A punto de iniciar el próximo mes la novena evaluación que hace el Comité de CEDAW al Estado mexicano en materia de derechos de las mujeres, el órgano de Naciones Unidas recibió un veintenar de informes provenientes de organizaciones civiles que incluyen el de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, quienes evidencian en su reporte la criminalización de las mujeres que se defienden de sus agresores con el caso de María Guadalupe Pereda.
DE VÍCTIMA A VÍCTIMARIA
A los 19 años de edad María Guadalupe Pereda fue víctima de violencia familiar por su entonces pareja, Carlos Alberto Balderas Castañeda, de 36 años. La Red de Mujeres, que es la agrupación que acompaña el caso, indica en su reporte a la CEDAW, que el 14 de octubre de 2015 Guadalupe no toleró más la violencia y pidió la separación a Carlos, él, la golpeó y la privó de la libertad encerrándola en una recámara de su casa.
Ese mismo día el agresor intentó asesinar a Guadalupe con un arma de fuego, ella trató de defenderse y forcejaron con el arma hasta que se disparó, él es quien salió herido. Al ver lesionado a su agresor y pareja, solicitó auxilio vía telefónica a los servicios médicos así como a vecinos, no obstante, el agresor volvió a tomar el arma para causarle daño, pero finalmente falleció.
La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua acusó a Guadalupe, madre de dos niñas, por “homicidio en riña en carácter de provocado” a pesar de que ella alegó que actuó en legítima defensa para salvaguardar su integridad e hizo conocer a las autoridades la violencia que ejercía su expareja contra ella (golpes, actos de celos, jalones en el cabello, entre otros).
La Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez denunció que la Fiscalía de la entidad en lugar de protegerla sabiendo que no quiso matar a su agresor y era evidente que se trataba de una sobreviviente de feminicidio se dedicó a perseguirla e inclusive evitó en el juicio en su contra utilizar pruebas que favorecían a Guadalupe.
La defensa legal articulada por la Red no consiguió que la jueza que atendió el caso hiciera un análisis con perspectiva de género para entender que Guadalupe actuó en legítima defensa y existía un contexto de violencia previo, únicamente lograron que no se dictara una condena de prisión tan alta. Guadalupe fue sentenciada a tres años de cárcel por homicidio en agosto de 2017. Actualmente sigue en situación de reclusión.
SIN DATOS SOBRE LEGÍTIMA DEFENSA
“¿Cuántas mujeres como María que defienden legítimamente su vida se encuentran en la prisión en México?” cuestiona la organización en su “informe sombra”, y señala que en el país no existen datos sobre el número de mujeres acusadas de homicidio por defender su vida cuando se encontraban en situaciones de violencia extrema.
Es de mencionar que únicamente se conocen casos como el de Guadalupe cuando son expuestos en medios de comunicación, o las organizaciones inician campañas para liberarlas. En este caso la Red lanzó la campaña #MaryLibre.
Otro ejemplo de casos de legítima defensa que han salido a la luz pública es el de Yakiri Rubio en la Ciudad de México, quien se defendió de los hombres que la violaron e intentaron asesinarla. La presión social logró que se le dejara de perseguir por homicidio.
LEGITIMA DEFENSA REQUIERE PESPECTIVA DE GÉNERO
Por ello, la Red propone al Comité de CEDAW exigir al Estado mexicano, en las observaciones finales que emita al concluir la novena evaluación, que se creen en las fiscalías y procuradurías de justicia unidades de investigación con enfoque de género que cuenten con defensorías especializada en mujeres para que así los casos de mujeres que se defienden de sus agresores sean investigados con enfoque de género y se pueda evitar la criminalización en su contra.
Además, demandan que el Estado vigile que el personal juzgador aplique la perspectiva de género en las sentencias que emita, con el objetivo de que no se repitan casos como el de María Guadalupe.