Querétaro, 2 Febrero 2022.- La defensora de los Derechos Humanos en Querétaro (DDHQ), Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, quien está a días de concluir su encomienda como ombudsperson queretana, niega impunidad en violación de derechos humanos.
Avalos Vázquez, presentó ante la Mesa Directiva de la LX Legislatura local su último informe anual de actividades al frente de esta instancia; y los resultados de los cinco años de su gestión.
La presidenta de la DDHQ manifestó que a lo largo de este tiempo, participó en más de mil actividades públicas en todo el estado; y celebraron 61 sesiones del consejo interno de este organismo.
En relación con la Visitaduría General, reportó que el número de quejas recibidas en este periodo fueron 2 mil 862 quejas; y se atendió de manera general a 15 mil 107 personas, de las cuales se dieron alrededor de 25 recomendaciones a entes públicos.
Dichas recomendaciones fueron por temas graves de violaciones de derechos humanos, como pérdida de la vida; violencia obstétrica; vinculados con feminicidios, al no hacer las investigaciones con perspectiva de género; educación incluyente, libertad de expresión, discriminación, entre otros.
Asimismo, Ávalos Vázquez apuntó que se dieron 395 expedientes resueltos a través de acuerdos y procesos de conciliación; y se emitieron 60 medidas cautelares ante casos de riesgo grave de sufrir un daño irreversible en las víctimas.
Además, indicó se dieron 148 acuerdos de responsabilidad y se atendieron a mil 894 personas en el área de atención a víctimas. Agregó que se dieron 959 visitas generales a espacios para revisar el cumplimento del respeto a los derechos humanos.
Roxana de Jesús Ávalos señaló que, gracias a las recomendaciones, y los procesos de responsabilidad administrativa, se logró sancionar a 56 servidores públicos, desde amonestación hasta inhabilitación, o puestos a disposición de la fiscalía, por cometer alguna violación, grave o no grave, por lo que resaltó que en Querétaro no hay impunidad en materia de derecha humanos.
“Se sancionaron 56 servidores públicos, desde una amonestación hasta suspensión o inhabilitación; independientemente de aquellos asuntos en donde los servidores públicos fueron puestos a disposición de la Fiscalía. No hay impunidad; esto habla de que los servidores públicos que han cometido una violación a los derechos humanos, grave o no grave, son sancionados; y esto lo determina el órgano interno de control de las instituciones a las que se les hicieron las recomendaciones; o el acuerdo de responsabilidad”, recalcó.
Añadió datos como los 16 mil 323 servidores públicos capacitados en derechos humanos, desde profesores, médicos y policías; y que se ejercieron en 5 años, recursos por 162 millones de pesos.
Destacó que bajó la incidencia de abuso policial en la capital del estado; y que se ingresaron tres acciones de inconstitucionalidad; contra la Ley de Seguridad Interior, contra las reformas al código penal o las denominadas “Ley Garrote”; y en contra de la Ley de Evaluación.