Ciudad de México, junio (SEMlac).- (Imagen Ilustrativa/depositphotos) El acceso a un aborto seguro en México tiene grandes obstáculos, el más inquietante es que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que ahora concentrará todos los servicios médicos en México, no acepta interrumpir un embarazo desde hace 16 años, en las entidades donde el aborto es legal hasta las 12 semanas de la concepción y por decisión simple de una mujer.
Así lo dijeron Francisco Cué Martínez, Oficial de incidencia, y Brenda Rodríguez Ramírez, responsable de comunicación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), durante la 32 sesión del Consejo Editorial con Perspectiva de Género de la Organización Editorial Mexicana OEM y para sus 37 diarios.
Explicaron que, donde se legisló --en la tercera parte del país--, con el tránsito de servicios médicos de lo local a lo nacional --al desaparecer primero el Seguro Popular y luego el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI)--, el IMSS bienestar ¿qué hará? Por ahora opera en cinco de las 11 entidades donde el aborto se despenalizó, lo que pone en riesgo los tímidos avances en servicios de aborto seguro.
El IMSS argumenta que "no están obligados" y a regañadientes admitió la Norma 046 y esta actitud la ha mantenido por más de tres lustros, desde la legalización del aborto en la Ciudad de México.
Lanzó un protocolo, dijo Cué Martínez, que manda a las víctimas a los servicios jurídicos de cada clínica; tiene disposiciones internas que cumplir, notablemente ilegales; también viola la Ley General de Víctimas. Con esa actitud, le está diciendo a su personal "violen la ley".
La pregunta es entonces ¿qué pasará?, ahora que la decisión no estará en los gobiernos estatales, donde sus congresos despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas.
El IMSS, como otros cientos de hospitales, desde 2005 tampoco ha cumplido, como exigencia nacional, con la Norma 046, que obliga a todos los hospitales a interrumpir un embarazo cuando la niña o la mujer han sido víctimas de violación sexual de la que resulta un embarazo. Lo admitió hasta el año pasado, pero en enero de 2023 expidió reglas para realizar el aborto por violencia sexual, con reglas --ataja con toda claridad Cué Martínez-- de un protocolo o formato que viola la constitucionalidad del derecho; se limita el acceso al aborto.
Se podría decir que el IMSS "viola la ley" y contraviene también lo que borró de la ley la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo relativo a la objeción de conciencia --desde septiembre de 2021--, donde la falta es del Congreso de la Unión y se mantiene en el IMSS.
SEMlac pudo precisar que, para cumplir la 046, en el IMSS hubo una discusión de siete años y, finalmente, dijo sí; pero con "tiento", debido, se informó, a que los médicos objetan realizarlo ante el temor de ser acusados de delito por realizar una interrupción; porque internamente hay "muchas resistencias".
Obstáculos adicionales y recurrentes
Las sesiones del Consejo de Género en la OEM permiten al periodista instruirse sobre asuntos de género, la condición social de las mujeres y los cambios legislativos positivos. Esta vez, conducido por el periodista Alejandro Jiménez, la preguntas eran: ¿ya está despenalizado el aborto en 11 entidades?, ¿y qué sigue?, ¿cómo se implementa?, ¿cuántas mujeres han hecho uso de este derecho? ¿Hay obstáculos?
Los expertos señalaron que hay que saber que, en México, en prácticamente todo el país, el aborto es todavía un delito, debido a que no es suficiente su permisibilidad hasta las 12 semanas de la gestación. Además, en los Estados de Quintana Roo, Coahuila, Guerrero y Veracruz, no se modificaron las leyes de salud; es decir, en esas entidades no hay lineamientos para ofrecer el servicio, que debiera ser un servicio básico de salud.
