México, mayo (SEMlac).- (Imagen Ilustrativa/depositphotos) En el 16 aniversario de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México y cuando suman ya 11 entidades federativas que han despenalizado el aborto, 19 organizaciones, entre ellas GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), decidieron llevar adelante un Movimiento por el Aborto para exigir a la autoridades de salud el acceso a servicios de aborto seguros, libres de discriminación y tender puentes para un trabajo colaborativo con el gobierno.
Desde abril de 2007 hasta el 31 de marzo de 2023 han accedido a un aborto seguro 260.836 personas en la ciudad de México.
En el resto de los Estados, de acuerdo con información requerida por GIRE a la Secretaría de Salud mediante solicitudes de acceso a la información, desde la fecha de despenalización hasta el 31 de enero de 2023 el número de mujeres que han accedido a un aborto son: en Oaxaca 543; en Hidalgo 1.198; Veracruz, 369; Baja California, 362; Colima, 281; Sinaloa, 384; Guerrero, 1.426; Baja California Sur, 140; Coahuila, 927 y Quintana Roo, siete.
Sin embargo, existen diversas barreras para acceder a los servicios de salud pública, cuando los hay: desde falta de presupuesto, medicamentos, personal capacitado y falta de información, hasta un imperante estigma contra las mujeres que así lo requieren.
En la Ciudad de México, el 26 de abril de 2007 se publicó el decreto por el cual se aprobó en el Código Penal y la Ley de Salud para despenalizar y establecer como legal la interrupción del embarazo (ILE), por cualquier causa, antes de la semana 12 de gestación.
Al día siguiente de entrar en vigor en los hospitales de salud pública, de acuerdo con datos del gobierno capitalino, 70 por ciento de los abortos atendidos han sido a residentes en la Ciudad de México, 20 por ciento a residentes de otras entidades del país, principalmente Estado de México, y menos de 10 por ciento de origen extranjero o migrante.
A un año de la despenalización del aborto en el Estado de Guerrero, según Janiseli Renata González Moreno, de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, la despenalización del aborto aprobada el 17 de mayo de 2022 por el Congreso del Estado de Guerrero significó un paso significativo hacia la justicia social y la autonomía corporal, pero se está muy lejos de garantizar dicho derecho.
A las desigualdades sociales, sobre todo en las mujeres indígenas, se suman violencias como las uniones forzadas y el abuso sexual, lo que resulta en embarazos infantiles y adolescentes que aumentan los riesgos de muertes maternas y colocan a este Estado en el lugar seis de esta causa de muerte.
Falta difusión acerca de que el aborto ya no es un delito, hay escasa información de hospitales públicos donde dan el servicio, lo que puede orillarlas a alternativas inseguras.
El uso de métodos desfasados, como el legrado, implica mayor riesgo e invasión para las mujeres, en lugar de optar por prácticas más seguras y recomendadas, como el aborto con medicamentos o el aspirado manual endouterino (AMEU). Además, se registran procesos médicos equivocados: a más semanas dan medicamento y a menos semanas realizan legrados; pese a que se han dado capacitaciones, estas no llegan al personal que brinda la atención.
Aunado a ello, está la estigmatización social, incluso por personal de salud que trata mal a quienes requieren el servicio. También falta información, pues las mujeres no saben si el aborto está despenalizado en su Estado.
Estas situaciones se replican en cada Estado. La investigación de las organizaciones indica que en Oaxaca los hospitales públicos de la región mixteca no practican abortos seguros y gratuitos y en Veracruz se ha detectado que carecen de personal capacitado para realizarlos.
En Coahuila, el Programa Aborto Seguro no está dando servicio desde noviembre de 2022 y no tienen presupuesto ni fecha. Además, en el Hospital General de la capital se ha negado el servicio de aborto bajo el pretexto de que se enviará el caso para su análisis ante el Comité de Ética.
En Baja California hay problemas de difusión de información en el personal de salud. En Sinaloa, el Programa Aborto Seguro carece de presupuesto, no cuenta con médicos ni tiene medicamentos. En Guerrero quieren cobrar los servicios.
Otro grave problema es la disponibilidad de medicamentos para abortos seguros. Hasta marzo del 2022 había una clara diferencia entre la cantidad de mifepristona y de misoprostol por Estados; a nivel federal y en algunas entidades se reportó no tener mifepristona, como en Baja California, Baja California Sur, Colima, Oaxaca y Sinaloa.
Esto es importante porque, si bien puede haber procesos de aborto en los que se use únicamente el misoprostol, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda emplear ambos para una mayor efectividad en el procedimiento. Hidalgo y Quintana Roo refirieron no tener información al respecto.
La organización del Movimiento por Acceso al Aborto, junto con las integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, ya tuvo un acercamiento con la Secretaría de Salud, a la que manifestaron su preocupación e hicieron propuestas para mejorar el servicio de aborto seguro en el Estado.
¿Cómo implementar servicios de acceso al aborto seguro en hospitales y clínicas en las regiones de difícil acceso como la Montaña, Costa Chica, Norte, Tierra Caliente, y Costa Grande?
Desarrollar protocolos adecuados y adaptados a cada contexto para la atención del aborto desde el primer filtro, en clínicas y hospitales. Estos protocolos deben ir de la mano con la identificación y abordaje de casos de uniones forzadas infantiles, abuso sexual y prevención de muerte materna en menores.
Transparencia en el presupuesto destinado al seguimiento de los servicios de aborto y el suministro de medicamentos. Establecimiento de buzones de solicitud en todos los hospitales y centros de salud de Guerrero, como una forma discreta de comunicación para acceder a información y servicios relacionados con la interrupción del embarazo.
Capacitación del personal de salud en la ética pública y laica en la prestación de servicios de aborto, desde una perspectiva ética, católica y feminista.
Firma de un Memorándum de Entendimiento entre todas las instituciones de salud del Estado, para establecer una ruta clara para las solicitantes de aborto y asegurar una respuesta adecuada por parte del sistema de atención médica.
El movimiento está conformado por Siemprevivas Red de Acompañamiento Autónomo (Baja California); Las Borders (Baja California); Red Tú Decides (Baja California Sur); Acompañantes Laguna (Coahuila); Red Aborto Seguro Saltillo (Coahuila); Colectiva Decide (Colima); Colectiva e-Le Be (Colima); Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres (Guerrero); Observatorio de Violencias contra las Mujeres Guerrero (Guerrero); Di Ramona (Hidalgo); ILE Hidalgo (Hidalgo); Siempreviva Oaxaca (Oaxaca); Red Oaxaqueña de Mujeres Indígenas Trenzando Saberes (Oaxaca); REDefine Quintana Roo (Quintana Roo); No se Metan con Nuestras Hijas (Sinaloa); Las Cuidanderas (Sinaloa); REDefine Veracruz (Veracruz); Marea Verde Totonacapan (Veracruz) y GIRE (CDMX).