Cd. de México, abril (SEMlac).- (depositphotos) Al menos seis defensoras de la tierra y el territorio fueron asesinadas y 860 agredidas en México, por oponerse al megaproyecto del tren maya, la granja porcina en Yucatán, el corredor interoceánico en Oaxaca, la explotación del agua de la empresa Bonafont en Puebla y diferentes proyectos mineros e inmobiliarios a lo largo del país.
Así lo sostiene el informe más reciente de agresiones a defensoras de la tierra difundido por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), que abarca 12 años de análisis y registros, y que se difundió el 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra.
Entre 2012 y 2024, se documentaron 9.629 agresiones contra defensoras y organizaciones por la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica. De ellas, más de mil registrados en México, con 13,4 por ciento. De 35 asesinatos, seis ocurrieron en México (18%) y además se agregan 860 agresiones como respuesta a actos de resistencia, sólo entre 2018-2024.
El Mapa Mundial de Justicia Ambiental sostiene que el 11 por ciento del territorio nacional está concesionado a la explotación minera, lo que ha generado, como se documenta, 211 casos de conflictos ambientales en México. El informe sostiene que gran porcentaje del territorio mesoamericano está concesionado para la explotación minera, y que este 11 por ciento de México es mayor al 1,6 por ciento en Honduras y 4,84 por ciento en Guatemala.
En el periodo de 12 años estudiado por la IMD, las defensoras asesinadas se registraron principalmente en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Considera que las defensoras de la tierra y el territorio se colocan como uno de los colectivos con mayor número de agresiones documentadas: 22,3 por ciento de un total de 43.186 agresiones registradas contra defensoras de derechos humanos en la región desde 2012. En la actualización de 2024, advierten que no contaron con datos referentes a Guatemala. El caso emblemático de agresión en México, con la complicidad de las autoridades, es cómo se criminalizó a la abogada amuzga de Guerrero, Kenia Hernández.
El informe señala que, de 2016 a diciembre de 2024, fueron asesinadas 22 defensoras de la tierra y el territorio en Mesoamérica: seis en México, tres en Guatemala, dos en El Salvador, nueve en Honduras y dos en Nicaragua.
Narra que la cancelación del megaproyecto eólico Gunaa Sicarú en 2022, en México, se hizo gracias a la lucha colectiva de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, lo que incluyó un litigio transnacional en tribunales civiles de Paris (Francia) contra la empresa Electricité de France (EDF).
Sin embargo, enfrentar los intereses económicos detrás de la destrucción y apropiación de tierras y territorios también ha implicado vivir múltiples y dolorosas violencias. En México, El Salvador y Guatemala, las agresiones contra defensoras de tierra y territorio registradas durante estos años representaron porcentajes de 13,4; 12,7 y 12,3 por cientos, respectivamente.
Revelaciones del informe
Entre 2012 y 2024, el sistema de registro de la IMD documenta 9.629 agresiones contra defensoras y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica. En el mismo periodo, al menos 35 de ellas fueron asesinadas en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.
En el contexto de la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, el 22 de abril, la IMD difundió una separata informativa denominada "La tierra, para quienes la trabajan y la defienden". El tema central: "10+ Años de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica (2012-2024)", un informe que detalla las condiciones y situación de casos emblemáticos de mujeres agredidas o asesinadas por defender la tierra.
El documento se enfoca al análisis particular de los casos de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales, que fueron publicados de manera general en el informe denominado "Datos que nos duelen, redes que nos salvan".
De 2012-2023
Este nuevo informe actualiza la información con datos preliminares de 2024. Se declara que la violencia que viven las defensoras mesoamericanas de la tierra, el territorio y los bienes naturales está vinculada con el capitalismo extractivista que se impone en toda la región, unido a las opresiones estructurales, de carácter clasista, racista y patriarcal que se ejercen sobre los cuerpos y territorios de las mujeres.
Ahora, considerando este contexto, el análisis histórico de la evolución de las agresiones contra estas defensoras presenta tres puntos de inflexión, en cada uno de los cuales se da un incremento exponencial en el número de agresiones registradas.
El primero en 2017, año siguiente al femicidio territorial de Berta Cáceres, relacionado con las agresiones vividas por las compañeras hondureñas que se oponían a megaproyectos y exigían justicia para la lideresa lenca asesinada.
El segundo en 2020, caracterizado por las respuestas autoritarias de los gobiernos ante la sindemia por COVID-19; y el tercero en 2022, marcado por la profundización en las políticas de militarización de los territorios y el aumento de los desalojos, lo que se expresa en un incremento significativo de las agresiones de carácter colectivo y caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza, con un respaldo evidente de autoridades y cuerpos armados y la manipulación de los marcos jurídicos que legalizan la represión y la violencia. México no es excepción.
Otro aspecto importante que pone de relieve el informe es que los logros históricos de la resistencia y las luchas de las comunidades en defensa del territorio y los bienes comunes pueden ser revertidos en cualquier momento, según la voluntad del gobierno de turno. Es el caso de la prohibición de la minería metálica en El Salvador, la cual fue conseguida en 2017 y que recientemente, en diciembre de 2024, ha sido legalizada nuevamente.
Finalmente, el informe ofrece una síntesis de siete casos paradigmáticos de la diversidad de formas en que las defensoras de la tierra y el territorio, sus comunidades y organizaciones son agredidas: el asesinato como la culminación de una serie prolongada de agresiones y la impunidad de los responsables intelectuales, en el caso de Berta Cáceres.
También, la reiteración y sistematicidad de las agresiones en los casos de la lideresa campesina Francisca Ramírez, en Nicaragua, y de la defensora garífuna Miriam Miranda en Honduras; la instrumentalización del sistema legal para criminalizar a las defensoras, como en los casos de la abogada amuzga Kenia Hernández, en México, y de la lideresa campesina María Concepción Hernández en Zacate Grande, Honduras.
Igualmente, la violencia ejercida de manera colectiva, como la vivida por la comunidad de Santa Marta en El Salvador, con la criminalización de sus líderes y los hostigamientos y amenazas contra el resto de la comunidad; o la expresada en los constantes desalojos violentos que viene enfrentando la comunidad de Agua Blanca Sur, en El Progreso, Honduras, perpetrados por fuerzas públicas de seguridad y la complicidad de los intereses privados con instituciones del Estado.
Puede acceder al contenido completo del informe "La tierra, para quienes la trabajan y la defienden. 10+ Años de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica (2012-2024)" en el siguiente enlace:
https://semmexico.mx/defensoras-de-la-tierra-y-el-territorio-en-mexico-asesinadas-agredidas-encarceladas-y-perseguidas-homenaje-en-el-dia-mundial-de-la-tierra/
