La funcionaria estadounidense resaltó la importancia de la educación y la formación jurídica de los operadores del Sistema de Justicia Penal, así como de las nuevas generaciones de abogadas y abogados, para combatir la impunidad mediante procesos más transparentes y que respetan los derechos humanos.
“Los Estados Unidos permanecemos comprometidos en apoyar a México en esta transición histórica hacia un sistema penal más justo”, aseveró en la firma del convenio entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y laAgencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid, por sus siglas en inglés).
La profesionalización en el nuevo Sistema de Justicia Penal, abundó, constituye la promesa de procesos judiciales más justos, que den respuesta a las demandas sociales.
“No se puede asumir que el cambio únicamente se logrará trabajando con los operadores de justicia, sino que es necesario hacer estos ajustes desde las bases, es decir, es necesario inculcar estos cambios en las nuevas generaciones de abogadas y abogados",dijo.
Jacobson resaltó que además de la voluntad de los gobiernos, también se necesita de la aceptación y la participación de la sociedad civil y el sector académico, de ahí que surgiera este convenio.
“Este programa aprovechará la fortaleza académica de las universidades para profesionalizar el capital humano encargado de operar el Sistema de Justicia Penal”, enfatizó.
En tanto, respecto al paso del huracán Harvey por Texas, la embajadora de Estados Unidos en México reconoció que se trata de un momento muy difícil y agradeció la ayuda y solidaridad de los mexicanos para apoyar en las acciones de rescate en Houston.
El convenio entre la ANUIES y la USAID es para la profesionalización de los operadores del Sistema de Justicia Ppenal, el cual se apoya en 15 universidades asociadas que cuentan con el distintivo de idoneidad curricular otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la ANUIES.
La capacitación de 20 meses, que inicia este mes de agosto y concluirá el 31 de marzo de 2019, consiste en desarrollar una oferta académica para profesionalizar a operadores y comunicadores del Sistema de Justicia Penal, a través de cuatro diplomados y una especialidad presencial.
Los diplomados van dirigidos a fiscales, asesores jurídicos, defensores, personas que instrumentan mecanismos alternos de solución de controversias. La especialidad es en materia de acceso a las mujeres a la justicia penal, acceso a las justicia a las víctimas de delito, mecanismo alternos de solución de controversias.
En total se estima la impartición de diplomados para formar a dos mil 660 personas, y 140 docentes especializados.