De acuerdo a las cifras definitivas del Sistema de Comunicación Social (Comsoc) publicadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en 2019 se presupuestaron 5.212 millones de pesos (unos 231,7 millones de dólares) para publicidad oficial.
Pero el Gobierno federal gastó durante ese mismo año un total de 3.245 millones de pesos (unos 144,3 millones de dólares), dejando de ejercer cerca de 2.000 millones de pesos (unos 89 millones de dólares), informó Artículo 19 en un comunicado.
Aunque podría ser positivo que el gasto haya sido menor de lo establecido en un principio y alrededor de una tercera parte del ejercido durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), "preocupa que se mantengan las malas prácticas al momento de ejercer este gasto".
"Persisten los vicios y malas prácticas como la concentración y discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la distribución. ARTICLE 19 y Fundar insistimos en la abrogación de la Ley General de Comunicación Social para acabar con vacíos y malas prácticas que históricamente han contribuido a vulnerar la libertad de expresión y el derecho a la información", expresaron.
Esta acusación viene de que 5 de los 564 medios de comunicación que cuentan con presupuesto público acumulan el 40 % de los recursos.
Asimismo, de las 117 instituciones del Gobierno federal que destinaron gasto para publicidad oficial en el 2019, tres de ellas concentraron el 67 %.
"(Esto) significa que las viejas prácticas continúan repitiéndose, La concentración del gasto es una práctica constante en los últimos gobiernos", añadió la organización.
Artículo 19 consideró que, de nuevo, se han originado y fortalecido brechas entre los diversos medios de comunicación y también se ha visto una falta de planeación que puede derivar en ineficiencia.
Más del 90 % del gasto se encuentra concentrado en los dos últimos meses de 2019.
"ARTICLE 19 y FUNDAR recuerdan que precisamente en un contexto de alta conflictividad social como lo es el que estamos viviendo en este momento,(...) es precisamente el momento en el que la información se vuelve un elemento esencial para garantizar certidumbre, evitar el caos y promover el desarrollo", sentenciaron.
Por ello opinaron que el Gobierno debe tomar medidas para garantizar a la población estar bien informada y instaron a las instituciones a abrogar a actual Ley General de Comunicación Social y trabajar en generar a una nueva discusión para la creación de una ley que regule los vacíos y malas prácticas.