Cual si fuera un acuerdo entre jueces y feminicidas, Sonora se caracteriza por la baja sentencia por el delito de feminicidio, a pesar de que la Fiscalía General de Justicia del estado acreditó ese delito en casi la mitad de los casos de asesinatos de mujeres.
En 2017, un total de 69 mujeres fueron privadas de la vida en Sonora, casos de los cuales 32 fueron investigados y acreditados como feminicidio por la fiscalía, con base en el Código Penal del estado de Sonora.
No obstante, solo nueve sentencias condenatorias por feminicidio fueron resueltas por jueces del poder judicial, y dos casos más fueron reclasificados a homicidios dolosos durante 2017.
Pero la baja sentencia se viene arrastrando en los últimos años como una tendencia generalizada al grado que en el sistema oral, en el año 2016, solo se produjo una sola sentencia condenatoria por feminicidio.
El problema es que si bien ha subido la cantidad de sentencias, esto no es significativo, pues de seis en 2016, solo subió a nueve en 2017.
En cuanto al feminicidio en grado de tentativa sucede algo similar. En 2017 se sentenció a tres personas en el sistema tradicional y diez en el sistema oral, a través del procedimiento abreviado.
En ambos hubo reclasificaciones. Dos en el sistema tradicional a los delitos de: homicidio simple doloso y a lesiones calificadas. En tanto en el sistema oral se reclasificó uno al delito de “lesiones que ponen en peligro la vida”.
En repetidas ocasiones hemos acudido al Poder judicial a pedir audiencia con el presidente, sin éxito, pues en ninguna ocasión ha querido recibir a las organizaciones de la sociedad civil.
Y si bien, hemos sido recibidas por otras personas relacionadas y de cierta jerarquía, se nos ha negado, por parte del funcionario, el derecho de audiencia como ciudadanas.
Y es que al menos en tres casos emblemáticos a los que hemos dado seguimiento puntual, los jueces han dilatado su resolución e incluso han puesto obstáculos para que los juicios finalicen con una sentencia que favorezca a la víctima.
El caso de Jessica Rosario Vega Borbón se viene arrastrando desde la administración anterior sin que la actual haya sido capaz de agilizar la sentencia que por feminicidio pidió la fiscalía que ha acreditado el delito cometido a principios de 2016.
Por otra parte, el caso de Diana Domínguez, asesinada y enterrada por su jefe, es lamentable, pues el juez que resolvió decidió desestimar las pruebas contundentes para condenar al responsable.
Y el último caso que es inexplicable se trata de un feminicidio en grado de tentativa en el que el agresor infligió 17 puñaladas en cabeza, cuello y cara de su pareja, perforándole la tráquea y para el cual la fiscalía estatal a través de la Vicefiscalía de feminicidios y delitos de género, pidió 20 años de prisión.
Sin embargo, el juez Francisco Jiménez Fox consideró que 20 años era excesivo, así que rebajó la pena a diez años y seis meses de prisión para el feminicida en potencia.
Todoesto hace pensar que el poder judicial no está preparado para enfrentar el compromiso de juzgar con perspectiva de género, pues la ligereza con que trata los casos y la dilación en sus resoluciones, hacen pensar que tienen simpatía por los feminicidas.
La falta de sensibilidad y empatía con las víctimas queda de manifiesto por la frialdad con que son tratadas las familias en las audiencias.
Es entendible que los jueces deben ser y son libres para definir con base en los elementos que tengan, las resoluciones sobre los casos, sin que nadie los presione ni influya en éstas.
Sin embargo, es obligación del Estado tener una política pública en relación al cumplimiento con los tratados internacionales firmados por México, así como los postulados de las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte interamericana de Derechos Humanos.
Todo ello parecería no figurar en el panorama de los jueces en Sonora, que han tenido la oportunidad de brindar justicia a las víctimas de feminicidio.
La mayoría nunca toma en cuenta dichas obligaciones, mucho menos las invocan. No tienen convicción de éstas por lo que no permean en sus sentencias.
Antes era la Fiscalía la institución que no hacía suya la legislación sobre feminicidio para investigar los casos y darles una resolución acorde a la magnitud del daño ocasionado.
Poco a poco ha ido aumentando la experiencia en la aplicación del Protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género, lo que se traduce en más casos clasificados como feminicidio.
No obstante, es el poder judicial el que se encarga de bloquear un cierre exitoso para las víctimas, como podría ser una sentencia equiparable al daño y secuelas ocasionados a la propia víctima y a sus familias.
El Poder judicial en Sonora está quedando a deber más y mejores sentencias para los feminicidas. Si no avanza en resolver los casos de acuerdo a los más altos estándares de respeto a los Derechos Humanos, pronto empezaremos a ver a Sonora en los tribunales internacionales.
La aberración que constituye dilatar o rebajar las sentencias por la más grave violación a los Derechos Humanos de las mujeres, el feminicidio consumado o en grado de tentativa, es una de las omisiones más grandes del poder judicial que se traduce en impunidad ¿Es eso lo que quiere?
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
