Querétaro, 27 abril 2023.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mariela Ponce Villa, señaló que todos los estados tendrán que adecuar la reciente reforma a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Y es que destacó que el objetivo es fortalecer la ejecución y garantizar el cumplimiento oportuno de las pensiones alimenticias de manera homogénea en todo el país.
Ponce Villa añadió que estas adecuaciones se realizarán una vez que la ley sea publicada, ya que ha sido aprobada en el Congreso de la Unión.
Además, mencionó que los artículos transitorios de la reforma establecen un plazo para que cada entidad federativa realice sus propias adaptaciones y, posteriormente, entre en vigor.
La magistrada presidenta explicó: “La ley aún no se ha publicado, pero ya está aprobada en el Congreso de la Unión, ya que es una reforma a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Una vez publicada, los artículos transitorios otorgarán un periodo para que se realicen las adecuaciones en cada uno de los estados”.
En relación con el tendedero de deudores alimentarios exhibido en la Plaza de Armas, donde se mostraron más de 200 hombres que no cumplen con la pensión alimenticia de sus hijos, Ponce Villa manifestó desconocer los criterios empleados para llevar a cabo esta actividad.
Según la magistrada, aún deben emitirse lineamientos para determinar quiénes son considerados deudores alimentarios, como, por ejemplo, el tiempo transcurrido desde que dejaron de pagar la pensión.
Cabe recordar que la reforma propone la creación de un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para concentrar la información de los deudores alimentarios.
Dicho registro será consultado por las autoridades de los tres niveles de gobierno para diversos trámites y procedimientos, como la obtención de licencias de conducir, pasaportes, candidaturas a cargos de elección popular, participación en procesos de selección de jueces a nivel local y federal, solicitudes de matrimonio e incluso como medida de restricción migratoria para evitar que los deudores inscritos abandonen el país.