Ciudad de México, abril (SEMlac).- (depositphotos) La pobreza en mujeres en América Latina creció 16 puntos en 10 años, según el informe de indicadores que Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha preparado para discutir en México, en agosto próximo.
Esto quiere decir que hay 121 mujeres en la pobreza por cada 100 hombres en la misma situación en América Latina, pese a que la incidencia de la pobreza ha disminuido en la última década en la región.
Se explica así: el índice de feminidad de la pobreza se incrementó de 105 en 2003 a 113 en 2013 y a 121 en 2023, dijo Ana Güezmes, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, en la presentación del Informe de Indicadores de Género en América Latina.
El documento fue presentado en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2030, que se llevó a cabo del 31 de marzo al 4 de abril en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile.
El diagnóstico sirve, se dijo, para acelerar el ritmo hacia la igualdad de género, en el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que tendrá lugar en México, en agosto de este año.
Avanzar hacia una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible supone también caminar hacia la sociedad del cuidado, donde las personas tengan garantizado el derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado, expresó Ana Güezmes.
Progresos en riesgo
Destaca la estrategia propuesta en los indicadores del ODS 8 de trabajo digno, que señala que, con las inversiones adecuadas, el sector del cuidado puede convertirse en uno de los más dinámicos para la creación de empleo. Según datos del Simulador de Inversión en Políticas de Cuidado desarrollado por la CEPAL y la OIT, para 2035, la inversión necesaria para cubrir necesidades de cuidado en la región podría generar 32 millones de empleos directos (81% de ellos para mujeres), en servicios universales de cuidado infantil temprano y de cuidados de largo plazo, además de llevar a la creación de 10,5 millones de empleos indirectos adicionales.
Los países de América Latina y el Caribe han avanzado en la implementación de medidas para lograr la igualdad de género, pero los nudos estructurales de la desigualdad persisten y los progresos se ponen en riesgo en un contexto de crisis del desarrollo, advierten CEPAL y ONU Mujeres.
Combina el seguimiento de los compromisos intergubernamentales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda Regional de Género, destacando la interrelación entre estos marcos para avanzar y promover la igualdad de género con base en datos.
América Latina y el Caribe no ha logrado la paridad, lo que obstaculiza la aplicación de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. A su vez, los datos muestran que la violencia de género contra las mujeres y las niñas continúa siendo una vulneración crítica de los derechos humanos, cuya expresión más extrema es el femicidio o feminicidio.
Las mujeres continúan excluidas de participar con igualdad de oportunidades en el mercado laboral, debido a los patrones culturales patriarcales y a la sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerado que recae en ellas, limitando su tiempo y capacidad para, entre otras cosas, percibir ingresos propios.
Adoptar estrategias de aceleración de los ODS que fortalezcan el acceso a servicios esenciales resulta fundamental para superar la pobreza, ya que es uno de los nudos estructurales de la desigualdad de género en América Latina.
Se señala que es fundamental promover la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, en sinergia con sistemas nacionales de cuidados y medidas que aseguren la capacitación, la protección social y la igualdad salarial y de ingresos.
Fin de la pobreza ODS 1
Tres de cada 10 mujeres se encontraban en situación de pobreza y una de cada 10 en situación de pobreza extrema en América Latina en 2023. La brecha de género en la incidencia de la pobreza se amplía entre los 15 y los 44 años, llegando a su valor máximo en el grupo de 25 a 34 años, con una diferencia de 6,8 puntos porcentuales.
El 26 por ciento de las mujeres no tuvo ningún tipo de ingreso propio en 2023 en América Latina, comparado con el 10 por ciento en el caso de los hombres.
La pobreza afecta desproporcionadamente a mujeres, niñas y niños, mujeres afrodescendientes e indígenas, poblaciones rurales y mujeres jóvenes en América Latina.
El 40,2 por ciento de las mujeres que viven en áreas rurales se encuentra en situación de pobreza, lo que representa 1,6 veces la proporción que lo hace en zonas urbanas (25,3%). La pobreza extrema afecta al 19 por ciento de las mujeres en el área rural, mientras que en el área urbana esta cifra es del 8,8 por ciento, lo que muestra una brecha de 10,2 puntos porcentuales.
Es imprescindible establecer estrategias integrales para la superación de la pobreza que se articulen con las políticas de inclusión laboral y el fortalecimiento de los sistemas de protección social, teniendo en cuenta las necesidades y trayectorias diferenciadas entre mujeres y hombres.
Seguridad alimentaria ODS 2, alejada de la meta
La inseguridad alimentaria es otro de los nudos estructurales. Los indicadores sobre desnutrición y seguridad alimentaria y malnutrición muestran tendencias que se alejan de las metas para 2030.
Asimismo, la agricultura sostenible enfrenta una tendencia negativa. Si bien en las áreas de inversión en agricultura y conservación de recursos genéticos para la agricultura, la dirección de la tendencia es favorable, el ritmo de avance es lento para garantizar su logro.
La proporción de mujeres embarazadas con anemia (21,9%) es mayor a la de las mujeres no embarazadas con anemia (17,1%) en América Latina y el Caribe (2019).
