“Recibimos una acumulación significativa de solicitudes no resueltas por la administración pasada. El 63.5 por ciento de inscripciones de actos, convenios y contratos que ahora están resueltos, correspondía al segundo semestre del año pasado”, manifestó.
El funcionario precisó que se concentraron en los trámites que tienen un mayor impacto sobre la actividad, y se logró contrarrestar el rezago a pesar de las limitaciones en recursos y una mayor austeridad en la función pública.
“Son trámites en los que ya estaba hecho y faltaba de reflejar en el Registro Público, que es el más importante. Esto da certidumbre a las operaciones, promueve la inversión”, señaló.
Por su parte, la directora general de Minas, Laura Díaz Nieves, indicó que en noviembre de 2018 recibieron dicha instalación con 22 mil 329 trámites pendientes, como inscripciones de los contratos, que tenían un rezago de 64 por ciento, en certificaciones 36 por ciento y sociedades mineras en 29 por ciento.
En tanto, el retraso en cartografía, inscripción y renovación de peritos mineros contaba con 50 por ciento; destrucción de mojonera un ciento por ciento; correcciones y prórroga de vigencia 90 por ciento, y correcciones administrativas un 98 por ciento, entre otras.
“A partir de este mes el abatimiento en el rezago del registro público es casi al ciento por ciento. Abatimos el rezago respecto a la inscripción de los actos, contratos y convenios en un 93 por ciento”, dijo.
El restante, agregó, tiene que ver con que no se pueden inscribir los contratos debido a que existen resoluciones judiciales que lo impiden, por operaciones como fusiones requiere de un equipo especializado para revisarla.
De igual manera, mencionó que tienen dos mil 128 nuevas solicitudes en concesión minera, varias de ellas provienen de la administración federal anterior, mismas que no se lograron resolver.
Ante representantes del sector minero, ambos funcionarios reconocieron la respuesta de los industriales para hacer su parte, y cumplir con los derechos y obligaciones correspondientes, así como con las regulaciones que en materia ambiental y de responsabilidad con las comunidades donde se hospedan.
El subsecretario Quiroga insistió en que la licencia social para llevar a cabo los proyectos mineros en cualquier lugar del mundo, es la mejor inversión que las empresas deben hacer.
Por ello es que la Secretaría de Economía ha aceptado el reto de la corresponsabilidad de desarrollar protocolos conjuntamente con cámaras industriales, asociaciones gremiales, organizaciones de la sociedad civil, autoridades estatales, sindicatos y centros de investigación y enseñanza.
El presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), Fernando Alanís, mencionó que este tipo de acciones permiten contar con certidumbre para continuar invirtiendo; “esta es una muestra de que a pesar de las carencias que hay en recursos humanos e infraestructura, hay una altísima voluntad de hacer las cosas”.