Este mecanismo, advierten, sería un riesgo a la seguridad de las víctimas, quienes podrían recibir represalias por parte de los agresores. Además, la propuesta de crear este registro, presentada en diciembre de 2019 por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, también se podría convertir en un mecanismo para violar Derechos Humanos de las personas sentenciadas, como su derecho a la reinserción social y a la privacidad de sus datos.
La propuesta
El 2 de diciembre de 2019, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. entregó al Congreso capitalino una iniciativa para crear la “Ley de Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México”, la cual está pendiente de aprobación.
Según el proyecto, publicitar la identidad de los agresores podría prevenir la violencia sexual contra la infancia y adolescencia; facilitar la investigación e identificación de los autores de estos delitos; y servir como medida disuasiva para la comisión o repetición de estos crímenes.
La propuesta de Sheinbaum fue para responder, junto con la emisión de la Alerta de Violencia de Género (AVG), al estallido de protestas protagonizadas por las capitalinas durante 2019 tras la difusión de presuntos casos de violaciones sexuales cometidas por policías.
Más allá de esos casos, datos oficiales revelan que sólo en 2019 la Procuraduría de Justicia abrió hasta el mes de noviembre 888 carpetas de investigación por el delito de violación; 3 mil 407 por abuso sexual; y 763 por acoso sexual. Estas cifras podrían ser subestimaciones debido al subregistro que alcanzan los casos de violencia sexual por la falta de denuncias.
¿Es la medida correcta?
Integrantes de organizaciones debaten sobre la efectividad de dar a conocer a la sociedad quiénes son los agresores sexuales.
Por ejemplo, la oficial del área de Políticas Públicas en la organización Equis: Justicia para las Mujeres, Mariana López, reflexionó en entrevista para Cimacnoticias que los esfuerzos del gobierno capitalino deberían enfocarse en “evaluar por qué las mujeres no acuden o utilizan medios institucionales de denuncia, y garantizar investigaciones con debida diligencia”.
López también explicó que este proyecto de ley en principio supone problemas, ya que una vez que una persona es sentenciada por una autoridad judicial, no puede existir una sanción adicional por los mismos hechos, que, en este caso, representaría estar inscritos en el registro público.
De acuerdo con la abogada, la propuesta también podría significar violaciones a otros Derechos Humanos, como son la reinserción social y la protección de datos, ya que pretende que cualquier persona pueda conocer, a través de un sitio en Internet, la fotografía del agresor, nombre, edad, alias, nacionalidad y delitos sexuales por los que fue condenado.
Además, el Ministerio Público accedería a otros detalles de los sentenciados: señas particulares, ficha signaléctica –identificación con datos personales de la persona-, breve descripción del o los delitos por los cuales fue sentenciado, otros delitos por lo que haya sido sentenciado y su perfil genético.
Este último dato se obtendría del Banco de ADN para uso Forense de la Ciudad de México, otra propuesta que formuló la gobernadora de la capital y aprobó el Congreso el 15 de diciembre de 2019.
Sobre para qué fines o cómo podría ser utilizada dicha información, es prácticamente indefino, ya que cualquier persona podría tener acceso a ella. No obstante, la experta en política pública advirtió que este mecanismo podría ser incluso contraproducente para las propias víctimas, tanto en términos de privacidad como en términos de represalias que pudieran enfrentar por parte de los sentenciados.
“No se está teniendo en cuenta a las víctimas involucradas en los delitos, es decir, no se les está preguntando qué repercusiones podría tener la publicación de esas sentencias”, señaló la experta.
La integrante de Equis Justicia también aseveró que la iniciativa gubernamental no tiene como centro de interés la protección de las mujeres y de las víctimas de violencia sexual; por el contrario, se encamina al castigo de las personas sentencias que, por otro lado, representan una minoría, especialmente cuando las agresiones sexuales ocurren en el contexto de las viviendas, por personas cercanas o conocidas a las víctimas.
En estos casos, el número de denuncias son mínimas y menores aún con el número de investigaciones y los casos que llegan a instancias de impartición de justicia.
Mariana López también observó que no existen evidencias reales de la efectividad de los registros de agresores sexuales que se han implementado en otros países y en los que se dice basar esta propuesta para responder a las comprensibles inquietudes de las capitalinas sobre la violencia en su contra.
Impunidad, el problema de fondo
La propuesta de Sheinbaum encuentra su principal antecedente en Estados Unidos, donde existe el Registro Nacional de Agresores Sexuales (NSOPW, por sus siglas en inglés). Basta con entrar al sitio web de esta base de datos, introducir nombre, dirección o código postal de una persona, para conocer si fue condenado por algún delito sexual, o bien, saber su actual residencia. Los datos permanecen públicos incluso cuando hayan cumplido con su condena.
Sobre el registro estadounidense en 2013. un estudio de la organización Human Rights Watch, advertía que no tiene algún efecto sobre la incidencia de delitos sexuales, en parte porque el enfoque de la política pública debería estar en, primero, prevenir que ocurra el delito.
Otros registros en los que se inspira la propuesta de la gobernadora de la Ciudad de México es la Ley de registro de información de los ofensores sexuales de Canadá. No obstante, en este caso el acceso a su información está restringida únicamente a la policía canadiense para proporcionarles información que les ayude en investigaciones.
En este sentido, la coordinadora jurídica de la organización civil AsiLegal, Layla Almaraz Olivares, y la coordinadora del área internacional, Verónica Garzón Bonetti, coincidieron en entrevista que las y los legisladores de la urbe deben discutir la publicidad del registro. Por su parte, las expertas proponen acotarlo para el uso de investigaciones policiales.
Para las integrantes de AsiLegal, el fondo a resolver es la impunidad y la falta de efectividad de los procesos de procuración e impartición de justicia en los casos no sólo de violencia sexual, sino el conjunto de violencias que atraviesan las mujeres y niñas en la Ciudad de México.
“Si tuviéramos instituciones fortalecidas, Ministerios Públicos diligentes, no tendríamos que estarnos quebrando la cabeza en medios paliativos que realmente no atacan la estructura de la violencia y las causas de la violencia contra las mujeres. Que, si bien una de sus materializaciones más comunes es la violencia sexual, hay muchísimas otras causas y muchísimos otros orígenes que no estaríamos atacando con esta ley”, sentenció Verónica Garzón.
Por ahora, la iniciativa de la Claudia Sheinbaum ha sido tomada como ejemplo por el senador Noé Fernando Castañón Ramírez, del partido Movimiento Ciudadano, quien propuso el pasado 3 de enero diversas adiciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para crear el Registro Nacional de Agresores Sexuales.