En la sesión del pasado 28 de diciembre la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso capitalino, la diputada Paula Soto Maldonado, explicó que la reforma al Artículo 49 de la Ley de Salud era para promover acciones de respecto de la atención de la salud materno-infantil.
La reforma hace obligatorio que toda mujer tenga derecho a estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y post parto, incluido el procedimiento de cesárea.
En tribuna, la legisladora resaltó que también se adiciona al Artículo 50 las fracciones V y VI de la Ley, a fin de que se realicen acciones para informar a las mujeres embarazadas, acerca del derecho a hacerse acompañar en instituciones de salud públicas y privadas.
El objetivo, dijo, es fomentar una atención humanizada a las mujeres embarazadas, sin violencia ni discriminación, con un enfoque de Derechos Humanos durante el periodo de gestación, el parto y el puerperio.
La diputada Soto Maldonado puntualizó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidado en salud, mismo que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo, sin violencia ni discriminación.
IGUALDAD SALARIAL
En la misma sesión el Congreso aprobó modificar el artículo 9 Bis de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para que las autoridades logren reducir la brecha salarial y alcanzar su empoderamiento de las capitalinas, “ya que tenemos claro que para disminuir la violencia y la discriminación habremos de transitar hacia su autonomía económica”.
La diputada Paula Soto aseguró que las mujeres que se insertan en el mercado laboral lo hacen en condiciones desfavorables, a lo cual se suma la carga de trabajo de cuidado y del hogar que no es remunerado, lo que provoca que busquen empleos más flexibles –muchas de ellas interrumpiendo sus aspiraciones profesionales— lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad.
En tribuna, la legisladora sostuvo que 57.2 por ciento de las mujeres que trabaja lo hacen en el mercado informal, lo que implica una escasa o nula protección social. Además, puntualizó, la proporción de mujeres que estudia o se incorpora en el ámbito de la ciencia o tecnología, es inferior al número de hombres, de igual manera que los puestos de alta dirección son ocupados en su mayoría por varones.
Refirió que los avances en el acceso a la educación de las mujeres no se han traducido en una mejora comparable en la posición laboral, muestra de ello es que en México se encuentra aún por debajo de América Latina y el Caribe en materia de participación laboral de las mujeres.
Aunado a esta situación, en México, los hombres ganan 34 por ciento más que las mujeres por el mismo trabajo, aun cuando el empleo y la educación son similares, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pese a que las mujeres contribuyen con 23.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)nacional.
La diputada afirmó que necesario fortalecer la autonomía económica de la mujer como una condición fundamental para alcanzar su empoderamiento, disminuir la violencia y la discriminación, para conseguir una “ciudad con nosotras y para nosotras”.