Atender embarazo adolescente y aborto, pendiente del Estado

Para avanzar hacia condiciones que permitan a las mexicanas decidir sobre su salud reproductiva el Estado debe orientar sus esfuerzos para atender el embarazo adolescente y la violencia obstétrica, prevenir las muertes maternas, garantizar el acceso de las mujeres a la seguridad social y despenalizar el aborto, consideró el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

En el contexto de cambio de gobierno y la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México, en noviembre de 2018 la organización GIRE publicó el informe “La pieza faltante. Justicia reproductiva”, donde delinea cinco temas que deben ser prioritarios por el Estado para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mexicanas.

EMBARAZO ADOLESCENTE
La atención a los elevados números de casos de niñas y adolescentes embarazadas es una de estas urgencias toda vez que México mantiene la tasa más alta de fecundidad adolescente entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): 73.6 nacimientos por cada mil mujeres entre los 15 a 19 años de edad.

Según el informe, únicamente en 2017 más 390 mil niñas y adolescentes se convirtieron en madres, lo que equivale a uno de cada seis nacimientos ocurridos en el país. Además, en promedio al día, hubo dos nacimientos de madres entre 10 y 11 años de edad.

GIRE indica que este número elevado de embarazos en niñas y adolescentes en México no sólo debe asociarse con el inicio temprano de la vida sexual o falta de información sobre uso y acceso a anticonceptivos, también se tienen que considerar los altos índices de violencia sexual que hay en el país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, 10 por ciento de las mujeres que reportaron haber tenido un embarazo adolescente vivieron violencia sexual.

Por ello la agrupación civil considera necesario que el personal de salud de todo el país cumpla con su obligación de proporcionar información y servicios de interrupción del embarazo producto de una violación sexual, como estipula la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046).

Esto porque de 2012 a septiembre de 2018 GIRE ha acompañado 38 casos de negación de servicios de aborto, 26 de los cuales corresponden a mujeres menores de edad a quienes las autoridades les ha obstaculizado este derecho.

Otras violaciones a los derechos sexuales y reproductivos en las que incurren las autoridades es la negación de métodos anticonceptivos.

GIRE señala que realizó solicitudes de información a centros de salud públicos sobre si las personas menores de 18 años deben cubrir algún requisito para solicitar información relacionada con anticonceptivos, a lo que, por ejemplo, el Hospital de la Mujer que depende la Secretaría de Salud, respondió que los menores de edad deben contar con “la firma de consentimiento de sus padres”.

Ello a pesar de que desde 2015 la Norma Oficial Mexicana 047 define que las y los adolescentes pueden solicitar al personal de salud consejería en materia de planificación familiar acompañados o no por su madre, padre, tutor o representante legal.

“La respuesta enviada por el Hospital de la Mujer evidencia total desconocimiento del marco normativo que prevé la obligación del Estado de garantizar a las y los adolescentes el derecho a la información y acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva”, indica la organización en su informe.

VIOLENCIA OBTÉTRICA
En relación a la violencia obstétrica, que es la violencia institucional que viven las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, la organización señala que el Estado debe transformar las condiciones estructurales del sistema de salud y no individualizar el problema al penalizar al personal de salud, considerando los obstáculos que enfrentan para realizar su trabajo en óptimas condiciones.

Apenas en 2017 se tuvo conocimiento de la dimensión de la violencia obstétrica en México, fue en el último censo de la Endireh que se incorporó por primera vez preguntas destinadas a evaluar la experiencia de las mujeres durante su último parto.

La encuentra reveló que de las 8.7 millones de mujeres que tuvieron al menos un parto entre 2011 y 2016, un 33 por ciento sufrió maltrato por el personal que la atendió.

Asimismo por medio de peticiones de información a las instituciones de salud federales y locales, GIRE reporta que de 2012 a septiembre de 2018 la Secretaría de Salud recibió 11 quejas por violencia obstétrica; el Instituto Mexicano del Seguro Social recibió de 427; el ISSSTE unas 239, los servicios de salud Pemex y la Secretaría de Marian tuvieron, respectivamente, seis y una.

En las instituciones de salud locales la organización contó un total de 867 quejas por violencia obstétrica, resalta que en Chiapas, Guerrero, Campeche, Morelos Colima Tamaulipas, Yucatán y Coahuila no hubo ninguna denuncia. En tanto, Baja California con 200 denuncias y la Ciudad de México con 101 son las entidades con el mayor número de casos.

En el mismo periodo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 567 quejas por violencia obstétrica, la mayoría concluidas durante el trámite, por no existir materia o por falta de interés, indicaron. Sólo se emitieron 40 recomendaciones en las que se prevé medidas de reparación por violaciones a Derechos Humanos de las mujeres.

MUERTE MATERNA
Otro esfuerzo que debe realizar el Estado es la atención a las muertes maternas, GIRE cree que se puede lograr a partir del acceso universal a servicios de salud obstétrica de calidad sin importar la derechohabiencia.

Según el informe, de 2012 a 2016 en México se han registrado 4 mil 283 muertes maternas, es decir, en promedio mueren 857 mujeres al año y dos al día por causas prevenibles durante el proceso obstétrico.

Estas fallas en el sistema de salud tienen un impacto particular para las mujeres de comunidades indígenas, en 2015 un 11 por ciento del total de muertes maternas en el país correspondieron a esta población.

DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
En los primeros meses de la nueva administración uno de los temas que ha avanzado son las propuestas que buscan despenalizar el aborto en todo el país.

Actualmente cada entidad federativa establece en qué circunstancias se puede abortar y las sanciones qué podría generar de no cumplirlas, únicamente en la Ciudad de México la interrupción del embarazo es voluntaria hasta las 12 semanas de gestación, desde 2007.

Ante este contexto GIRE defiende que la despenalización del aborto es una deuda que tienen el Estado mexicano con las mujeres, pues señala que mientras “se siga considerando como un delito en lugar de un servicio de salud” las mujeres seguirán colocando sus vidas en riesgo.

Las propuestas legislativas actuales que se discuten sobre la despenalización del aborto han generado que los grupos conservadores impulsen reformas a las constituciones estatales para “proteger la vida desde el momento de la concepción”.

GIRE recuerda que la última modificación de este tipo ocurrió en septiembre de 2018 en Sinaloa y recientemente, en diciembre, la presión social logró vetar una propuesta similar en Aguascalientes.

No obstante, hasta ahora 19 constituciones estatales tienen esta disposición que si bien no constituye un obstáculo para que las mujeres aborten por medio de las causales existentes en cada ley local, sí genera un clima de incertidumbre sobre el acceso a la interrupción del embarazo tanto en el personal de salud como en la población en general.