Lo cierto es que se van a cumplir dos años desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de la Presidencia de la República y con él la ex ministra Olga Sánchez Cordero, quien se ha encargado en el Gabinete Federal de las políticas para atender los reclamos y los derechos de las mujeres.
También, se cumplieron dos años que el gobierno de México presentó su informe periódico al Comité de la CEDAW en donde se acordó que tendría que presentar un informe de medio tiempo para explicar cuáles son las acciones urgentes que ha implementado respecto a la tipificación del delito de feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el asesinato de mujeres por ser mujeres.
También, debería informar sobre las medidas para la simplificación y armonización en todo el país de los procedimientos para la activación de la Alerta AMBER y el Protocolo Alba, sobre la agilización de la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas, y las acciones para evaluar las Alertas de Violencia de Género, así como los trabajos para acelerar la investigación y determinación del feminicidio de Pilar Argüello Trujillo, perpetrado en Veracruz, en 2012.
Y muchas de nosotras nos preguntamos qué tienen que informar ya que no se han implementado políticas públicas efectivas para reducir el feminicidio, las violaciones sexuales y la desaparición de mujeres y niñas. Tampoco políticas para erradicar los estereotipos de género que permitan disminuir el machismo y la violencia contra las mujeres, la discriminación y su inferioridad.
Y decimos qué es lo que tiene que informar el gobierno mexicano, si en lugar de avanzar en las recomendaciones del Comité de la CEDAW, porque como informó Cimacnoticias en su artículo titulado “Hacienda recortó 2 mil millones de pesos para la atención de los derechos de las mujeres”, entre otras cosas, que “…el gobierno federal quitó 2 mil millones de pesos (mdp) destinados a la atención de mujeres víctimas de violencia y que padecen cáncer, VIH/SIDA o necesitan atención de su embarazo y parto.
Al revisar los datos de transparencia presupuestaria, Cimacnoticias observó que la consigna de “hacer más con menos” —como la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, se refirió a estos ajustes—, alcanzó a 40 de 93 programas presupuestarios del Anexo 13. En este apartado se concentra el gasto específico para cerrar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.
La Secretaría de Haciendarealizó un recorte brutal, que en cifras cerradas, ascendió a 414.5 mdp al programa de Salud materna, de la Secretaría de Salud (16.9 por ciento de lo que originalmente se había solicitado). Lo que representa que hoy se cuenta con menos dinero para atender a las mujeres embarazadas, con cáncer de mama y cérvico uterino y a mujeres con enfermedades pulmonares.
Lo mismo sucedió con el dinero para energía eléctrica y viáticos, así como para investigación y honorarios del personal médico, los subsidios para las entidades federativas, materiales de oficina,limpieza, medicinas, productos farmacéuticos y material médico para las mujeres. Es esto lo que realmente va a informar el gobierno mexicano al Comité de la CEDAW.
Otro programa que resultó gravemente afectado fue el de prevención y atención del VIH/Sida y otras infecciones de trasmisión sexual, que sufrió un recorte de 34.9 millones de pesos (8 por ciento de lo que la Secretaría de Salud había solicitado en el Anexo 13).
Los ajustes también obligan a las dependencias a no gastar en equipos informáticos, congresos y convenciones; pero también, en medicamentos y productos clínicos.
Por otro lado, la Secretaría de Hacienda también recortó a Salud 4.4 mdp para capacitación de recursos humanos, lo que representa(21.5 por ciento de lo aprobado); y 13.1 mdp pesos para investigación (10.1 por ciento de lo otorgado). Estos programas son para capacitar a técnicos y médicos radiólogos para realizar mastografías y leer tamizajes; formar promotoras de la salud para mujeres; fomentar la investigación; y para la estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente.
Hacienda aplicó sus políticas de austeridad sin importar las necesidades más apremiantes de las mujeres, como la violencia y la salud, ya que durante el primer semestre del 2020, fueron víctimas de feminicidio 2 mil 240 mujeres, 11 por día, y 575 más murieron por complicaciones durante el embarazo, parto, postparto y puerperio. Estas cifras van en aumento a diario, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la Secretaría de Salud, respectivamente.”…
Y vale la pena mencionar que cuando se prepararon los informes sombra al Comité de la CEDAW se registraban 8 mujeres víctimas de feminicidio cada día y hoy, como se menciona líneas arriba ya vamos en 11, además de las que murieron por causas prevenibles, como el parto, postparto y puerperio o cáncer de mama y cervicouterino.
También se redujeron los fondos para la asistencia a víctimas y no existen políticas a favor de las niñas y niños huérfanos del feminicidio.
Y a pesar de que la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, había informado que ya se tenía listo el informe de medio tiempo y que estaba en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el pasado 31 de octubre, hasta donde supimos, la SRE solicitó al Comité de la CEDAW una prórroga, sin establecer el término de la prórroga, lo que informó en un boletín de prensa y demás informó que no ha entregado nada. Este informe debió enviarse en julio pasado-, con el fin de exponer las medidas que adoptó México respecto a algunas de las últimas recomendaciones que emitió este organismo, en 2018.
Piden prórroga al Comité de la CEDAW porque no tienen qué informar
04
de Noviembre
de
2020
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