Prestanombres de las FARC controlaban 60 supermercados en Colombia

20 de Febrero de 2018
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SIETE GUERRILLEROS DE LAS FARC SE DESMOVILIZAN EN CALI
SIETE GUERRILLEROS DE LAS FARC SE DESMOVILIZAN EN CALI
Bogotá, 20 Feb (Notimex).- La Fiscalía General de Colombia descubrió una red de prestanombres de la antigua guerrilla de las FARC, que controlaban 60 supermercados en diferentes regiones de Colombia, entre otros bienes valorados en 232 millones de dólares.

El ente investigador sostuvo que después de un “arduo trabajo de investigación, en colaboración con el Ejército Nacional, lograron la captura de cuatro presuntos testaferros de las desmovilizadas FARC y logró la extinción del derecho de dominio sobre bienes en 23 municipios, en el centro de Colombia.

La Fiscalía General de la Nación logró "dos certeros golpes contra testaferros de la antigua guerrilla de las FARC: la detención de tres de los cuatro hermanos Mora Urrea, y la extinción del derecho de dominio sobre los bienes de la familia Chaux González, presuntos testaferros del Negro Acacio (Tomás Medina Caracas)".

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre “una cadena de supermercados populares y casas de recreo en los llanos colombianos, semovientes y sociedades comerciales en 23 municipios de seis departamentos colombianos”.

Gracias a los testimonios de desmovilizados de la antigua guerrilla de las FARC, la Fiscalía General de la Nación “adelantó una investigación que permitió identificar una red de testaferros de dicha organización, que remonta sus orígenes a la antigua zona de distensión del Caguán (suroriente).

Según los investigadores, los hermanos Norberto Luis Alirio, Uriel y Edna Yaneth Mora Urrea “se habrían prestado para fungir como dueños de estos supermercados que, en los años 1990, eran propiedad de un empresario cundinamarqués que fue víctima de secuestro, además de aparecer como propietarios de otras sociedades que llamaron la atención por su rápido e inexplicable crecimiento económico”.

Los supermercados, que habrían “servido como red de abastecimiento para la insurgencia, al tiempo que servían como fachada para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, se caracterizaban por presentar productos con precios muy por debajo del valor comercial al que eran ofrecidos por el comercio legal”.

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