Santiago, 1 Abr (Notimex).- La decisión de Ecuador y Colombia de desacatar medidas cautelares pedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) golpea al organismo pero no le hace perder relevancia, opinó una analista.
La internacionalista Laura Gil aseguró a Notimex que la decisión de Ecuador “no la sorprende”, por sus reiteradas críticas a la CIDH, pero si la postura de Colombia, en la que a su juicio, hubo “oportunismo político”.
La comisión otorgó medidas cautelares a favor del legislador opositor ecuatoriano, Cléver Jiménez, sobre quien pesa una orden de arresto por injuriar al presidente, Rafael Correa, las cuales desacató el gobierno de Ecuador.
El canciller, Ricardo Patiño, consideró la semana pasada que la CIDH carece de competencia para dictar esas medidas y en consecuencia Ecuador no las acogerá y priorizará los fallos judiciales que ordenaron capturar a Jiménez.
La justicia ecuatoriana dispuso hace 12 días la captura de Jiménez y de los activistas Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, por el delito de injuria, al resolver una contrademanda a favor del mandatario ecuatoriano.
Jiménez, quien es buscado por las autoridades ecuatorianas, fue condenado a 18 meses de prisión, al igual que Villavicencio, mientras Figueroa, fue sentenciado a 180 días de arresto.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decidió también este mes desatender las medidas cautelares de la CIDH a favor del destituido alcalde de Bogotá Gustavo Petro, al poner por encima la institucionalidad colombiana.
El ex integrante de la antigua guerrilla del M-19, fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación, luego de acusarlo de “faltas graves” en la aplicación del plan de aseo para la ciudad, que colocaron a la urbe en riesgo sanitario.
De haber aceptado Santos las medidas cautelares, se hubiera abierto la puerta a una nueva jurisprudencia con efectos incalculables, pues todos quienes han sido destituidos podrían reclamar el mismo trato ante la CIDH, según juristas.
Gil consideró que aunque las decisiones de Ecuador y Colombia representan un “golpe” para la CIDH, en ningún momento la comisión pierde “relevancia” porque todavía existen muchos Estados que acatan sus determinaciones.
La internacionalista Laura Gil aseguró a Notimex que la decisión de Ecuador “no la sorprende”, por sus reiteradas críticas a la CIDH, pero si la postura de Colombia, en la que a su juicio, hubo “oportunismo político”.
La comisión otorgó medidas cautelares a favor del legislador opositor ecuatoriano, Cléver Jiménez, sobre quien pesa una orden de arresto por injuriar al presidente, Rafael Correa, las cuales desacató el gobierno de Ecuador.
El canciller, Ricardo Patiño, consideró la semana pasada que la CIDH carece de competencia para dictar esas medidas y en consecuencia Ecuador no las acogerá y priorizará los fallos judiciales que ordenaron capturar a Jiménez.
La justicia ecuatoriana dispuso hace 12 días la captura de Jiménez y de los activistas Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, por el delito de injuria, al resolver una contrademanda a favor del mandatario ecuatoriano.
Jiménez, quien es buscado por las autoridades ecuatorianas, fue condenado a 18 meses de prisión, al igual que Villavicencio, mientras Figueroa, fue sentenciado a 180 días de arresto.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decidió también este mes desatender las medidas cautelares de la CIDH a favor del destituido alcalde de Bogotá Gustavo Petro, al poner por encima la institucionalidad colombiana.
El ex integrante de la antigua guerrilla del M-19, fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación, luego de acusarlo de “faltas graves” en la aplicación del plan de aseo para la ciudad, que colocaron a la urbe en riesgo sanitario.
De haber aceptado Santos las medidas cautelares, se hubiera abierto la puerta a una nueva jurisprudencia con efectos incalculables, pues todos quienes han sido destituidos podrían reclamar el mismo trato ante la CIDH, según juristas.
Gil consideró que aunque las decisiones de Ecuador y Colombia representan un “golpe” para la CIDH, en ningún momento la comisión pierde “relevancia” porque todavía existen muchos Estados que acatan sus determinaciones.