El tema del aborto sigue siendo, además, un tema que polariza, todavía. Pero se puede afirmar que en México no ha terminado la criminalización del aborto. El Congreso de la Unión es omiso y no ha reformado la Ley General de Salud, encima de lo intrincado del cambio en el sistema de salud. Aunque hay un dictamen para reformar la ley nacional de salud --materia federal--, éste no ha llegado a la asamblea y está archivado.
En donde el aborto es legal, los encargados de salud no hacen campañas de información, cuando es su obligación. Lo hacen las organizaciones civiles o de mujeres, con impacto limitado. Además, las entidades no transparentan la información, sólo lo hace la Ciudad de México desde 2007 y, mientras en la capital del país hay un listado de hasta 23 hospitales que tienen el servicio, en otras entidades, como por ejemplo Oaxaca, donde se despenalizó en 2019, sólo un hospital daba el servicio, que es el Hospital General "Dr. Aurelio Valdivieso", en la capital, aunque hay más de 500 municipios.
Destacaron que todavía hay denuncias por aborto que, actualmente, son desechadas por el sistema judicial. Sin embargo, es interesante saber que la mayoría de estas denuncias, a veces con carpetas de investigación, suceden en la Ciudad de México. Por ello señalaron que no ha terminado la criminalización y llamaron a la OEM a participar en lo que se llama despenalización social del aborto, abandonando información amarillista o que solamente reafirma el papel tradicional de las mujeres.
Destacaron que el tema legal es complejo y muy diverso. Por ejemplo, en Guerrero se eliminó por completo el aborto como un delito, lo que abona, porque no hay posibilidad de presentar una denuncia. Esto es de gran importancia, porque hoy la campaña social es sacar el aborto, en definitiva, del código penal
Las despenalizaciones que permiten el aborto legal por decisión de la mujer hasta las 12 semanas de gestación, a octubre de 2022, se ubican en los siguientes Estados: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Coahuila, Colima, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo; en Sinaloa, hasta las 13 semanas.
Pero dijeron que hay desafíos. Sólo al despenalizarse en la Ciudad de México, en 2007, se desarrolló una política declarada para diferenciarse de la política pública nacional y se tomaron medidas. "No se sabe si era una estrategia política o no", pero al día siguiente las instituciones de salud estaban listas para atender de forma inmediata, con material y medicamentos, capacitación, personal asignado, con rutas de trabajo y, en algún momento, hubo 26 clínicas a donde se podía acudir al servicio. Pero todas a cargo de la Secretaría de Salud de la ciudad, no del IMSS.
Cuando sucede en Oaxaca, en octubre 2019, y se exigen servicios, sólo un hospital lo dio. Un solo hospital es solo notablemente insuficiente. Ahí, en Gire, "nos dimos cuenta de que el aborto sigue siendo un delito y, al no haber servicio, este es un obstáculo principal, una barrera para el aborto seguro".
Es claro que, en las entidades donde se ha despenalizado, no se comprende. No es replicable lo sucedido en la Ciudad de México, no hay forma de mirar las dimensiones de este problema. En Hidalgo y Veracruz, inmediatamente, se hicieron lineamientos, se promovieron personas responsables y con capacidades para garantizar el servicio. Hoy no se sabe, porque en Oaxaca e Hidalgo el cambio legal se hizo en plena pandemia, cuando se declaró la crisis sanitaria y, no obstante que las autoridades declararon que los servicios de salud reproductiva eran prioritarios, en realidad no fue así.
O sea, en otras entidades no están haciendo lo más mínimo y el tema no resuelto de la objeción de conciencia genera retos, dudas, hay implicaciones complejas y faltan estadísticas. No hay transparencia informativa.
En Baja California, como apuntó el periodista Erik Ávalos en la sesión, no hay campañas, no se habla de que el aborto es un problema de salud pública.
