La Oficina del Procurador General de Texas confirmó que el jefe de policía de San Antonio, William McManus, está siendo investigado después de que varios ciudadanos se quejaron ante el estado por su manejo de un caso de tráfico de inmigrantes indocumentados en diciembre pasado.
McManus ha sido cuestionado y criticado por su decisión de investigar bajo las leyes estatales de contrabando de personas un incidente, el pasado 23 de diciembre, que involucra la detención del conductor de un tráiler y la liberación de 12 inmigrantes indocumentados encontrados dentro de la caja del camión.
"Nuestra oficina ha recibido múltiples quejas alegando que el jefe de policía de San Antonio violó la SB 4, la ley de Texas que prohíbe las políticas de la ciudad santuario que el procurador general tiene autoridad para hacer cumplir", dijo Marc Rylander, director de comunicaciones de la Oficina del Procurador, Ken Paxton.
"Comenzamos nuestra investigación y exigimos que el Departamento de Policía de San Antonio conserve todos sus registros relacionados con el incidente", indicó.
La Oficina del Procurador General envió a los funcionarios de la ciudad de San Antonio una carta notificándoles de la investigación y solicitando la preservación de los registros.
El alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, dijo que la ciudad cooperará con cualquier investigación legal.
El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, pidió el miércoles pasado en una carta al procurador general que investigara si el jefe de policía de San Antonio violó la ley estatal al manejar el caso, en el que acusó a un chofer bajo la ley estatal de contrabando de personas, pero liberó a los 12 inmigrantes.
"Dicha acción podría ser una violación directa de la ley SB 4 promulgada por el gobernador Greg Abbott en mayo pasado”, dijo Patrick.
"En caso de que su oficina reciba una denuncia ciudadana según lo exige la SB 4, lo aliento a que actúe con rapidez para garantizar que el Departamento de Policía de San Antonio cumpla con la ley", indicó.
La ley SB 4, conocida también como ley contra ciudades santuario, autoriza a los policías locales preguntar sobre el estatus migratorio de las personas durante cualquier detención, incluyendo paradas de tránsito.
La ley contempla castigar a los alcaldes, sheriffs, policías y jefes de policía, por no cooperar con las autoridades federales y honrar las solicitudes de detención de los agentes de inmigración para mantener detenidos a los reclusos no ciudadanos sujetos a la deportación.
La legislación establece que los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a acatar las leyes de inmigración, podrían dejar de recibir millones de dólares en fondos públicos y enfrentar multas y otras sanciones.