En su nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en esa nación centroamericana, la CIDH dijo que el panorama actual está marcado por una de las tasas de violencia más altas del hemisferio, impunidad y situación de riesgo para defensoras y defensores de derechos humanos.
La comisión dijo valorar los avances en el combate a la impunidad, gracias al trabajo coordinado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y saludó el plan del gobierno para el retiro gradual del ejército en tareas de seguridad ciudadana.
“No obstante, persisten importantes desafíos en materia de derechos humanos”, indicó el documento, anotando que a ello se suma la persistencia de varios de los motivos que generaron el conflicto armado interno a partir de 1960.
Esto incluye “una economía basada en la concentración del poder económico en pocas manos y una estructura estatal débil, con pocos recursos por la escasa recaudación fiscal y altos niveles de corrupción y violencia”.
Detalló que durante su visita en situ el año pasado recibió información sobre la persistencia de estructuras de poder paralelas que, aseguró, “impiden la lucha contra la impunidad y la corrupción, y el fortalecimiento del Estado de Derecho”.
“También persisten problemas estructurales como la discriminación racial, la desigualdad social, una profunda situación de pobreza y exclusión, y falta de acceso a la justicia, los cuales constituyen un obstáculo para el pleno respeto a los derechos humanos”, apuntó.
Explicó que la alta impunidad es consecuencia de un débil e ineficiente sistema de administración de justicia, lo cual afecta de manera particular a sectores marginados como las mujeres, personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes, pueblos y comunidades indígenas, y personas afrodescendientes, entre otros.
Resaltó “la grave situación” que enfrentan defensoras y defensores de derechos humanos, y calificó de “preocupante” la que viven los operadores de justicia, quienes enfrentan señalamientos, actos de hostigamiento, campañas de difamación, ataques y amenazas contra su vida e integridad.
Estos actos han afectado en particular a aquellos que participan en casos de alto impacto relacionados a hechos de corrupción, graves violaciones a derechos humanos o aquellos en donde se encuentran en juego importantes intereses económicos.
En materia de memoria, verdad y justicia por el conflicto armado, la CIDH dijo que los avances en casos de esa época son limitados comparados con el número de violaciones a los derechos humanos perpetradas y las obligaciones que tiene el Estado de Guatemala al respecto.
El informe incluye recomendaciones al gobierno de Guatemala para enfrentar los retos identificados, en especial redoblar su compromiso para continuar la lucha contra la impunidad, la violencia, intolerancia y la corrupción, a través de políticas y programas de prevención y de respeto a los derechos humanos.
También presenta recomendaciones específicas en relación con administración de justicia, justicia transicional y reparaciones a las víctimas del conflicto armado, la desigualdad y exclusión persistente de ciertos grupos y comunidades, la violencia e inseguridad, y sectores marginados.