Así lo afirmó la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Sharon Cuenca Ayala, quien destacó los avances en temas como la presunción de inocencia y el debido proceso, además de atender principios rectores de publicidad, inmediación, concentración y oralidad.
En las mesas de debate “Hacia la consolidación del Sistema Penal Acusatorio. A un año de su operación a nivel nacional”, organizadas por el Senado de la República, señaló que esos preceptos involucran a los jueces, para que conozcan a fondo los asuntos y los discutan públicamente frente a una audiencia para dar certeza a la sociedad.
No obstante, expuso que hay elementos que abonarían a consolidar el Sistema de Justicia Penal como simplificar el esfuerzo policial homologado para que los elementos cumplan oportunamente todas sus funciones.
También, abundó, permitiría identificar los factores que originan el retraso de la puesta a disposición de los detenidos ante el Ministerio Público, así como informar a las personas de la importancia del principio de la presunción de inocencia y la necesidad de usar mecanismos alternativos de justicia.
Consideró necesario fortalecer las capacidades de investigación de las corporaciones y de los tres niveles de gobierno, impulsar el servicio profesional de carrera para policías y capacitar correctamente a elementos y Ministerios Públicos, a fin de que puedan integrar carpetas de investigación de forma adecuada.
La legisladora del Verde Ecologista mencionó que igualmente es necesario reforzar los procesos de comunicación entre jueces y Ministerio Público, y homologar la tipificación de delitos en los estados y a nivel federal.
“Las leyes son perfectibles y como legisladores estamos obligados a hacer eco de las necesidades y demandas, siempre con apoyo de la sociedad civil. Hemos avanzado, pero existen desafíos que se deben enfrentar para tener instituciones sólidas”, concluyó.
A su vez, el coordinador de los diputados priistas, César Camacho, afirmó que el nuevo Sistema de Justicia Penal es el modelo que México requiere, pero se debe perfeccionar, pero en quienes operan el sistema más que en quienes hacen las leyes.
Sostuvo que para saber dónde se requieren los ajustes, el nuevo sistema debe estar en marcha, con el reto de alcanzar la eficacia judicial.
Entre sus propuestas, planteó establecer la reparación integral del daño, eliminar el arraigo, hasta cambiar los programas de derecho penal en las escuelas, la mentalidad de los operadores del Sistema y de los abogados para completar una defensa técnica profesional adecuada.