San Juan del Río, 5 de noviembre de 2025. — Una red de estacionamientos clandestinos opera impunemente en puntos estratégicos de San Juan del Río, donde empleados abren vehículos para sustraer pertenencias, agreden físicamente a usuarios que se quejan de cobros excesivos y extorsionan con tarifas de hasta 50 pesos, todo sin licencia municipal y con presunta complicidad de agentes de tránsito.
Los casos más graves se concentran en Plaza Los Faroles del centro histórico donde se controla con cadenas, el predio frente al Hospital General en la zona oriente y múltiples predios sobre Avenida Juárez.
Plaza Los Faroles: epicentro del despojo y la violencia
En el corazón del primer cuadro de San Juan del Río, Plaza Los Faroles se ha convertido en territorio de sujetos que controlan el estacionamiento mediante intimidación y violencia.
Los operadores colocan cadenas en los cajones públicos para cobrar por su uso, pero la extorsión va mucho más allá: decenas de usuarios han denunciado que los empleados del lugar abren los vehículos y sustraen pertenencias — carteras, celulares, documentos — mientras los propietarios realizan compras en comercios cercanos.
La violencia se desata cuando los automovilistas confrontan los cobros arbitrarios. Testigos confirman que los cobradores agreden verbal y físicamente a quienes cuestionan las tarifas, amenazando con "rayar" los vehículos o "dejarlos sin llantas" si no pagan.
Los responsables del negocio ilegal argumentan que Plaza Los Faroles es un espacio "privado", pero la realidad jurídica los desmiente: se trata de un estacionamiento público que opera sin licencia, sin cambio de uso de suelo, sin dictamen de Protección Civil y sin póliza de seguro por daños y robo.
El despojo se extiende a comerciantes legítimos. Durante temporadas específicas — Día de Muertos, Día de las Madres, Navidad — los operadores rentan los cajones a vendedores ambulantes de flores y plantas, bloqueando el acceso a clientes de los establecimientos formales que sí pagan impuestos y permisos.
Esta práctica cierra el derecho de los consumidores a estacionarse libremente en un espacio que, por ley, debe estar disponible para el público.
Hospital General: extorsión a familias vulnerables
La situación alcanza niveles de crueldad inhumana en el estacionamiento ubicado frente al Hospital General, en Avenida Luis Donaldo Colosio 431 de la zona oriente.
Aquí, personas que operan de manera ilegal cobran 50 pesos mínimo sin importar si el usuario permanece diez minutos o todo el día, aprovechándose del estado de vulnerabilidad de familias con enfermos graves que acuden por emergencias médicas.
El predio carece de toda licencia municipal, no exhibe tarifas autorizadas, no respeta el tiempo de tolerancia obligatorio y presenta deficiencias evidentes en accesibilidad y seguridad.
Pero lo más grave es la presunta complicidad con agentes de tránsito municipal: múltiples denunciantes coinciden en que elementos de vialidad presionan a los automovilistas para que paguen las tarifas abusivas, amenazando con infracciones o remisión al corralón si intentan estacionarse en la vía pública cercana.
"Mi madre estaba en urgencias, llegué corriendo y me dijeron que tenía que pagar 50 pesos aunque fuera por media hora. Cuando me negué, llegó un agente de tránsito y me dijo que si no pagaba me iba a llevar el carro", relató una ciudadana que prefirió no identificarse por temor a represalias. "Es un robo descarado a gente que ya está sufriendo por tener un familiar enfermo".
Avenida Juárez: la impunidad se replica
Sobre Avenida Juárez, arteria comercial de alta afluencia, se replica el mismo patrón: predios que funcionan como estacionamientos sin permisos, cobrando tarifas variables y sin opción a tickets fiscales, operando con total impunidad.
Estos espacios aprovechan la necesidad de los usuarios en zona comercial para lucrar sin cumplir obligación alguna con el municipio ni con los consumidores.
Operadores clandestinos colocaron cadenas en cajones públicos de Plaza Los Faroles para cobrar tarifas no autorizadas.
El marco legal que se viola sistemáticamente
El Reglamento de Estacionamientos y Pensiones para Vehículos del Municipio de San Juan del Río establece requisitos específicos que estos negocios clandestinos ignoran por completo:
- Cambio de uso de suelo del predio para funcionar como estacionamiento
- Licencia municipal de funcionamiento otorgada por la autoridad competente
- Dictamen de Protección Civil que garantice medidas de seguridad
- Póliza de seguro por daños, robo parcial y robo total de vehículos
- Cajones exclusivos para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas
- Tarifas autorizadas exhibidas de manera visible
- Tiempo de tolerancia establecido por la normativa
- Personal registrado ante las autoridades municipales
El Reglamento de Construcción del Municipio establece que todas las edificaciones deben señalar correctamente el destino de cada cajón de estacionamiento. Cuando estos espacios prestan servicio al público mediante cobro, se convierten automáticamente en estacionamientos públicos sujetos a toda la regulación municipal, estatal y federal aplicable.
La Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos para el Estado de Querétaro faculta a los ayuntamientos para imponer sanciones que van desde multas de 1,000 a 2,000 veces la UMA hasta clausura definitiva y revocación de licencias. También establece responsabilidad penal cuando se comprueba robo o daño a vehículos bajo custodia.
Autoridades municipales: ausencia total
La pregunta que cientos de ciudadanos afectados formulan es contundente: ¿dónde está la Dirección de Reglamentos? ¿Dónde está Protección Civil? ¿Dónde está el Instituto Municipal de Movilidad? La ausencia de inspecciones y verificaciones ha permitido que estos grupos de personas operen durante años sin consecuencia alguna.
La presunta complicidad de agentes de tránsito agrava exponencialmente el problema. Si elementos de la autoridad municipal están protegiendo y facilitando la operación de estacionamientos clandestinos que roban, agreden y extorsionan, no se trata solamente de omisión administrativa: se trata de corrupción institucional que debe investigarse y sancionarse con todo el peso de la ley.
La exigencia ciudadana
Decenas de usuarios afectados, comerciantes perjudicados y familias extorsionadas exigen al gobierno municipal acciones inmediatas y contundentes:
- Operativos de inspección en Plaza Los Faroles, Hospital General y Avenida Juárez para clausurar de inmediato estos negocios ilegales
- Investigación exhaustiva contra los responsables por los delitos de robo, extorsión y daño a la propiedad
- Auditoría interna para identificar y sancionar a agentes de tránsito involucrados en la red de complicidad
- Recuperación de espacios públicos que han sido privatizados ilegalmente
- Reparación del daño a víctimas de robo y extorsión
- Protocolos permanentes de vigilancia para evitar reincidencia
Permitir que grupos de personas controlen espacios públicos, roben impunemente, agredan a ciudadanos y operen con protección de autoridades municipales no es simplemente una falla administrativa: es la descomposición del estado de derecho y la entrega del territorio a quien ejerce violencia e intimidación sobre la población.
Los productos asegurados incluyen botellas de licor, cigarros, teléfonos celulares, armas y pasamontañas. 
