Ciudad de México, 13 de noviembre de 2025. — La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) escaló su conflicto con el gobierno de Claudia Sheinbaum tras una jornada de protesta en el Zócalo que terminó en enfrentamientos con policías antimotines.
Cientos de docentes, procedentes de Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México y Zacatecas, llegaron alrededor de las 5 de la madrugada para realizar una manifestación simbólica durante la mañanera de la presidenta.
Lo que comenzó como una acción pacífica derivó en tensión, represión policial con gases irritantes y acusaciones cruzadas sobre el cumplimiento de demandas históricas del magisterio disidente.
La confrontación política que subyace en los hechos es compleja: mientras el gobierno sostiene haber atendido demandas educativas, la CNTE mantiene que nada está resuelto.
El profesor Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de CNTE, fue categórico en su crítica: "La presidenta Claudia Sheinbaum está diciendo nuevamente que han atendido nuestras demandas. Mentira, no es cierto, no nos han atendido, nada está resuelto".
La acusación va más allá del incumplimiento: Hernández equiparó la respuesta gubernamental con "los métodos del antiguo régimen", refiriéndose a la instalación de vallas antimotines, granaderos y lanzamiento de gases en lugar de diálogo.
El núcleo de la disputa permanece intacto tras meses de negociaciones. La CNTE reclama tres demandas fundamentales: abrogación de la Ley ISSSTE 2007, derogación de la Reforma Educativa y ampliación presupuestaria para educación.
El gobierno, según la CNTE, implementó únicamente "parches": redujo la edad de jubilación, pero esa medida beneficia a menos del 15 por ciento de los trabajadores activos.
El 85 por ciento restante permanece en sistemas de cuentas individuales gestionadas por Afores, instituciones que registraron ganancias millonarias mientras los maestros demandan mayor protección previsional.
La ruptura de confianza es evidente. Hernández enfatizó que el gobierno federal debe reanudar "mesas de diálogo", implicando que estas se hayan suspendido o estancado.
Además, defendió la legitimidad de la protesta contra intentos de asociarla con "expresiones conservadoras u oposiciones que no permiten avances", sugiriendo que el gobierno intenta deslegitimar la movilización al vincularla con otros movimientos de rechazo a la administración Sheinbaum.
En el terreno, la escalada fue rápida. Alrededor de las 5 de la mañana, maestros rompieron cercos de seguridad e ingresaron dos vehículos con equipo de sonido en Tacuba y República de Brasil.
Horas después, en la esquina de Correo Mayor y Moneda, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lanzó polvo de extintores y gases que causaron irritación ocular y picazón en garganta.
Policías equipados con escudos antimotines replegaron a los docentes a empujones durante aproximadamente una hora. Algunos maestros resultaron con golpes. El intento de derribar vallas de tres metros de altura fue infructuoso.
Lo que revela este enfrentamiento es la persistencia de una fractura sin resolver entre magisterio disidente y un gobierno que prometió cambios en política educativa. Mientras la CNTE denuncia represión y abandono de negociaciones, el gobierno federal aún no se ha pronunciado públicamente sobre los hechos.
La Secretaría de Gobernación, según Hernández, desconoce que se trataba de "una manifestación pacífica". La brecha entre ambas narrativas es profunda: para la CNTE, hubo represión injusta a maestros sin ser escuchados; para las autoridades —al menos hasta ahora—, parece haber una amenaza a la seguridad que justifica contención policial.
La movilización de 48 horas de la CNTE continúa. Sin mesas de diálogo activas ni señales de apertura gubernamental a las demandas educativas históricas, la tensión política amenaza con prolongarse más allá del Zócalo.
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