Claudia Díaz Gayou advierte que el proyecto carece de información técnica, requiere 30 millones de pesos para consulta en abril y no presenta análisis de costo-beneficio definido.
La resolución confirma la validez del delito de negociaciones ilícitas tras votación unánime del Pleno que revocó amparo previo de Tribunal Colegiado de Circuito.