El 30,3 por ciento de las mujeres en América Latina y el Caribe sufrió inseguridad alimentaria en 2022, valor superior al 25,1 por ciento en el caso de los hombres. El promedio del ingreso de las mujeres que producen alimentos representó entre el 50 por ciento y 82 por ciento del ingreso de los hombres que producen alimentos en siete países de América Latina, con datos de entre 2008 y 2021.
Entre las estrategias como invertir en infraestructura agrícola y programas de asistencia alimentaria, está la de diseñar estrategias que reconozcan y recompensen el trabajo de las mujeres en la agricultura familiar, facilitando su acceso a ingresos propios seguros y seguridad social, lo cual fortalecerá su resiliencia frente a las fluctuaciones de precios y la disponibilidad de alimentos, garantizando una mayor estabilidad económica y social.
En materia de salud, avances desiguales ODS 3
En materia de salud y bienestar, que es el ODS 3, se enfrentan importantes desafíos, con avances desiguales en las metas analizadas. Existen avances positivos en algunas áreas, ya que la región ha alcanzado o está en camino de alcanzar las metas en relación con la mortalidad infantil, pero se aleja de las relacionadas con la mortalidad materna, las enfermedades no transmisibles y salud mental, y la gestión de riesgos para la salud.
En el caso de la salud sexual y reproductiva, como en la cobertura de inmunización y personal sanitario, enfermedades transmisibles y abuso de sustancias, el avance es demasiado lento para alcanzar los objetivos en 2030.
En América Latina y el Caribe hay, en promedio, 87,6 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos (2020) y 94,3 por ciento de los partos fueron atendidos por personal sanitario especializado en 2023. En tanto, se registraron 50,6 nacimientos por cada 1.000 mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años.
El 83,3 por ciento de las mujeres de entre 15 y 49 años cubrió sus necesidades de planificación familiar con métodos modernos en América Latina y el Caribe en 2023.
La probabilidad de morir entre los 30 y 70 años de edad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas fue del 12,6 por ciento en mujeres y 17,1 por ciento en hombres, en 2019.
Se proponen algunas estrategias, como asegurar la continuidad de servicios esenciales -incluida la atención prenatal y postnatal-, mediante sistemas móviles y telemedicina; y priorizar la prevención de la malnutrición en mujeres embarazadas y lactantes en situaciones de conflicto, desplazamiento o crisis climática y alimentaria, con financiamiento adecuado y oportuno.
También, integrar la perspectiva de género en las políticas de salud así como promover el acceso universal a servicios de salud de calidad, eliminando brechas estructurales y garantizando atención médica oportuna, especialmente en contextos de crisis y desplazamiento.
Igualmente, reforzar los marcos normativos, las políticas públicas y los presupuestos para que todas las personas puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sin discriminación y acceder a anticonceptivos, servicios de planificación familiar y atención materna de calidad.
Avances insuficientes en Igualdad de Género (ODS 5)
En el Objetivo de la Igualdad de Género, la meta de presupuesto con perspectiva de género que, se refiere a la asignación de fondos para el empoderamiento, es la única meta que muestra una tendencia favorable a alcanzarse en 2030.
En las metas relacionadas con violencia contra las mujeres y las niñas, matrimonio infantil, la participación de mujeres en posiciones de liderazgo y el uso de tecnología para su empoderamiento, la tendencia es correcta pero el ritmo de avance no es lo suficientemente rápido para alcanzarlas en 2030.
En cuanto a los marcos normativos para la igualdad, pese a los esfuerzos y avances de los países, la meta está alejada para el 2030.
Llama la atención que refieren que no existe información suficiente para lograr un promedio regional en materia de cuidados; sin embargo, al menos 8 países tienen más de una medición entre 2015 y 2025, lo que permite calcular el progreso o retroceso (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, República Dominicana y Uruguay).
En América Latina, las mujeres dedican entre el 12 por ciento y el 24,2 por ciento de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. En el caso de los hombres, esta proporción se encuentra entre el 3 por ciento por ciento (Honduras) y 12,5 por ciento (Cuba), según los último datos disponibles.
Una de cada cinco mujeres de entre 20 y 24 años estaban casadas o unidas antes de cumplir los 18 años en América Latina y el Caribe en 2023 y, ese mismo año, al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 27 países y territorios de la región.
El 8,3 por ciento de mujeres y niñas de entre 15 y 49 años había sufrido violencia física, sexual o ambas a manos de su actual o anterior pareja en los últimos 12 meses de 2018.
Únicamente el 72 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años tomaba sus propias decisiones informadas sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención de la salud reproductiva en 2024.
Solo 31 por ciento de los países latinoamericanos y caribeños tiene leyes y regulaciones para garantizar el acceso a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo y 57 por ciento dispone de leyes y regulaciones para el acceso a la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) (2022).
Apenas 13 por ciento de los países de la región cuenta con sistemas para el seguimiento de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como la asignación de fondos públicos para ese fin (2021).
