En días recientes, Querétaro ha sido escenario de preocupantes agresiones e intimidaciones a reporteros por parte de elementos de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía del Estado, encabezadas por Iován Elías Pérez y Alejandro Echeverría Cornejo, respectivamente.
Estos incidentes, ocurridos durante la cobertura de eventos públicos como manifestaciones y persecuciones policiales, han merecido la condena de colegas del gremio periodístico y han resonado hasta en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación federal.
Los intentos de silenciar a la prensa, ya sea mediante advertencias veladas o acciones directas, representan un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información de la ciudadanía.
En el caso más reciente en San Juan del Río, reporteros que cubrían una persecución policial fueron confrontados por agentes armados, quienes, bajo la premisa de una advertencia por seguridad, emitieron amenazas veladas.
Estos hechos no solo reflejan un claro desconocimiento de los derechos de los periodistas por parte de las fuerzas de seguridad, sino que también plantean serias preguntas sobre la cultura y la formación de estas instituciones en cuanto al respeto por la labor periodística.
El comportamiento de los agentes, equiparable al de los criminales que pretenden combatir, no solo es inaceptable, sino que además erosiona la confianza de la ciudadanía en sus cuerpos de seguridad.
Es imperativo que el Estado de Querétaro aborde estos problemas con seriedad y urgencia. No se puede permitir que Querétaro se sume a las alarmantes estadísticas de agresiones a periodistas que ya aquejan a otros estados de México.
La libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática y debe ser defendida y protegida a toda costa. Las autoridades estatales deben tomar medidas concretas para garantizar la seguridad de los periodistas y asegurar que puedan realizar su labor sin temor a represalias o violencia.