En una declaración que ha resonado en ambos lados de la frontera, Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó: “Vamos a abrir las puertas del infierno contra los cárteles mexicanos”.
Esta enfática declaración marca el inicio de una nueva y agresiva ofensiva contra las organizaciones criminales que operan en México.
El 19 de febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que clasifica a varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras.
Entre los grupos designados se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos, así como las pandillas sudamericanas Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13).
Esta designación permite al gobierno de Estados Unidos utilizar un abanico más amplio de tácticas y recursos para enfrentar estas amenazas, incluyendo sanciones financieras y posibles operaciones militares.
La orden ejecutiva firmada por Trump no es solo una declaración simbólica; es un compromiso tangible de desplegar recursos federales y tácticas militares contra los cárteles.
Entre las medidas anunciadas se incluyen operaciones encubiertas por parte de la CIA, espionaje intensificado y colaboración con gobiernos regionales para entrenar unidades locales en operaciones antinarcóticos. Esta estrategia pretende desmantelar las redes de narcotráfico que han sembrado violencia y corrupción en la región.
Sin embargo, esta política no ha estado exenta de controversia. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su preocupación por las repercusiones que estas acciones puedan tener en la estabilidad y seguridad del país.
Sheinbaum enfatizó que México no permitirá intervenciones ni interferencias extranjeras sin autorización del gobierno mexicano y propuso reformas constitucionales para proteger la soberanía nacional. Además, anunció iniciativas para endurecer las penas contra el tráfico de armas y limitar la injerencia de agencias extranjeras en asuntos internos.
La designación de los cárteles como organizaciones terroristas también ha generado preocupación entre expertos y defensores de derechos humanos.
Algunos argumentan que esta medida podría complicar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México, además de potencialmente afectar a solicitantes de asilo y migrantes. Otros temen que la escalada en las tácticas de combate pueda desencadenar una mayor violencia en las comunidades afectadas.
