la propuso e impulsó.

Y justo hoy, alguien llamó mi atención sobre un artículo de opinión de Lisa L. Thompson, publicado en el portal “The Hill”, titulado “Las Negociaciones del TLCAN pueden hacer que la violencia sexual sea el producto número uno de exportación/importación”.

El pasado 24 de diciembre de 2016 --nos dice -- fue la noche en que mi hija de 16 años Desiree Robinson fue asesinada por el hombre que la compró para servicios sexuales en el portal Baackpage.com.

Era el testimonio de Ivonne Ambrose, madre de Desiree al Comité del Senado en septiembre de 2017 que marcó un cambio fundamental de dirección en el centro de gravedad en lo que había sido una batalla perdida para las y los defensores contra la trata sexual para enmendar la sección 230 de la ley de las comunicaciones (CDA).

El desgarrador relato de Ambrose sobre la explotación sexual de su hija y su muerte sin sentido, despojaron a todos los legisladores que la escuchaban de la posibilidad de fingir de que existían algunas plataformas de Internet con el único propósito de sacar beneficio económico de la venta de personas para el sexo.

Además, debido a interpretaciones perversas de la Corte de la sección 230, esas plataformas estaban protegidas de la responsabilidad civil o del enjuiciamiento penal — incluso si facilitaban, públicamente y con conocimiento, la trata sexual, pero en este caso, la víctima era una niña y esa niña fue asesinada.

Sin embargo, la historia de Ambrose y las de otras madres cuyas hijas se convirtieron en objetos sexuales públicos en las zonas de tolerancia en línea, no le preocupaban a nadie. Tomó varios meses más de esfuerzo implacable antes de que el Congreso aprobara FOSTA-Sesta, el paquete legislativo que modificó el CDA para restablecer el derecho de acción civil de las sobrevivientes y facultar a los fiscales para llevarlos a responder ante la ley penal.

Y ¿por qué? pues muy simple, porque en la batalla para la aprobación de la Ley FOSTA-Sesta, las activistas contra la trata y la explotación sexual se enfrentaron cara a cara con los gigantes tecnológicos.

Los gigantes tecnológicos se oponían a la reforma, sin ninguna responsabilidad social, entre ellos Google, la Asociación de Internet, cuyos miembros son Facebook, Amazon, Microsoft y muchos otros y sus fundaciones sin fines de lucro como la Fundación de la Frontera Electrónica (EFF) y Engine.

Buscando preservar la ventaja competitiva sobre las empresas de ladrillo y mortero que le otorgó la sección 230, los gigantes tecnológicos se oponían a la reforma de la CDA que veían como una amenaza a sus ganancias.

Como explicó el profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, Olivier Sylvain: ... las ganancias en este contexto también son el botín de un régimen legal que absuelve a los intermediarios en línea que no quieren ver el daño que los usuarios terceras partes que albergan y reutilizan para obtener ganancias comerciales. Son los beneficios de una protección legal que no gozan muchas otras entidades en otros campos legislativos.

En otras palabras, fue en propio interés de Craven que el sector tecnológico se opuso a enmendar el CDA, mientras explotaba la bandera de la libertad civil con afirmaciones que FOSTA-Sesta ponía en peligro la libertad de expresión e incluso el futuro de Internet. Sin embargo, ¿qué hay de las libertades civiles de Desiree Robinson? ¿Qué hay de su libertad de expresión? ¿Qué hay de su futuro?

Sin dejarse intimidar por su derrota en la reforma FOSTA-Sesta, los gigantes tecnológicos han emprendido una batalla en distintos frentes contra la reforma tratando de preservar e incluso expandir la sección 230 que les daba garantías y protege sus ganancias. En junio, la EFF demandó que FOSTA-Sesta fuera declarado inconstitucional, juicio que tardará tiempo en resolverse.

Desde que se iniciaron las discusiones del TLCAN, la Asociación de Internet ha liderado la defensa de la antigua sección 230 y ha cabildeado para que se incluya en el TLCAN. En caso de que tuvieran éxito, exportarían la "inmunidad" del sector tecnológico de inofensivos intermediarios a México y posiblemente a Canadá.

Después de los 7 casos de feminicidio acaecidos a jóvenes que anunciaban en “Zona Divas” y ahora en “Sugar Baby” tenemos que recordarle al gobierno de México y al Senado de la República que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas sanciona las exhibiciones públicas y privadas y los anuncios de contacto sexual son delito y se llaman publicidad ilícita o engañosa, por lo que no se puede aceptar que los gigantes tecnológicos quieran exportar la violencia sexual y la impunidad para seguir incrementando sus ganancias a costa de las mujeres y la niñez mexicana o de otros países en vías de desarrollo al TLCAN.

Dándonos cuenta del actuar de los gigantes tecnológicos y los grandes intereses económicos que han defendido, podemos decir que si tienen éxito en el TLCAN, las perspectivas de que un lenguaje similar se repita en futuras negociaciones comerciales con otros países son altas. El resultado sería: la exportación global de inmunidad penal y civil para sitios web que faciliten la trata con propósitos sexuales.

Tal realidad no sería nada menos que un Apocalipsis para la trata con propósitos de explotación sexual.La rentabilidad del mercado de la prostitución depende de la entrega de "los bienes" a aquellos que buscan comprar personas para su uso sexual. Para ello, las plataformas basadas en Internet hacen que la "prostitución comercial" sea tan fácil como comprar un automóvil usado.

Ahora, si a través de acuerdos comerciales, los operadores de sitios web que suministran a personas para la explotación sexual en todo el mundo reciben inmunidad para operar, los esfuerzos para frenar la trata sexual nacional o internacional serán exiguos en el mejor de los casos.

*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, (CATWLAC por sus siglas en inglés).