Ciudad de México, 31 may (EFE).- La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidieron este martes Gobierno mexicano materializar la reforma sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
“Hacemos un llamado a incluir el respeto a los derechos humanos de los pueblos y permitirles ejercer de manera efectiva la libre determinación”, declaró Esmeralda Arosemena, relatora para México y relatora de los derechos de los pueblos indígenas de la CIDH.
Durante la presentación del informe “Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales”, realizado por la CIDH, Arosemena recordó que los derechos de los pueblos indígenas se han violentado particularmente cuando existían intereses económicos, comerciales, políticos, militares u otros sobre las tierras y territorios de estos pueblos.
Señaló que, pese a que en la Constitución mexicana y en diversos estándares internacionales se ha avanzado en el reconocimiento del derecho a la libre determinación y a la autonomía de estos pueblos, todavía se siguen afrontando enormes dificultades.
“Por ello, el informe recomienda adoptar o reforzar las medidas necesarias para el funcionamiento de instituciones, incluyendo áreas de autogobierno, gestión, manejo territorial, recursos naturales y otras áreas”, dijo Arosemena.
PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS
La relatora de la CIDH señaló que la falta de respeto y reconocimiento de las instituciones representativas de los pueblos indígenas y tribales, y los procesos de toma de decisiones por parte de los Estados son las principales problemáticas en toda la región de las Américas.
“Los pueblos indígenas han sufrido agresiones históricas como resultado de la colonización", señaló.
Dijo que esto queda en evidencia al constatar que los principales escenarios de confrontación han girado en torno a proyectos de explotación de recursos naturales e interpretaciones divergentes entre las comunidades y autoridades estatales u otros actores sobre la implementación de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.
Argumentó que tal situación requiere un replanteamiento de las consultas públicas.
“El reconocimiento de la libre determinación de estos pueblos debe ser comprendido desde un enfoque reparador frente a violaciones históricas y contemporáneas a sus derechos humanos”, indicó.
El informe, dijo, señala como otro obstáculo la violencia que enfrentan las comunidades indígenas a raíz de la presencia e invasión de sus tierras por terceros, ya npersonas involucradas en actividades madereras, mineras, ganaderas o narcotráfico.
Insistió en que las situaciones de conflicto armado y sus secuelas continúan siendo fuentes de grave riesgo y amenaza contra la supervivencia física y cultural de dichos pueblos.
Asimismo, enunció situaciones de criminalización, estigmatización, violencia, amenaza y muerte contra personas de liderazgo de dichos pueblos, y los impactos diferenciados de estas situaciones para las mujeres de estas comunidades representa otro grave obstáculo a la libre determinación.
La CIDH advirtió además sobre las desigualdades estructurales en el acceso a la salud, educación, agua y la precariedad de su seguridad o soberanía alimentaria, y que en muchos casos han sido agravadas por la pandemia de covid-19.
RECOMENDACIONES
Entre las recomendaciones, la CIDH pide adoptar medidas efectivas para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a ejercer de manera práctica y efectiva la libre determinación en el marco de sus propios procedimientos, instituciones y concepciones del mundo.
Para ello, sugiere a los gobiernos proporcionar los recursos financieros y otros necesarios para su funcionamiento.
Asimismo, insta a promover los espacios de diálogo y concertación con los pueblos indígenas para abordar los distintos temas y preocupaciones de derechos humanos de conformidad con los estándares internacionales.