Atrás quedaron aquellos confiados e ingenuos seres que, en cada invitación, en cada reunión, ceremonia o fecha crítica, veían la posibilidad de que al fin sus pequeños fueran honrados con el acceso a la justicia.
Se nota en sus gestos, en su semblante, en sus palabras, en su impaciencia por que quien los cite para el “seguimiento” al caso, les diga para qué les convocó.
De aquellos disciplinados padres que se quedaban sentados frente a la autoridad para escuchar hasta su última palabra, o su más reciente oferta, no queda nada.
Y es que en diez años han conocido a tres presidentes de la República, todos emanados de distintos partidos políticos. Alguna voz disidente se atrevió a gritarle a un presidente y fue criticada, porque la mayoría siempre conservaba la esperanza en los gobiernos.
Los tres presidentes han hablado con ellos, los han reunido, les han enviado comisiones de avanzadas para prepararlos para su presencia y buscar que el encuentro sea lo más terso posible.
Pero los padres ya no son los mismos. Ahora tienen los ojos abiertos. Sus oídos ya no escuchan solo lo que quieren, sino lo que realmente se está exponiendo.
Más aún, ahora lo analizan, no confían ciegamente en sus abogados, que siempre fueron quienes guiaron los encuentros con las autoridades indicándoles lo que tenían qué hacer, qué decir.
Ahora saben hasta dónde la participación de sus representantes jurídicos es benéfica y en qué parte son ellos mismos quienes deben actuar e incidir.
Y no es que estuvieran hechos con un molde, pues siempre hubo manifestaciones de inconformidad por algunas madres y padres, pero lo usual y general era que aceptaran las reglas de los presidentes en cuanto a modo y forma para los encuentros.
El próximo lunes 2 de septiembre se reunirán por primera vez en Hermosillo con el presidente López Obrador. Como preámbulo, este jueves tendrían una reunión con Alejandro Encinas y el director del IMSS, entre otros.
Pero Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, no acudió al encuentro que tendrían en Hermosillo, aunque es el funcionario de más alto nivel que estaría presente.
Un error de tacto que puede costar que los ánimos suban de tono para la reunión entre madres y padres ABC con el presidente de la República el próximo lunes.
El nuevo gobierno federal no evaluó el cambio que han experimentados estas mujeres y hombres que han utilizado el tiempo a su favor y ahora son más conscientes de las violaciones graves a los derechos humanos de que fueron víctimas sus niñas y niños, y ellos mismos.
Esa inasistencia por la razón que sea, más la imposición de una agenda de trabajo, más la ausencia de respuestas a las preguntas demandantes de las y los afectados, provocó que, por segunda ocasión, la primera fue en Palacio Nacional con el propio presidente, un grupo de madres y padres del caso ABC abandonaran la reunión a manera de exigencia de seriedad y demanda de respeto.
Y es que aquellos seres que deambulaban movidos por el dolor, se han transformado en unos activistas con un solo objetivo: Obtener justicia por lo que consideran el asesinato de sus hijas e hijos por el contubernio y corrupción entre los poderes político y económico.
Ese panorama que prevalecía en México relacionado al cuidado infantil, derivó en un desorden generalizado en las estancias infantiles subrogadas del IMSS.
Algunos padres y madres incluso han cursado la carrera de Derecho para prepararse en el seguimiento al cumplimiento a la promesa que hicieron a sus pequeños de no ceder en el intento de justicia por el mayor crimen cometido contra la niñez mexicana.
Las y los afectados han crecido como ciudadanos, como seres empoderados a través de la conciencia sobre sus derechos. Les molesta entre otros, el llamado enfoque “igualitario” que quiere dar el IMSS a todas y todos los afectados. “No sé cómo se pueda igualar una vida que se perdió, a una persona que está lesionada”, reflexiona un padre.
Y es que ellas y ellos ya saben a qué tienen o no derecho. Conocen los alcances de lo que pasó y lo que por derecho les corresponde. Luego entonces no es fácil mantenerlos en una reunión, como niños que siguen al maestro en un aula de clases.
Sus exigencias ahora van como víctimas indirectas, además de como representantes de las víctimas directas, pero también como ciudadanos que exigen sus derechos en todos sentidos.
El nombramiento de Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos, y su comisión para atender el Caso ABC fue un respiro y un hálito de esperanza.
Pero su inasistencia ayer en Hermosillo, vuelve a poner en guardia a quienes alguna vez confiaron en los gobiernos, pero que ahora saben que sólo son un vehículo para obtener la anhelada justicia.
Sus rostros reflejan que están hartos. Sus palabras son contundentes cuando paran los discursos y acciones de imposición. Y aunque algunos consideran que ha habido avances, la mayoría no.
Ya solo quieren respuestas claras, acciones concretas, saben hasta dónde puede actuar el gobierno federal, e identifican las omisiones inmediatamente. Ya no les gusta perder el tiempo, y se nota.
El acercamiento con madres y padres ABC ha sido tardío por parte de la nueva administración del gobierno federal. Y aunque la expectativa era muy alta, pues sería el primer gobierno no involucrado directamente con el negocio de las estancias infantiles, les está quedando a deber.
El gobierno federal no puede per sé impartir justicia, pero sí puede empujar acciones hacia ese objetivo. La estrategia no debería ser la misma que la de los dos gobiernos anteriores, que le apostaron a entretener a las madres y padres afectados con promesas y algunas acciones.
No es el mismo gobierno, las madres y padres ABC tampoco, ahora están hartos de promesas.