Querétaro, 17 de febrero de 2026. — Una iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial del Estado, armonizada con la Constitución federal, presentará ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo la diputada del Partido del Trabajo Claudia Díaz Gayou, acompañada de los legisladores Eric Silva Hernández y Rosalba Vázquez Munguía.
La propuesta llega luego de que el Poder Ejecutivo enviara su propia iniciativa sobre el mismo tema, con la que la legisladora identifica diferencias de fondo en cuanto a la estructura del órgano de administración judicial, los requisitos para magistrados y los plazos del cargo.
La reforma judicial en Querétaro tiene como antecedente dos proyectos presentados previamente por la Cuarta Transformación en el Congreso del Estado, los cuales ya fueron dictaminados y agotaron su procedimiento legislativo.
Díaz Gayou indicó que espera que su nueva iniciativa y la del Ejecutivo sean analizadas de manera conjunta y puedan acumularse en el proceso legislativo.
La legisladora identificó ambigüedades concretas en la propuesta del Ejecutivo estatal, entre ellas la fórmula "al menos debe haber 13 magistrados", que a su juicio abre la puerta a interpretaciones contrarias al espíritu de la reforma.
"Cuando el espíritu de la reforma al Poder Judicial es muy claro, y solo se tiene que hablar de 13 magistrados", precisó. A juicio de Díaz Gayou, los requisitos para aspirar al cargo deben quedar establecidos en la Constitución y no delegarse a leyes secundarias como la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde, según la legisladora, podrían fijarse criterios a conveniencia.
Exfuncionarios y salarios de retiro, en el centro del debate
Díaz Gayou señaló que entre las restricciones que su iniciativa busca blindar constitucionalmente figura la prohibición expresa para que exfuncionarios públicos —gobernadores, legisladores, integrantes de ayuntamiento, secretarios del Ejecutivo, fiscales, entre otros— puedan aspirar a jueces o magistrados.
También apunta a eliminar la prerrogativa que permite a magistrados retirados cobrar un salario equivalente a la mitad del tiempo que estuvieron en el cargo, prestación que, según la legisladora, la reforma judicial nació precisamente para suprimir.
Sobre el órgano de administración judicial, la diputada del PT acusó, según su interpretación, que el Ejecutivo estatal busca constituirlo antes de que se realice la elección de los nuevos jueces y magistrados.
"Lo quiere hacer antes de la elección para que pueda tener el control de la administración del Poder Judicial", indicó Díaz Gayou. En contraste, la propuesta de la 4T establece que dicho órgano debe conformarse una vez que los nuevos impartidores de justicia ya estén electos, a fin de garantizar, a juicio de los legisladores, la independencia del proceso.
En cuanto a los plazos, la iniciativa del Ejecutivo propone una elección escalonada de 7 magistrados con duración de nueve años y 6 con duración de seis años; mientras que la propuesta del PT plantea una duración constitucional uniforme de nueve años con renovación escalonada para evitar la parálisis institucional.
