Etiopía da un ultimátum militar a Tigray, donde empeora la crisis humanitaria

Adís Abeba, 13 nov (EFE).- El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, dio hoy un ultimátum a las fuerzas rebeldes para rendirse en los próximos tres días en la región norteña de Tigray, donde sigue su ofensiva militar pese a las denuncias de masacres de civiles y la huida de miles de etíopes que buscan refugio en el vecino Sudán.

"Luchar con las fuerzas de defensa nacional, sus propios guardianes, no es la opción que ustedes defienden", afirmó Abiy en una mensaje emitido por la televisión estatal en la lengua tigriña dirigido a los soldados del partido Frente de Liberación de Tigray (TPLF), en el poder en la región, fronteriza con Eritrea y Sudán.

"Sabemos que los criminales del TPLF les obligan a hacerlo. Por eso, les damos tres días para desmilitarizarse y entregarse a las fuerzas nacionales. De lo contrario, será tarde para ustedes y para el TPLF", aseveró el primer ministro, sin precisar las consecuencias de incumplir el ultimátum.

Horas antes, Abiy aseguró que las Fuerzas Armadas etíopes controlan el oeste de la región, que vive un conflicto bélico desde el pasado día 4, cuando ordenó una ofensiva en represalia por un ataque del TPLF a una base del Ejército federal en Tigray.

El corte de internet desde hace más de una semana, así como la interrupción de telecomunicaciones y transportes dificulta, no obstante, saber cuál es la situación sobre el terreno.

Abiy, ganador del Premio Nobel de la Paz de 2019, calificó esa toma militar como una "victoria para los civiles inocentes de Mai-Kadra brutalmente masacrados por fuerzas del TPLF esta semana", en referencia a unos hechos revelados ayer por Amnistía Internacional (AI).

POSIBLES CRÍMENES DE GUERRA
Tras verificar fotografías y vídeos de una supuesta "masacre" perpetrada el pasado día 9 en la urbe de Mai-Kadra, en el suroeste de Tigray, AI confirmó que "decenas, probablemente incluso cientos de civiles", habían sido apuñalados esa noche y, según los relatos de varios testigos, milicias del TPLF habrían sido las responsables.

Sin embargo, el presidente del TPLF y la región, Debretsion Gebremichael, ha negado cualquier responsabilidad en esa matanza.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló hoy que, "si se confirma que una de las partes en la lucha actual los llevó a cabo deliberadamente, estos asesinatos de civiles constituirían, por supuesto, crímenes de guerra".

Bachelet también pidió hoy una "investigación independiente" de esos hechos y alertó del "riesgo de que esta situación se salga totalmente de control, provocando un gran número de víctimas y destrucción".

Abiy, por último, reiteró "el derecho total" del Gobierno etíope de desplegar las Fuerzas de Seguridad a fin de "detener a todos aquellos implicados en una corrupción masiva y graves violaciones de derechos humanos".

Este jueves, el Parlamento de Etiopía retiró la inmunidad a 39 diputados del TPLF, entre ellos Debretsion Gebremichael.

Y la Policía etíope emitió hoy órdenes de arresto contra cerca de cien altos dirigentes y mandos militares de Tigray, incluido nuevamente Debretsion.

En su intento de asfixiar al TPLF legalmente, aparte de la presión militar, el Gobierno federal nombró hoy al secretario de Estado de Ciencia y Educación Superior, Mulu Nega, como jefe del gobierno provisional de la convulsa región.

Pese a la promesa de Abiy de que desbancará al TPLF "en un período relativamente corto de tiempo", lo cierto es que pasan los días, las armas siguen haciendo ruido y la situación humanitaria empeora en Tigray.

MÁS DE 14.500 DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
Más de 14.500 personas han huido de la violencia de la región al vecino Sudán desde que empezó la contienda, informó hoy la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Sudán teme que al menos 100.000 refugiados etíopes crucen a este país "si el ritmo de los enfrentamientos militares no disminuye", confesó este jueves a EFE Abdulá Suleiman, director de la Comisión de Asuntos de Refugiados sudanesa.

El contencioso entre Tigray y el Gobierno federal venía agravándose desde hace meses, con el retraso indefinido de las elecciones generales que se debían celebrar el pasado agosto en Etiopía como punto de inflexión.

Tras la demora de las elecciones por la covid-19, el TPLF celebró el pasado septiembre sus propios comicios parlamentarios, que el Gobierno central tachó de ilegales, de ahí que ahora invoque la necesidad de restablecer en Tigray el "orden constitucional".

Además, desde el 5 de octubre, fecha en la que teóricamente vencía el mandato de Abiy, el gobierno de Tigray no reconoce autoridad alguna del Ejecutivo federal.

Abiy ha impulsado importantes reformas en Etiopía, segundo país más poblado de África con unos 109 millones de habitantes, como la amnistía a miles de presos políticos, la legalización de partidos opositores y el compromiso de celebrar elecciones democráticas.

Sin embargo, el gobernante también ha soportado críticas por no resolver algunos problemas perentorios, como las tensiones étnicas que han provocado recurrentes olas de violencia en el marco de un sistema federal basado en las etnias que conviven en el país.

Durante casi tres décadas, el TPLF lideró la coalición étnica que conformaba el gobernante Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF) hasta la llegada al poder en 2018 de Abiy, un joven político que tiene hoy 44 años de origen ahmárico y oromo.

Abiy forzó la dimisión de muchos altos cargos tigriñas y comenzó un intento de extirpar el etnicismo de la política reformando el EPRDF en el Partido de la Prosperidad (PP), con el que busca postularse a las elecciones y del que se desvinculó el TPLF.