El diputado local de Morena, Arturo Maximiliano García, presentó una ambiciosa iniciativa de ley que busca despenalizar el aborto y garantizar acceso seguro y gratuito a servicios de salud reproductiva en Querétaro.
Acompañado de Mayra Dávila, representante de ADAX Digitales, integrantes del colectivo feminista y otros diputados de la 4T, García agradeció el respaldo de quienes han impulsado la causa.
“El mérito es de estas mujeres y de su incansable labor”, enfatizó.
La propuesta plantea modificar el artículo 136 del Código Penal del Estado, de modo que el aborto solo sea considerado delito si se realiza después de las 12 semanas de gestación, con excepciones en casos de violación, riesgo para la salud de la gestante o malformaciones graves del feto.
Además, legalizaría la práctica en instituciones de salud pública de Querétaro, asegurando el acceso universal, gratuito y sin condiciones.
“Legaliza su práctica, esto quiere decir que también las instituciones de salud podrán practicarla en estos términos sin que se considere como un delito.
Da acceso a esta práctica en instituciones de salud del estado de forma legal y gratuita”, explicó. La iniciativa también incluye un exhorto al Ejecutivo estatal y a las Secretarías de Salud, de las Mujeres y de Educación para lanzar una campaña intensiva sobre prevención del embarazo en niñas y adolescentes, subrayando la importancia de educar en métodos de prevención a sectores vulnerables.
Mayra Dávila, de ADAX Digitales, enfatizó la urgencia de garantizar los derechos de las mujeres sin depender de cabildeo entre legisladores: “Es un compromiso real por asegurar sus derechos”, subrayó.
La iniciativa, denominada “Ley Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del Código Penal y la Ley de Salud del Estado de Querétaro en Materia de Interrupción del Embarazo durante las primeras 12 semanas”, propone que las instituciones públicas de salud atiendan de manera universal y gratuita las solicitudes de interrupción del embarazo, independientemente de la cobertura de salud de las solicitantes.
Además, garantiza acceso a servicios de salud sexual y planificación familiar para aquellas que decidan practicarse un aborto, ofreciendo una atención integral y sin prejuicios.
La propuesta, fundamentada en tratados internacionales y recomendaciones de organismos como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, actualiza el Código Penal para eximir de responsabilidad penal a quienes interrumpan el embarazo en las primeras 12 semanas bajo causales específicas: violación, riesgo a la salud de la gestante o alteraciones congénitas del feto.
En estos casos, el personal de salud deberá brindar información completa y precisa para una decisión libre e informada. Las instituciones de salud pública deberán cumplir con la solicitud de interrupción del embarazo en un plazo máximo de cinco días naturales, una vez cumplidos los requisitos establecidos por la ley.
En cuanto a la objeción de conciencia, el legislador puntualizó que los médicos que se rehúsen a realizar el procedimiento podrán ejercer este derecho, pero estarán obligados a referir a la paciente a un médico no objetor para garantizar el acceso al servicio.
La propuesta modifica el párrafo primero de los artículos 136, 137, 138, 141 y 142 del Código Penal del Estado, adiciona y deroga varios artículos relacionados con el aborto, y reforma la Ley de Salud del Estado.
Finalmente, García exhortó al Ejecutivo estatal para que, a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Mujer, realice una campaña informativa sobre prevención del embarazo adolescente, y a la Secretaría de Educación para que supervise el apego de los programas de estudio a la Ley General de Educación en materia de salud reproductiva.