Hidalgo, 12 de febrero de 2026. —Ráfagas de armas largas, explosiones y un enfrentamiento entre elementos de seguridad y personas que resguardaban las instalaciones marcaron la madrugada de este jueves en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, en Tula de Allende, Hidalgo.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejecutó una diligencia de restitución ordenada por un juez mexiquense para devolver el inmueble al grupo encabezado por Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa.
Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad federal o estatal ha confirmado el saldo del operativo.
La disputa por el control de la planta cementera Cruz Azul se remonta a 2020, cuando la empresa se fracturó en dos facciones tras la salida de Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas de la mesa directiva.
El episodio más violento ocurrió en abril de 2022, cuando un enfrentamiento dentro de las mismas instalaciones dejó ocho personas muertas y 11 heridas.
Desde agosto de ese año, la planta permanece fuera de operación por un corte de energía eléctrica; antes de eso, su capacidad instalada era de 12 mil toneladas diarias de cemento.
El grupo que mantenía la posesión del inmueble hasta esta madrugada era el vinculado a Federico Sarabia Pozo, detenido por la Fiscalía General de la República en agosto pasado.
Pobladores de Ciudad Cooperativa Cruz Azul narraron que alrededor de las 4:30 horas arribaron camionetas blancas sin identificación visible.
De los vehículos descendieron personas armadas —que después identificaron como agentes de la Fiscalía del Estado de México— e ingresaron al complejo industrial con apoyo de la Guardia Nacional.
Vecinos aseguraron haber escuchado detonaciones de arma de fuego y explosiones tanto al interior como en los alrededores de la fábrica, lo que generó alarma en la zona.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó a las 7:00 horas, mediante un breve comunicado, que la acción correspondió a una "diligencia ministerial de restitución" ejecutada por su homóloga mexiquense.
La policía estatal precisó que su participación respondió a un "requerimiento de apoyo" para resguardar el perímetro y añadió que, hasta su última actualización, no tenía notificación de lesionados o muertos.
Guardia Nacional y tres corporaciones municipales participaron en el operativo en Tula
En el despliegue intervinieron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y policías municipales de Tula, Atitalaquia y Tlaxcoapan.
Las corporaciones establecieron un cerco perimetral que impidió el paso de vecinos y cooperativistas, además de bloquear los accesos a Ciudad Cooperativa. Más tarde se observó el ingreso de ambulancias al interior de la planta.
Alejandro Maya, cooperativista de la planta, señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva que las patrullas estatales "cercaron completamente la planta" y que hubo detonaciones y disparos.
Por separado, un trabajador que reside en la Ciudad Cooperativa denunció en entrevista con Azucena Uresti que los elementos "llegaron tirando balazos al aire" y que miembros de la comunidad intentaron mostrar un amparo vigente que, según ellos, impedía el ingreso de corporaciones, pero las autoridades se negaron a revisarlo.
Estas versiones no han sido verificadas por ninguna dependencia oficial.
Velázquez Rangel confirmó a través de un video en redes sociales que la planta fue recuperada.
"A pesar de que nuestra planta de Hidalgo estuvo secuestrada por más de cinco años, los responsables ya están rindiendo cuentas ante la justicia", señaló el dirigente, quien anunció que buscarán reactivar la producción y recuperar las fuentes de empleo en Cruz Azul.
En contraparte, Brian Garnica, abogado del grupo que mantenía la posesión, calificó la acción como ilegal. "No han presentado ningún documento que los ampare", sostuvo en entrevista radiofónica, y aseguró que Federico Sarabia continúa como presidente legítimo del Consejo de Administración.
Por su parte, Magdiel Cardeña Cortés, abogado asesor de cooperativistas en la planta, declaró al diario El País que el operativo fue ejecutado "de manera muy violenta".
Cabe señalar que ni la FGJEM ni la Procuraduría de Hidalgo han respondido a los señalamientos de violencia ni han detallado si la orden judicial contemplaba el uso de fuerza armada.
Derivado de la situación, escuelas cercanas suspendieron clases de manera preventiva. La planta permanece bajo resguardo de las autoridades mientras los procesos legales por el control de la cooperativa continúan abiertos.
Ficha de búsqueda FDBHGO/059/2026 emitida por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para localizar a Abril Meza Sánchez. 