Ciudad de México, 28 de julio de 2026.- El Gobierno de México abrió una consulta pública sobre los lineamientos generales para proteger los derechos de las audiencias en radio y televisión, proceso que permanecerá disponible hasta el próximo 21 de agosto.
El ejercicio comenzó el 27 de julio y permite participar a integrantes de las audiencias, concesionarios, instituciones académicas, organizaciones civiles y medios comunitarios mediante el portal portal.crt.gob.mx/consultapublica.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la consulta busca incorporar las opiniones de los distintos sectores involucrados en la definición de las reglas, desde las radios comunitarias hasta las grandes empresas de telecomunicaciones y la ciudadanía.
Durante la conferencia matutina, la mandataria sostuvo que los lineamientos no están relacionados con la censura y afirmó que el objetivo es impulsar mecanismos de autorregulación que respeten la pluralidad y el derecho constitucional a recibir información veraz.
“No es estar multando. El objetivo, si se fijan, es un proceso de autorregulación del medio, porque el medio nombra a su propio regulador o defensor de audiencias”, declaró.
Obligaciones para radio y televisión
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que los lineamientos fueron emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y buscan precisar los conceptos establecidos en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
De acuerdo con la presentación, las disposiciones serán obligatorias para concesionarias de televisión abierta y radio, empresas de televisión y audio de paga, así como programadoras de uso comercial, público y social.
Entre los derechos contemplados se encuentra recibir información veraz y oportuna, lo que implica no presentar información falsa o descontextualizada ni difundir acontecimientos históricos como si fueran actuales.
Los medios también deberán diferenciar claramente la información noticiosa de las opiniones mediante menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas. Una obligación similar se aplicará para separar la publicidad del contenido editorial.
Los lineamientos incluyen el derecho de réplica. Las empresas deberán informar, al menos en sus portales de internet, sobre el procedimiento disponible para las personas que consideren que se difundieron hechos inexactos o falsos relacionados con ellas.
También se establecen medidas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y criterios para que las representaciones visuales sean respetuosas e inclusivas.
Códigos de ética y defensorías
Cada concesionaria deberá contar con un código de ética que mencione expresamente los derechos de las audiencias, defina el procedimiento para presentar quejas y establezca los criterios editoriales utilizados para evaluar la veracidad de la información noticiosa.
Los códigos también tendrán que precisar el mecanismo mediante el cual se designará a la persona defensora de las audiencias.
En las radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, la defensoría deberá estar a cargo de una persona perteneciente a la propia comunidad. Quienes desempeñen esa función deberán actuar bajo principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia, además de no tener conflictos de interés.
La figura del defensor ha formado parte de discusiones regulatorias anteriores, cuando legisladores y organizaciones plantearon la necesidad de escuchar a los distintos sectores involucrados en la protección de los derechos de las audiencias.
Quejas, recomendaciones y posibles sanciones
El mecanismo propuesto establece que la audiencia podrá presentar una queja ante la defensoría, que solicitará un informe al medio involucrado y determinará si se vulneraron derechos.
En caso de acreditar una afectación, la persona defensora emitirá recomendaciones al medio. Si estas no son atendidas o la persona inconforme considera que sus derechos no fueron restituidos, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrá intervenir.
La ley contempla la posibilidad de aplicar sanciones y multas económicas cuando las empresas incumplan las disposiciones o no atiendan las medidas correspondientes.
La consulta se realiza después de que la nueva legislación en telecomunicaciones generó cuestionamientos de organizaciones civiles y especialistas sobre sus alcances regulatorios, las facultades de las autoridades y sus posibles efectos sobre las libertades y los derechos digitales.
