El presidente Nicolás Maduro tiene "responsabilidad en la violación del derecho a la vida y a la integridad personal de miles de víctimas", afirma AI en su documento "Esto no es vida. Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela", presentado a la prensa en Buenos Aires.
"No solo no garantiza la vida y seguridad en un contexto de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia", señala AI.
En el informe, la organización internacional resalta que, como resultado "contundente" de políticas públicas "represivas", entre 2015 y junio de 2017 fueron cometidas "más de ocho mil 200 ejecuciones extrajudiciales" en Venezuela.
En ese sentido, mencionó que el Estado venezolano utilizó en los últimos años "la fuerza de forma intencionalmente letal en contra de la población más vulnerable y excluida socialmente".
La gran mayoría de las víctimas de la violencia institucional son hombres jóvenes de entre 15 y 44 años de edad, padres de niñas y niños pequeños, pobladores de zonas con altos índices de pobreza y asesinados con armas de fuego durante operativos de seguridad.
"El número de homicidios en Venezuela es superior a los que tienen países en guerra. Existe en una política de gatillo fácil", afirmó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, en una rueda de prensa.
Amnistía destaca que, según el testimonio de familiares recibidos en ocasión del informe, "las víctimas se encontraban arrodilladas o acostadas" al momento de ser baleadas, generalmente en el pecho, el cuello o la cabeza.
La organización humanitaria sostiene que, en ese contexto de violencia, "la población en Venezuela parece estar atrapada y sin salida".
Esta situación, entre otras "violaciones a los derechos humanos", ha provocado el desplazamiento de más de un millón 600 mil venezolanos desde 2015, mayoritariamente a países de Sudamérica.
"La violencia una de las causas por las que los venezolanos han dejado forzosamente el país en los últimos años", ha dicho a la prensa Mariana Fontoura Marques, directora de Política y Justicia Internacional de Amnistía Internacional Argentina.
Además, el estado de violencia pone a Venezuela en un "alarmante" segundo lugar a nivel mundial, después de Siria, que desde hace siete años vive un conflicto bélico que causó 6.2 millones de desplazados y más de 500 mil muertos.
En Venezuela, la tasa de homicidios se encuentra desde 2002 en crecimiento y en 2017 llegó a 89 por cada 100 mil habitantes, un número superior a países latinoamericanos como El Salvador, y Brasil, al que triplica en sus estadísticas.
AI recomienda al gobierno de Maduro poner en vigencia "con urgencia" un programa nacional para reducir los homicidios y regular el uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, "en pleno respeto de las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos".