San Diego, 16 dic (EFE).- Una mujer de San Diego cuyo marido fue secuestrado y asesinado en la ciudad mexicana de Tijuana dijo que vivir las secuelas de un suceso como ese significa “un miedo que no termina”, aun cuando los delincuentes han sido detenidos, enfrentan cargos en Los Ángeles y se espera que México los entregue a las autoridades estadounidenses.
“Ellos están en custodia y ojalá que enfrenten a la justicia en Estados Unidos. Pero sus familiares están libres, posiblemente molestos, y nunca sabemos qué podemos esperar”, dijo la mujer a Efe.
Su esposo, también residente de San Diego (California), cruzó la frontera hacia Tijuana en marzo del año pasado como parte de sus actividades para una pequeña empresa de su propiedad, y ese mismo día fue secuestrado.
Los captores informaron por teléfono al hijo mayor que exigían 500.000 pesos (unos 25.000 dólares) de rescate. “Dejen de hacer lo que anden haciendo para que se pongan a juntar ese dinero”, exigieron. La suma se reunió en unas horas y se entregó en San Diego a un emisario de los secuestradores.
“Ya sabemos que pagaron. En un rato más lo vamos a dejar donde lo encuentren, o le vamos a pagar un taxi para que lo acerque (a la frontera)”, dijeron los delincuentes por teléfono, según recuerda la esposa.
Pero las horas pasaron sin que los familiares en San Diego recibieran noticias de la liberación. Al día siguiente, un domingo, el Servicio Forense de Tijuana recogía el cuerpo del hombre, quien fue asesinado por sus secuestradores.
La esposa accedió a contar a Efe lo sucedido a condición de no publicar su nombre o datos por los que la pudieran identificar, ni su fotografía.
Dijo que así como alguien se acercó en San Diego a recoger el dinero del rescate, también pudieran acercarse con intención de venganza.
Y es que los cargos que formuló un gran jurado federal en Los Ángeles contra los seis miembros de la banda de secuestradores y asesinos el pasado 7 de diciembre implican potencialmente la pena de muerte o cadena perpetua, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
MÁS SECUESTROS Y ASESINATOS
El caso del empresario de San Diego no fue aislado. Una averiguación conjunta de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y la Fiscalía Antisecuestros del fronterizo estado mexicano de Baja California encontró que la banda de Tijuana había cometido otros secuestros y asesinatos entre enero y abril de 2020.
Las víctimas eran ciudadanos estadounidenses o residentes legales que cruzaron la frontera hacia Tijuana, así como ciudadanos mexicanos que viven en Tijuana pero tienen familiares que pudieran pagar rescates desde el sur de California.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó a nueve víctimas de secuestro, seis de las cuales fueron asesinadas.
Por su parte, la Fiscalía en Baja California informó que los integrantes del grupo se encuentran detenidos. Los cargos que formuló el gran jurado en Los Ángeles son por conspiración para cometer secuestros que resultaron en muerte y conspiración para cometer extorsión.
El presunto cabecilla de la organización, Germán García Yera Hernández, de 37 años, y su lugarteniente, Victoria Camila Espinoza Ballardo, de 22, enfrentan adicionalmente cargos por secuestro que resultó en muerte y extorsión.
De acuerdo con datos de la FBI, el grupo tomaba rehenes a los que generalmente atraía a encuentros con falsos pretextos, luego los amagaba a punta de pistola, los ataba y, a menudo, los golpeaba salvajemente.
Luego llamaba por teléfono a los familiares de las víctimas en Estados Unidos para exigir dinero y vehículos a cambio de la liberación de sus seres queridos.
“Si las víctimas no tenían familiares que pudieran pagar el rescate, eran asesinadas, como sucedió con quienes la acusación llama Víctima A, Víctima B y Víctima I”, detallaron los fiscales del Departamento de Justicia en Los Ángeles.
Otras tres muertes fueron ejecuciones supuestamente para proteger la identidad de los integrantes del grupo pese a que los familiares habían pagado el rescate, como fue el caso del empresario de San Diego.
Además de Germán García Yera y Victoria Camila Espinoza los acusados son Gilberto Omar Ávila López, alias "Luis Enrique Ávila Moreno”, de 27 años; Aylín Estrada Reyes, de 24; Joel Eduardo Mascorro Delgado, de 22, y Oscar Bautista Valencia, de 30 años. Todos los imputados son de nacionalidad mexicana.
Los seis acusados están detenidos en México, donde enfrentan cargos adicionales. No se ha informado de una fecha para su extradición a Estados Unidos.