Fuentes oficiales confirmaron que el Ministerio Público interpuso la querella, que es independiente de las diligencias de tipo penal que se instruyen en el Tribunal Supremo contra los principales dirigentes independentistas.
La acusación sostiene que esa cifra es el monto que se utilizó el año pasado para impulsar el proceso secesionista, que incluyó un referéndum (no reconocido por el Estado español) el 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia el día 27 de ese mes.
La demanda es resultado de una indagación realizada por la Fiscalía a las cuentas del gobierno catalán, a petición del Ministerio de Hacienda que el año pasado reclamó esas diligencias.
Además de Puigdemont, en el escrito de la Fiscalía también figuran como querellados todos los demás integrantes del gobierno catalán en ese momento, hasta un total de 17 personas.
Tras este paso, el Tribunal de Cuentas iniciarás la instrucción propia que podría derivar en sentencia a lo largo del 2019.