Buenos Aires, 8 Abr (Notimex).- El gobierno de Argentina acudirá a la sesión especial sobre narcotráfico en la Organización de las Naciones Unidas con un criticado decreto de emergencia, pero sin propuestas que enfrenten dicho problema de manera novedosa y efectiva.
La Asamblea General de la ONU sesionará del 19 al 21 de abril en Nueva York con la presencia de jefes de Estado que debatirán nuevas políticas sobre drogas, en un momento en el que se discute a nivel global el fracaso de la guerra contra el narcotráfico.
El encuentro se realizará en medio de una amplia expectativa, ya que en los últimos años varios países han promovido estrategias alternativas en la región, con Uruguay como el caso más radical, ya que reguló la producción, consumo y venta de mariguana.
Chile y Colombia ya aprobaron su uso medicinal, mientras Bolivia, uno de los principales países productores de hoja de coca, logró erradicar en niveles récord los cultivos ilegales de la planta, pero sin arrasar campos ni empobrecer a los cocaleros, como ocurría en el pasado.
En Argentina, organizaciones civiles reactivaron en marzo pasado en el Congreso la propuesta para legalizar el uso medicinal de la mariguana, pero la propuesta aún no se ha debatido en comisiones, lo que anticipa un proceso largo y complejo que coloca al país a la retaguardia en la región.
El presidente Mauricio Macri, en cambio, optó por decretar en enero pasado una “emergencia de seguridad” que regirá durante un año y que fue cuestionada por múltiples organizaciones que consideran que replica fórmulas peligrosas y fracasadas.
En su decreto, el gobierno adjudica al narcotráfico los problemas relacionados con el delito y la violencia para justificar un estado de emergencia con medidas excepcionales, pero sin haber hecho diagnósticos serios de manera previa.
Además, promueve la militarización del combate al narcotráfico, lo que sólo incrementa los niveles de violencia y las violaciones a los derechos humanos.
El decreto vigente no reconoce las principales deficiencias del sistema de seguridad, como la falta de profesionalización y de reforma de las fuerzas policiales, ni la degradación de los sistemas penitenciarios y las deplorables condiciones de detención.
El grupo Acuerdo de Seguridad Democrática y Convergencia, integrado por respetadas personalidades académicas y políticas de Argentina, advirtió que la “emergencia de seguridad” es “una estrategia unilateral e ineficaz que tiene más de impacto comunicacional que de política consensuada”.
La Asamblea General de la ONU sesionará del 19 al 21 de abril en Nueva York con la presencia de jefes de Estado que debatirán nuevas políticas sobre drogas, en un momento en el que se discute a nivel global el fracaso de la guerra contra el narcotráfico.
El encuentro se realizará en medio de una amplia expectativa, ya que en los últimos años varios países han promovido estrategias alternativas en la región, con Uruguay como el caso más radical, ya que reguló la producción, consumo y venta de mariguana.
Chile y Colombia ya aprobaron su uso medicinal, mientras Bolivia, uno de los principales países productores de hoja de coca, logró erradicar en niveles récord los cultivos ilegales de la planta, pero sin arrasar campos ni empobrecer a los cocaleros, como ocurría en el pasado.
En Argentina, organizaciones civiles reactivaron en marzo pasado en el Congreso la propuesta para legalizar el uso medicinal de la mariguana, pero la propuesta aún no se ha debatido en comisiones, lo que anticipa un proceso largo y complejo que coloca al país a la retaguardia en la región.
El presidente Mauricio Macri, en cambio, optó por decretar en enero pasado una “emergencia de seguridad” que regirá durante un año y que fue cuestionada por múltiples organizaciones que consideran que replica fórmulas peligrosas y fracasadas.
En su decreto, el gobierno adjudica al narcotráfico los problemas relacionados con el delito y la violencia para justificar un estado de emergencia con medidas excepcionales, pero sin haber hecho diagnósticos serios de manera previa.
Además, promueve la militarización del combate al narcotráfico, lo que sólo incrementa los niveles de violencia y las violaciones a los derechos humanos.
El decreto vigente no reconoce las principales deficiencias del sistema de seguridad, como la falta de profesionalización y de reforma de las fuerzas policiales, ni la degradación de los sistemas penitenciarios y las deplorables condiciones de detención.
El grupo Acuerdo de Seguridad Democrática y Convergencia, integrado por respetadas personalidades académicas y políticas de Argentina, advirtió que la “emergencia de seguridad” es “una estrategia unilateral e ineficaz que tiene más de impacto comunicacional que de política consensuada”.
