México, 28 Sep (Notimex).- El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, advirtió sobre el riesgo de que se fragmenten las instituciones encargadas del combate a la corrupción durante la discusión y aprobación de la legislación secundaria en la materia.
México enfrenta un problema que demanda la máxima atención y que por primera vez se pretende atacar desde una perspectiva multifactorial, integrada en una política de Estado, expuso durante el Seminario para promover la integridad y evadir la corrupción: Perspectivas comparadas desde los países de la OCDE.
En el acto organizado por las comisiones unidas de Gobernación y Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado, también pidió privilegiar los procesos de certificación profesional que den constancia de conocimiento y especialidad del auditor.
Lo mismo debiera ocurrir en materia de control interno, que incluya las estrategias de identificación y gestión de riesgos de fraude, las cuales deberían ser abordadas periódicamente por los mandos superiores de las instituciones con el propósito de generar valores y principios.
El titular de la Auditoría Superior de la Federación se pronunció por fomentar proyectos más ambiciosos para atacar este flagelo, como la figura del “informante” o “denunciante” interno o externo, también conocido como “whistleblowing”.
Reconoció que en este momento en el que se decide el diseño de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, el Poder Legislativo está ante una disyuntiva.
Por un lado debiera construir una legislación de carácter técnico, que robustezca el combate a la corrupción, y por el otro está diseñar un andamiaje legal del que resalten sólo las ofertas partidistas, lo que llevaría sin duda a fragmentación de las instituciones.
“Estamos ante el dilema de estructurar los cambios, de tal manera que se evite la fragmentación de las instituciones involucradas, que de hecho es la raíz en la transformación que se busca; o bien, perdernos en un debate político donde la esencia del cambio gire en torno a ofertas partidistas desvinculadas de la meta originalmente planteada”, dijo.
El presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, dijo a su vez que es necesario promover la integridad para que México pueda avanzar hacia el desarrollo integral previsto por la Constitución Política.
Mencionó que en la ley existen mecanismos para el cumplimiento de este objetivo, como la fiscalización y el control para orientar, supervisar y evaluar las acciones de los servidores públicos, los cuales deben apegarse a los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, lealtad, imparcialidad y honradez.
En su oportunidad la comisionada Patricia Kurczyn Villalobos, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), subrayó que a partir de la orden constitucional se genera una red de acciones e instituciones que permitirán erradicar la corrupción, “que sin duda debe merecer las sanciones más altas que se impongan en el país”.
Expresó que es necesario atacar la corrupción, fomentar la cultura de la legalidad y el buen comportamiento oficial de los servidores públicos; “con ello me quiero referir al necesario buen desempeño de todas las personas en el ejercicio de las políticas”.
El Inai está preparado para seguir en el cumplimiento irrestricto de la transparencia y el acceso a la información, por lo que con el Sistema Nacional de Transparencia habrá de coadyuvar en estas otras funciones que permitan construir uno de los pilares del combate a la corrupción, concluyó Kurczyn.
México enfrenta un problema que demanda la máxima atención y que por primera vez se pretende atacar desde una perspectiva multifactorial, integrada en una política de Estado, expuso durante el Seminario para promover la integridad y evadir la corrupción: Perspectivas comparadas desde los países de la OCDE.
En el acto organizado por las comisiones unidas de Gobernación y Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado, también pidió privilegiar los procesos de certificación profesional que den constancia de conocimiento y especialidad del auditor.
Lo mismo debiera ocurrir en materia de control interno, que incluya las estrategias de identificación y gestión de riesgos de fraude, las cuales deberían ser abordadas periódicamente por los mandos superiores de las instituciones con el propósito de generar valores y principios.
El titular de la Auditoría Superior de la Federación se pronunció por fomentar proyectos más ambiciosos para atacar este flagelo, como la figura del “informante” o “denunciante” interno o externo, también conocido como “whistleblowing”.
Reconoció que en este momento en el que se decide el diseño de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, el Poder Legislativo está ante una disyuntiva.
Por un lado debiera construir una legislación de carácter técnico, que robustezca el combate a la corrupción, y por el otro está diseñar un andamiaje legal del que resalten sólo las ofertas partidistas, lo que llevaría sin duda a fragmentación de las instituciones.
“Estamos ante el dilema de estructurar los cambios, de tal manera que se evite la fragmentación de las instituciones involucradas, que de hecho es la raíz en la transformación que se busca; o bien, perdernos en un debate político donde la esencia del cambio gire en torno a ofertas partidistas desvinculadas de la meta originalmente planteada”, dijo.
El presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, dijo a su vez que es necesario promover la integridad para que México pueda avanzar hacia el desarrollo integral previsto por la Constitución Política.
Mencionó que en la ley existen mecanismos para el cumplimiento de este objetivo, como la fiscalización y el control para orientar, supervisar y evaluar las acciones de los servidores públicos, los cuales deben apegarse a los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, lealtad, imparcialidad y honradez.
En su oportunidad la comisionada Patricia Kurczyn Villalobos, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), subrayó que a partir de la orden constitucional se genera una red de acciones e instituciones que permitirán erradicar la corrupción, “que sin duda debe merecer las sanciones más altas que se impongan en el país”.
Expresó que es necesario atacar la corrupción, fomentar la cultura de la legalidad y el buen comportamiento oficial de los servidores públicos; “con ello me quiero referir al necesario buen desempeño de todas las personas en el ejercicio de las políticas”.
El Inai está preparado para seguir en el cumplimiento irrestricto de la transparencia y el acceso a la información, por lo que con el Sistema Nacional de Transparencia habrá de coadyuvar en estas otras funciones que permitan construir uno de los pilares del combate a la corrupción, concluyó Kurczyn.
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