En resumen, las expertas de Gire en los 11 Estados han identificado, al menos, cuatro barreras que los periodistas debieran investigar. Las mujeres puedan acceder si así lo desean, pero enfrentan barreras: no hay dinero para el servicio, no hay medicamentos, no hay personal calificado, en muchas entidades hay total desinterés de las autoridades y falta de información. Porque las mujeres no tienen la información, no saben si es legal o no, ni cuántas son las semanas permitidas para la interrupción. Muchas instituciones tratan de hacer su trabajo, hacen campañas, pero muy limitadas. No hay datos de acceso. Gire tiene, pero muy marginales, solicitados a los órganos de transparencia.
La historia
Entre otras muchas cosas, las expertas de Gire contaron al consejo --sin dar nombres-- que en los últimos meses, en una reunión de médicas de Baja California --donde se reformó la ley de salud y se reconoció la atención al aborto como servicio básico de salud--, se supo que en realidad a estas médicas no se les proporciona material; no hay horarios, ni personal; no tienen instalaciones. Asignaron a una responsable, pero está solita, "como diciéndole, desarrolla el programa de aborto seguro pero apáñate tu sola, porque no hay medicamentos, instrumental, ni nada".
Es Baja California, dijeron, donde se han detectado los mayores obstáculos. "Parece casi una decisión de autoridades que no se presten los servicios de aborto seguro" y es el Estado el responsable, el que no les puede transferir esa obligación a las organizaciones.
El escándalo es el IMSS
Las invitadas al Consejo reiteraron que en el IMSS, pero también el ISSSTE desde 2007, se niegan a prestar el servicio de aborto, aunque lo despenalicen los Estados. Nada; no lo hicieron cuando gobernó Felipe Calderón, ni con Peña Nieto. Al día de hoy el IMSS sigue en esta actitud, ahora sólo "atienden" a las víctimas de violencia sexual.
Aborto en casa y cambio en los medios
Explicaron que el auto aborto con medicamento es absolutamente seguro, más barato y sencillo. El Misoprostol está autorizado, se puede comprar en las farmacias, ero de esto no se informa. De ahí la importancia de la intervención periodística, expusieron como un ejemplo.
Para Brenda Rodríguez Ramírez, se han visto cambios en la narrativa de los medios desde que, en 2007, se despenalizó el aborto en la CDMX. Hay notas sin juicios de valor, no se usa ya la palabra clandestino, se comprende cada vez más que no hay que preguntar sobre las razones de una mujer para tomar la decisión y por fin desaparecieron las imágenes que aparecían con información. Se ponía una foto de una mujer con un embarazo de nueve meses; simbólicamente era muy fuerte, porque el feto aparecía como persona.
El cambio fundamental en los medios es el lenguaje y en las imágenes ha sido muy útil el pañuelo verde. Pero, sin decirlo Rodríguez Ramírez propuso no empelar títulos amarillos; hablar de mujeres y no de madres; terminar con la tendencia a estereotipar, como decir mujer con vida sexual activa -como si fuera un pecado. Eso, insistió, ha ido cambiando.
Hay cosas en las cuales insistir. En lugar de la palabra clandestino, hablar de abortos seguros y abortos inseguros, porque lo que queremos es que las mujeres que así lo decidan tengan esa posibilidad de acceder a un aborto seguro; dejar claro que el Estado es el responsable de que las mujeres tengan información; que puedan hacerlo en sus casas, porque es su decisión.
El cambio de narrativa ayudará a la despenalización social del aborto. Hablar de otra manera; dejar claro que ya no es la última opción -como víctimas-, porque muchas mujeres tienen en el aborto la primera opción. "Abortamos porque así lo decidimos, hay muchas razones", hay que cambiar la narrativa, "no nos debe importar por qué aborta, no reportear las razones, y hablar de cuántas son las barreras", agregó.
Hay otros ejemplos. Ya pasó el tiempo de buscar justificaciones para que alguien se practique un aborto. Hay que buscar las responsabilidades de las autoridades, indagar dónde tienen voluntad o en las rutas de acceso, porque la lucha sigue. Faltan en el país dos tercios de los Estados donde sigue siendo un delito, donde el aborto es ilegal.