Querétaro, 26 junio de 2023.- Para salvaguardar el bienestar de las familias receptoras de pensiones alimenticias y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los grupos legislativos del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI) han presentado una iniciativa de ley.
La propuesta tiene como objetivo establecer como requisito fundamental para ocupar cargos públicos el cumplimiento de las obligaciones de pensión alimentaria, evitando que las personas deudoras alimentarias morosas puedan acceder a dichos puestos.
La diputada Mariela Morán Ocampo, presidenta de la Comisión de la Familia y Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, enfatizó la importancia de evitar que las familias queretanas dependan de evasores.
Dijo que las omisiones en cuanto a las pensiones alimenticias pueden derivar en irresponsabilidades por parte de los servidores públicos, perjudicando así a la ciudadanía en general.
Para abordar esta problemática, se propondrá una reforma a los Artículos 38 y 102 de la Constitución federal, así como modificaciones a los artículos 8, 17, 28 y 30 Bis de la Constitución local.
Estas modificaciones establecerán el cumplimiento de las obligaciones de pensión alimenticia como un requisito imprescindible para ocupar cargos públicos, asegurando que aquellos que ostenten responsabilidades públicas sean ejemplos de compromiso, ética y solidaridad.
La legisladora informó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país tres de cada cuatro hijos de padres separados no están recibiendo su pensión alimentaria.
Esta alarmante cifra obliga a los diputados a reflexionar y tomar medidas, ya que esta omisión impide a los menores acceder a una vida digna, privándolos de una alimentación adecuada, servicios de salud, un entorno seguro y un desarrollo integral.
"Este es un mensaje claro de que en Querétaro, la familia es una institución valiosa y que los deudores alimentarios morosos no serán tolerados, mucho menos en puestos de responsabilidad pública".
Con este paso, se fortalece la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, rompiendo la barrera de indiferencia y estableciendo la ética como un valor esencial de la vida pública.
Por su parte, la diputada Liz Selene Salazar Pérez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que los diputados serán defensores y trabajarán incansablemente para establecer las medidas necesarias que impidan que este tipo de personas puedan acceder a cargos como gobernador, diputado o miembro de algún ayuntamiento.