Querétaro, 9 Dic 2024.- A fin de combatir la impunidad y endurecer las sanciones contra servidores públicos corruptos, el diputado del PRI, Paul Ospital Carrera, presentó una iniciativa para reformar la Constitución local y el Código Penal del Estado, buscando imponer “muerte civil” a quienes cometan actos de corrupción en Querétaro.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, Ospital Carrera indicó que el país enfrenta un contexto donde el costo de ser corrupto resulta mínimo, por lo que se requieren medidas más severas para erradicar este problema.
“Pareciera, a veces, una medida extrema que no le permite a la gente reinsertarse de manera plena en la sociedad, pero ante una situación como la que vive el país en materia de corrupción, lo que se requiere, precisamente, son medidas extremas para erradicar este cáncer que ha hecho metástasis”, expresó.
La propuesta incluye modificaciones a los artículos 8 y 37 BIS de la Constitución Política del Estado de Querétaro y al artículo 260 del Código Penal estatal, con el objetivo de impedir que servidores públicos acusados de corrupción accedan a salidas alternas, como acuerdos reparatorios, suspensiones o criterios de oportunidad. Esto garantizaría que los responsables enfrenten un juicio y una sentencia que les impida volver a ocupar cargos públicos o postularse a cargos de elección popular.
El legislador explicó que, aunque el procedimiento abreviado permite reducir penas a cambio de aceptar la responsabilidad, este proceso dejaría un antecedente penal en el servidor público.
“Cuando vemos los índices de impunidad, en los que nueve de cada 10 casos no terminan en una sentencia y que uno de cada dos terminan teniendo una suspensión, un acuerdo reparatorio o un criterio de oportunidad, entonces el costo de ser corrupto en este país es bajísimo”, afirmó.
Finalmente, Ospital Carrera reiteró que la iniciativa busca “Literalmente, la muerte civil” de toda aquella persona que hubiese cometido uno o más de los 17 actos de corrupción que estipula el Código Pena. La intención es aplicar sanciones más severas que fortalezcan la transparencia y castiguen de manera permanente los actos de corrupción en el servicio público, aseguró el priísta.
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