En tanto, 60 por ciento de los países cuentan con las leyes y regulaciones necesarias para garantizar el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y 67 por ciento de los países tienen leyes sobre educación sexual en el plan de estudios.
Solo 35,8 por ciento de los escaños en los parlamentos nacionales de América Latina y el Caribe fue ocupado por mujeres en 2024. De los escaños elegidos en los órganos deliberantes de los gobiernos locales, solo 27,2 por ciento por ciento fue ocupado por mujeres (2023).
El 70 por ciento de los mecanismos para el adelanto de las mujeres en América Latina (20 países) tiene nivel ministerial o un rango equivalente. En el Caribe (18 países) este porcentaje es de 16,7 por ciento (2024).
Se propone como estrategia que es imperativo impulsar, financiar e implementar leyes y políticas destinadas a erradicar la violencia por razón de género y la discriminación contra las mujeres y las niñas; que permitan prevenir, responder y reparar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, así como transformar los patrones culturales patriarcales y garantizar la protección contra prácticas nocivas como el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas.
Así como la creación y ejecución de políticas y sistemas integrales de cuidados con enfoque de género, derechos humanos e interseccionalidad, que contribuyan al desarrollo inclusivo, la prosperidad colectiva, el empleo digno y la corresponsabilidad del trabajo de cuidado.
Es fundamental garantizar el acceso de las mujeres y jóvenes a la propiedad de la tierra, mediante la creación e implementación de normas jurídicas sobre la propiedad, la inscripción de tierras, el derecho de familia, el derecho sucesorio, entre otros que consideren las situaciones diferenciadas entre mujeres y hombres.
ODS Trabajo digno
En la región, en 2023, cerca de la mitad de las mujeres de 15 años y más participaban en el mercado laboral, mientras que, en el caso de los hombres, esta cifra alcanzaba las tres cuartas partes.
Estas diferencias en la participación laboral, junto con la segregación ocupacional, la desigualdad salarial y la mayor probabilidad de que las mujeres tengan empleos a tiempo parcial a causa de las responsabilidades de cuidados, perpetúan las brechas de género en el mercado laboral y limitan su capacidad de percibir ingresos propios y ejercer su autonomía.
La tasa de desempleo femenina en América Latina y el Caribe sigue superando a la masculina y los ingresos laborales de las mujeres continúan representando solo una fracción de los de los hombres. Cerrar estas brechas no solo impulsaría la autonomía económica de las mujeres, sino que también les garantizaría mayor estabilidad, acceso a seguridad social y mejores oportunidades de desarrollo profesional.
El trabajo doméstico remunerado en la región refleja profundas desigualdades de género, clase y etnia, y se caracteriza por altos niveles de precarización e informalidad. Esta situación exige acciones para la consolidación de los sistemas integrales de cuidado y, también, el reconocimiento del cuidado como un trabajo que es calificado y dinamizador de la economía.
Poco más de la mitad (51,6%) de las mujeres de 15 años y más participaban en la fuerza de trabajo en América Latina en 2023, en comparación con el 76,9 por ciento de los hombres en esas edades. Esta diferencia se hace mayor entre los 25 y 59 años.
El 50,8 por ciento de las mujeres ocupadas en el mercado laboral trabajaron en condiciones de informalidad en 2023. Este porcentaje fue del 52,6 por ciento en el caso de los hombres ocupados en América Latina y el Caribe, mientras 16,6 por ciento de las mujeres jóvenes (15 a 24 años) de América Latina y el Caribe estaba desempleadas ese año. Esta tasa es 5 puntos porcentuales superior a la de los hombres (11,8%) de la misma edad.
Persiste la brecha salarial en todos los países con información: por cada 100 unidades monetarias que los hombres empleados (dependientes) recibieron como ingresos laborales en 2023, las mujeres empleadas percibieron 82.
De las personas jóvenes (15 a 24 años) en 2023: 24,1 por ciento de las mujeres no cursan estudios, ni están ocupadas en el mercado laboral. Este porcentaje es del 10,2 por ciento en el caso de los hombres, lo que refleja una brecha de 13,9 puntos porcentuales. El 17,4 por ciento de las mujeres no estudian ni están ocupadas en el mercado laboral debido al trabajo de cuidado no remunerado que realizan en su hogar, frente al 1,9 por ciento de los hombres.
El 7,9 por ciento de los niños y 4 por ciento de las niñas (5 a 17 años) realizaron trabajo infantil en 2020 en América Latina y el Caribe (Indicador 8.7.1).
Se necesita reconocer, reducir y redistribuir el cuidado no remunerado y promover la adecuada remuneración y representación de las personas que trabajan en el sector del cuidado remunerado.
Es fundamental avanzar en el reconocimiento y la garantía de los derechos de quienes realizan trabajo doméstico remunerado, en su gran mayoría mujeres, por lo cual deben ratificarse e implementarse el Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) de la OIT y la Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 201).
Equipos de rescate trabajan en los vagones descarrilados en Adamuz. Las labores se prolongaron durante toda la noche del domingo. Foto: Guarcia Civil. 