México, septiembre (SEMlac).- Las mujeres representaron más del 40 por ciento del personal de protección civil en 2022 en los estados de Chihuahua, Sonora, Aguascalientes, Ciudad de México, Veracruz, Baja California y Durango, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el marco del Día Nacional de Protección Civil, 19 de septiembre establecido desde el 2001.
En 2022 a nivel nacional se destinó 17.5 pesos (0,92 centavos de dólar) por habitante a la protección civil y 22 estados contaban con un plan o programa de protección civil, y siete estaban en proceso de integración. Contaban con un Atlas de Riesgo 28 entidades federativas y 26,2 por ciento de los municipios.
Al cierre de 2022, las unidades de protección civil de los gobiernos estatales y municipales contaron con 30.454 personas, de las cuales 26.570 (87,2 %) laboraban en el ámbito municipal y 3.884 (12,8 %), en el estatal. Asimismo, del total del personal adscrito a las unidades estatales y municipales, 28,3 por ciento y 21,7 por ciento fueron mujeres, respectivamente.
Respecto a la participación de las mujeres en las unidades estatales de protección civil, se encontró que, en 2022, 28,3 por ciento del personal de protección civil eran mujeres, lo que representó un ligero aumento respecto a 2021, cuando 72,1 por ciento correspondió a hombres y 27,9, a mujeres.
El total de personal de protección civil del ámbito estatal y municipal representó una tasa de 23,4 servidoras y servidores públicos por cada 100.000 habitantes. Se observaron diferencias importantes entre entidades federativas, entre las cuales destacaron Guerrero y Chiapas con cerca de 50 elementos por cada 100.000 habitantes, mientras que Baja California y Sinaloa reportaron tasas menores a 10.
Otro aspecto importante es que el personal tenga los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para actuar de manera adecuada ante cualquier evento perturbador o imprevisto. Al cierre de 2022, 19,6 por ciento del personal de las unidades estatales de protección civil y 25,7 de las unidades municipales contaron con alguna certificación en la materia.
Guerrero destaca por tener a todo su personal certificado, mientras Michoacán, donde siete de cada 10 servidores del ámbito estatal y cuatro de cada 10 del municipal se encontraban certificados. En contraste, en 11 entidades las unidades estatales de protección civil no contaron con personal certificado.
Destacaron Coahuila y San Luis Potosí, donde uno de cada 10 servidores del ámbito municipal estuvo certificado.
De acuerdo con la Ley General de Protección Civil (LGPC) que se promulgó en el 2000, las unidades de protección civil que operan el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y los sistemas estatales y municipales, se encargan de realizar acciones de prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de emergencia, fenómenos naturales o situaciones adversas provocadas por la acción humana.
Respecto a las tareas el personal de las unidades de protección civil estatales, el 41,8 por ciento realizó tareas administrativas y de apoyo en 19 entidades federativas, entre las que destacan Coahuila, Puebla, Quintana Roo y Sonora. El personal de bomberos representó el 20 por ciento de los servidores públicos en unidades de protección civil, el personal paramédico representó el 5,3 por ciento del total nacional.
A nivel nacional, el 4,8 por ciento del personal de protección civil, distribuido en 11 entidades, se ocupaba en funciones de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas. En 2022, el resto de las entidades no disponía de personal para estas funciones.
Las unidades de protección civil de 13 estados reportaron 1.852 personas que trabajaron voluntariamente en tareas de protección civil, 37,4 por ciento personas más que en 2021. Las tareas que desempeñaron fue de apoyo en rescate acuático, apoyo en servicios de mantenimiento o como brigadistas comunitarios el 44,5 por ciento y el 37,4 por ciento lo hizo en el combate de incendios forestales y poco menos de 10 por ciento, en tareas de rescate y auxilio.
Los eventos perturbadores constituyen situaciones de riesgo para la población y su entorno. Son causados por agentes de origen natural o por actividad humana como huracanes, inundaciones, conglomeración de personas, sismos, entre otros. Durante 2022, las unidades municipales y estatales de protección civil atendieron 344.549 eventos derivados de fenómenos perturbadores, 86,7 por ciento fueron atendidos por las unidades de protección civil municipales y 13,3 por sus homólogas estatales.
Los eventos perturbadores causados por la actividad humana fueron los más frecuentes, con seis de cada 10 incidentes atendidos, en particular accidentes terrestres a nivel municipal y estatal.
Los eventos naturales representaron alrededor de uno de cada 10 eventos en ambos ámbitos de gobierno. El principal tipo de evento para el ámbito municipal fue el de inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres, mientras que para el estatal fue el de sismos percibidos.
Normativa y presupuesto
De acuerdo con la LGPC, las unidades de protección civil deben disponer de un plan o programa de protección civil que establece los objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y demás recursos necesarios para la atención de la población en casos de desastre o emergencias. Al respecto, 22 administraciones públicas estatales contaban con este instrumento en 2022, en siete estaba en proceso de integración.
Otro instrumento fundamental indicado en la LGPC es el atlas de riesgos que permite delimitar y clasificar las zonas de mayor vulnerabilidad a nivel nacional, estatal y municipal. Entre marzo y agosto de 2023, la mayoría de las entidades contaban con atlas de riesgos o estaban en proceso de integración. Solo dos estados reportaron no tener este instrumento. Sin embargo, la situación en el ámbito municipal no era favorable, ya que 55,2 por ciento de los municipios del país indicaron no contar con este instrumento. Sobresalen los estados de Yucatán, Oaxaca, Guerrero y Zacatecas, donde más de 70 por ciento de sus municipios no contaban con el mismo.
Respecto al presupuesto ejercido durante 2022, para las unidades estatales de protección civil fue de 2 188 322 639 pesos (11,517,487 dólares), que equivale a un promedio de 17.5 pesos por habitante a nivel nacional. Cabe señalar que el presupuesto, en términos reales disminuyó 14,5 por ciento respecto a lo que ejercieron en 2021.
La unidad de protección civil de Chiapas ejerció el mayor monto per cápita, con 105 pesos (5,5 dólares); siguió Campeche, que erogó 83 pesos (4,3 dólares) por habitante. En contraste, las unidades de protección civil de Baja California, Aguascalientes, Baja California Sur, Sonora, Puebla, Chihuahua, Durango e Hidalgo ejercieron menos de cinco pesos (0,2 centavos de dólar) por habitante cada una.
Las diferencias entre las entidades federativas en las funciones de sus unidades de protección civil, así como en la asignación de recursos humanos y presupuestales se muestran para detectar áreas de oportunidad que contribuyan a fortalecer las capacidades institucionales para la atención de situaciones de desastre y protección de la población.
Con esta información, el INEGI invita al público a profundizar sobre los recursos, herramientas y acciones que disponen las administraciones públicas estatales y municipales para proteger y asistir a la población ante eventos de fenómenos naturales o desastres relacionados con la actividad humana.
Además de la información de los Censos Nacionales de Gobierno y los datos en materia de Protección Civil, está a disposición de las y los usuarios el Geovisor de Espacio y datos de México, informa el INEGI.